Elecciones municipales: luces y sombras

Hace exactamente siete días, hubo en la provincia de Córdoba elecciones en 86 intendencias y comunas, que se suman a un calendario que se había intensificado unas semanas antes y que aún no concluye. Esas elecciones muestran como tendencia, al igual que en anteriores comicios de ese nivel, el predominio de los intereses, preferencias y candidaturas locales, más allá de los partidos políticos provinciales y nacionales, aunque en muchos casos los candidatos elegidos pertenecieran a aquellos.

Esa opción resulta lógica, ya que en una elección municipal o comunal los ciudadanos votan en función de los problemas y necesidades de sus respectivas comunidades y deciden su voto por los candidatos que consideran que pueden tener una mejor capacidad de gestión para resolver esos problemas. Y lo que se ha visto en los comicios es un gran pluralismo y, en muchos casos, una ajustada paridad de fuerzas. Se conforma así un multipartidario panorama, que es positivo desde el punto de vista democrático, una de cuyas características es la renovación permanente.

Otra conclusión es que los partidos tradicionales –en el caso de Córdoba, el radicalismo y el justicialismo– no han desaparecido y en algunos municipios acrecentaron su presencia. Este "bipartidismo imperfecto", como se lo denomina en ámbitos académicos, admite excepciones importantes, como las listas vecinalistas o de otras expresiones, como el Frente Cívico y Social.

Hay, por otra parte, una transmutación constante de candidatos de un partido a otro, fruto, a su vez, de la extrema fragmentación política que se vive desde hace más de una década. Esto permite la configuración de varios peronismos, socialismos y radicalismos, que se enfrentan o se juntan según las circunstancias y pueden coexistir con fuerzas de otro origen o con agrupaciones provinciales de lejano y fuerte arraigo.

Pero hay también aspectos negativos, como en cualquier proceso electoral, que es preciso señalar. Hay intendentes que inauguran escuelas, puentes o aeropuertos –en algunos casos, de dudosa factibilidad operativa– con el fin de ser reelegidos. Las obras, cabe recordarlo, son financiadas con fondos estatales que pagan todos los contribuyentes.

Hasta en la fijación de las fechas de las elecciones locales se ha evidenciado, en algunos casos, un cierto oportunismo, lo que lleva al extremo de que entre la fecha de la elección y la de la reasunción o transmisión del mando puedan pasar varios meses.

Todos estos temas deben ser motivo de una legislación más coherente y equilibrada. ¿No sería más adecuado establecer, como a nivel nacional, una fecha fija cada cuatro años para la realización de las elecciones municipales, y también las provinciales, y evitar el juego especulativo de comicios ajustados a las necesidades de cada intendente o gobernador?