En la sociedad se invierte, no se gasta

Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina abajo 
firmantes manifestamos nuestra enorme preocupación ante la despiadada 
avanzada del Gobierno nacional, sin precedentes en nuestra historia 
democrática, en contra de las y los trabajadores de todas las áreas, 
empresarios pymes, productores, profesionales, docentes, emprendedores, 
jóvenes, comerciantes, niñas y niños, jubiladas y jubilados, al tiempo que 
alertamos por la feroz carga sobre la institucionalidad de nuestro país y el 
desprecio por el sistema federal que nos rige. 

Desde el gobierno central se siguen promoviendo políticas e instrumentado 
medidas que en dos meses han empeorado inmensamente una situación que 
era muy complicada y que precisaba mesura, conocimientos, experiencia, 
gran responsabilidad y una extrema empatía por las y los argentinos, en 
particular en los sectores más vulnerados por las dificultades no superadas 
en los últimos años. 

En cambio, el método elegido ha sido aumentar las dificultades, privar de 
derechos, alimentar la inflación, desproteger a quienes el Estado debe 
proteger y tomar “venganzas políticas”, como la decisión de no girar a las 
provincias los fondos para complementar los salarios docentes y los 
subsidios para el transporte público de pasajeros, medidas que sufren las 
vecinas y los vecinos y que no tiene lógica ni sentido, más que esa ya 
enunciada e irracional “venganza política” en contra de gobernadores e 
intendentes responsabilizados por no estar de acuerdo con otorgarle a nadie 
la suma del poder público. 

El ataque hacia las familias de nuestras provincias, que se manifiesta en 
muchos aspectos de la vida cotidiana, como señalamos, también amenaza 
seriamente la educación de sus hijos con la decisión de Javier Milei de dejar 
de transferir los importes que corresponden al Fondo del Incentivo Docente 
(FONID). 

El FONID durante enero fue prácticamente el único rubro de las 
transferencias discrecionales a las provincias que siguió devengando 
importes (por el pago de salarios, etc.), pero el Ejecutivo solo transfirió a 
nuestras provincias menos del 1% del importe para el concepto de 
Educación. 

De esa manera, cuando se liquidaron los salarios de enero, los docentes 
hubieran visto en sus recibos de sueldo una disminución de sus ingresos, lo 
que no sucedió porque que los gobiernos provinciales compensaron ese 
adicional. 

Esta es una situación extremadamente grave responsabilidad única del 
presidente de la Nación. 

El FONID tiene 26 años en Argentina. Es un componente del salario en un 
país donde muchas provincias tienen un alto componente de sus 
presupuestos destinados a salarios. 

Es necesaria la presencia del Estado reintegrando por esa vía parte de lo que 
producen las provincias. No puede de un momento para el otro desaparecer. 
Se trata de más de 14.500 millones de pesos por mes. Es una suma 
imposible de compensar mantenida en el tiempo, como claramente se 
advierte, ya que es claro que con nuestros ingresos recortados y con la 
enorme caída de la actividad económica este aporte de las provincias no 
podrá sostenerse en el mediano plazo. 

De persistir esta situación, las provincias no podrán hacerse cargo de estos 
componentes salariales que son exclusiva responsabilidad y obligación del 
Gobierno Nacional y esta situación se está dando en todas las jurisdicciones 
del país, que están siendo sometidas al mismo retraso en la transferencia de 
los complementos salariales docentes por parte del gobierno de Milei. 
Por otra parte, es imprescindible señalar que los gobiernos apoyan los 
servicios de transporte público en todo el mundo con el objetivo de ayudar a 
la población y mejorar el medio ambiente. El impacto social es relevante en 
los países en desarrollo donde la movilidad es sensible a los precios. Los 
sistemas de transporte muy raramente funcionan sin ser subsidiados en un 
porcentaje significativo por el Estado. Es importante definir modalidades de 
asignación de subsidios que combinen la eficiencia fiscal con la equidad 
social y generen, al mismo tiempo, los incentivos necesarios para que los 
operadores provean un servicio adecuado. 

Los subsidios son implementados para hacer más accesible al transporte 
público. Brasil, Canadá, Chile, Alemania, España, Reino Unido, Uruguay y 
Estados Unidos, por citar sólo algunos ejemplos, subsidian la actividad 
haciéndose cargo los estados nacionales de más del 50% de la tarifa. 
En muchos países, como Brasil y Estados Unidos entre los arriba citados, 
hay muchas ciudades en las cuales el transporte público es totalmente 
gratuito. 

En el Reino Unido se han congelado las tarifas hasta 2025 por el alza del costo de vida. 

El respaldo financiero estatal no solo fortalece la infraestructura del transporte, sino que también ofrece un apoyo vital a los trabajadores. Este subsidio marca una diferencia significativa en la vida laboral de miles de personas. 

La reducción de costos en los desplazamientos diarios al trabajo libera recursos económicos para los trabajadores, lo que a su vez mejora su calidad de vida. Además, la confiabilidad y eficiencia del transporte público respaldado por subsidios contribuyen a la puntualidad y la productividad laboral. 

Pero aquí, en nuestro país, con argumentaciones difíciles de sostener con un 
mínimo de seriedad, se decide no hacer lo que en el mundo hacen países 
desarrollados o países en desarrollo. Lo que hacen nuestros vecinos, lo que 
nadie duda que hay que hacer: subsidiar al transporte público. 
Los especialistas concluyen en que el transporte de pasajeros no es rentable 
si se observa toda la ecuación, que incluye mayor cantidad de vehículos, que 
otorgan frecuencias más cortas, y que significan inversión en unidades y 
renovación periódica. 

El costo del pasaje que pagan los usuarios jamás hará rentable a ese 
“negocio”. Valga lo que valga. Por eso, como en todo el mundo se entiende, 
debe estar presente el Estado. 

Ante la decisión del presidente Milei de no devolverles a las provincias los 
recursos que éstas generan frenando transferencias o, como en este caso 
subsidios, la pregunta inevitable es: ¿en dónde piensa colocar los 104 mil 
millones de pesos que está recortando? ¿A qué los piensa dedicar? No a la 
asistencia alimentaria, como estamos viendo que sucede con los comedores 
comunitarios; no a la salud pública, no a la educación pública, no a la 
generación de puestos de trabajo, no a la concreción de obra pública de 
infraestructura. ¿Entonces? Ya hemos visto los resultados de las privatizaciones encaradas en los años 90.  


Ya hemos visto la falta de inversión de las grandes empresas eléctricas en 
períodos en los que tuvieron enormes ganancias y esos dólares salieron del 
país y no se transformaron en inversiones que evitaran que hoy aún haya 
cortes de suministro. 

Hasta aquí, de una u otra manera, los gobiernos nacionales no sólo evitaron 
que la gente pagara tarifas desmesuradas, sino que se aportaron fondos para 
inversiones que los privados no estaban dispuestos a hacer y que si no se 
realizaban significaban una crisis terminal del sistema. 

Con respeto y con firmeza, le pedimos al presidente Milei que deje de tener 
de rehenes a las y los argentinos en sus batallas políticas y que no atente 
contra su calidad de vida como lo está haciendo. 

La Argentina es la suma de las provincias que la componen. Reiteramos este 
concepto que es clave para entender cómo es un país para todos y todas, 
sin centralismos, sin caprichos y con sensibilidad social y responsabilidad 
total.