Empresarios y ciudadanos
En un ambiente político y económico en el que predomina el estatismo y el aislacionismo, la función empresarial está muy cuestionada por el Gobierno.
Ante ello el empresario, más que encerrarse corporativamente, debe hacer valer sus derechos ciudadanos.
En un clima político inquietante se cuestiona con frecuencia la actitud de los empresarios y sus entidades representativas; se critica su silencio ante situaciones graves que los afectan y que parecen aceptar con resignación.
Claro está que siempre hay excepciones, unos pocos suelen hacer oír su voz sin medias tintas, como lo hizo hace unos días el presidente de la Federación Agraria, respecto al secretario Guillermo Moreno.
También están los beneficiados por políticas hechas a su medida que no pierden ocasión de aplaudir, lo cual es lógico y entendible que así sea. Pero en general impera el silencio, las opiniones dichas a condición de preservar con candado la fuente. Y por ahí cuando trascienden nombres vienen las aclaraciones y desmentidas; un agudo observador dice que los empresarios se han convertido en "desmentidores seriales".
Un aspecto ineludible para entender la conducta de los empresarios es recordar que su función es combinar los factores productivos para generar bienes y servicios, obteniendo con ellos una ganancia. La función de las entidades que los agrupan es ayudarlos a cumplir esa función, defender los intereses comunes de los asociados.
Esas funciones se desarrollan dentro de un sistema político y económico determinado que, en nuestro caso, se trata de un régimen populista nacionalista y un intervencionismo económico exacerbado. Ello implica severas restricciones y riesgos para empresas y empresarios.
Estamos ante un régimen económico en el que el Estado sigue permitiendo la propiedad privada de los medios de producción pero es él quien decide, en gran medida, que se puede producir, cómo y dónde se puede comerciar y a qué precios.
Más grave aún es que este intervencionismo cuya intensidad, discrecionalidad y amplitud casi no tiene antecedentes en el país, se hace en gran medida sin normas escritas, con órdenes verbales en las que su exponente máximo es el secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
Pero él no está solo en la tarea, lo acompañan con el mismo espíritu los directores de la AFIP y la Aduana, entre otros; y a la sombra del mal ejemplo van surgiendo imitadores en las provincias. A diario trascienden casos de empresarios que reciben a horas insólitas, llamados personales (acompañados de exabruptos) del citado funcionario, para ordenarles hacer o no hacer tal o cual cosa.
Normalmente se exagera el poder que tienen los empresarios; la expresión "empresario poderoso" en nuestro país, en estos tiempos, dista de tener visos de realidad. Lo mismo ocurre con la proliferación de entidades poco representativas, débiles, sin recursos materiales ni humanos para enfrentar situaciones como la presente.
El poder del Estado es infinitamente superior y la capacidad de coacción sobre las empresas y los empresarios sólo puede dimensionarse en la intimidad de ellas.
Quizás sólo escaparon por un tiempo en 2008, las entidades rurales que enfrentaron la famosa resolución sobre retenciones. Pero con el tiempo la Mesa de Enlace se fue diluyendo, como han ido entrando en el silencio entidades como la AEA, UIA, CAC y tantas otras.
Cabe una reflexión para poner las cosas en su lugar: los empresarios y sus entidades no son sustitutos de los políticos y sus partidos, no se les puede pedir que hagan lo que éstos no hacen.
Es este ambiente es lógico que los empresarios, como tales, se acomoden a las reglas del juego, pero si bien somos una sociedad profundamente corporativa, no debe olvidarse que ellos son ciudadanos y en este rol el silencio es muy diferente. Nada le impide a un empresario pronunciarse como ciudadano, es más, debería hacerlo siempre porque sabe y puede más que el hombre de la calle.
Vale aquí recordar un diálogo entre dos protagonistas de la "Condición Humana", la eterna obra de André Malraux, cuando uno de ellos le pregunta al otro "qué es la dignidad humana". La respuesta fue: "Es lo contrario de la humillación".
En un clima político inquietante se cuestiona con frecuencia la actitud de los empresarios y sus entidades representativas; se critica su silencio ante situaciones graves que los afectan y que parecen aceptar con resignación.
Claro está que siempre hay excepciones, unos pocos suelen hacer oír su voz sin medias tintas, como lo hizo hace unos días el presidente de la Federación Agraria, respecto al secretario Guillermo Moreno.
También están los beneficiados por políticas hechas a su medida que no pierden ocasión de aplaudir, lo cual es lógico y entendible que así sea. Pero en general impera el silencio, las opiniones dichas a condición de preservar con candado la fuente. Y por ahí cuando trascienden nombres vienen las aclaraciones y desmentidas; un agudo observador dice que los empresarios se han convertido en "desmentidores seriales".
Un aspecto ineludible para entender la conducta de los empresarios es recordar que su función es combinar los factores productivos para generar bienes y servicios, obteniendo con ellos una ganancia. La función de las entidades que los agrupan es ayudarlos a cumplir esa función, defender los intereses comunes de los asociados.
Esas funciones se desarrollan dentro de un sistema político y económico determinado que, en nuestro caso, se trata de un régimen populista nacionalista y un intervencionismo económico exacerbado. Ello implica severas restricciones y riesgos para empresas y empresarios.
Estamos ante un régimen económico en el que el Estado sigue permitiendo la propiedad privada de los medios de producción pero es él quien decide, en gran medida, que se puede producir, cómo y dónde se puede comerciar y a qué precios.
Más grave aún es que este intervencionismo cuya intensidad, discrecionalidad y amplitud casi no tiene antecedentes en el país, se hace en gran medida sin normas escritas, con órdenes verbales en las que su exponente máximo es el secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
Pero él no está solo en la tarea, lo acompañan con el mismo espíritu los directores de la AFIP y la Aduana, entre otros; y a la sombra del mal ejemplo van surgiendo imitadores en las provincias. A diario trascienden casos de empresarios que reciben a horas insólitas, llamados personales (acompañados de exabruptos) del citado funcionario, para ordenarles hacer o no hacer tal o cual cosa.
Normalmente se exagera el poder que tienen los empresarios; la expresión "empresario poderoso" en nuestro país, en estos tiempos, dista de tener visos de realidad. Lo mismo ocurre con la proliferación de entidades poco representativas, débiles, sin recursos materiales ni humanos para enfrentar situaciones como la presente.
El poder del Estado es infinitamente superior y la capacidad de coacción sobre las empresas y los empresarios sólo puede dimensionarse en la intimidad de ellas.
Quizás sólo escaparon por un tiempo en 2008, las entidades rurales que enfrentaron la famosa resolución sobre retenciones. Pero con el tiempo la Mesa de Enlace se fue diluyendo, como han ido entrando en el silencio entidades como la AEA, UIA, CAC y tantas otras.
Cabe una reflexión para poner las cosas en su lugar: los empresarios y sus entidades no son sustitutos de los políticos y sus partidos, no se les puede pedir que hagan lo que éstos no hacen.
Es este ambiente es lógico que los empresarios, como tales, se acomoden a las reglas del juego, pero si bien somos una sociedad profundamente corporativa, no debe olvidarse que ellos son ciudadanos y en este rol el silencio es muy diferente. Nada le impide a un empresario pronunciarse como ciudadano, es más, debería hacerlo siempre porque sabe y puede más que el hombre de la calle.
Vale aquí recordar un diálogo entre dos protagonistas de la "Condición Humana", la eterna obra de André Malraux, cuando uno de ellos le pregunta al otro "qué es la dignidad humana". La respuesta fue: "Es lo contrario de la humillación".