El veto a los "trapitos"

El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha vetado la ley 4113, aprobada por la Legislatura en diciembre pasado, que reglamentaba la actividad de quienes cuidan automóviles en la vía pública, usualmente conocidos como "trapitos".

Aunque hayan sido loables los motivos que llevaron a crear un sistema de permisos para ser otorgadas licencias para cuidar automóviles a personas de bajos ingresos, y sin que sea necesario discutir si los cuidadores son efectivamente ciudadanos carenciados o que responden a verdaderas empresas organizadas para recaudar a través de ese servicio, el veto del gobierno porteño debe ser elogiado.

La ley disponía que la retribución a estas personas debía ser voluntaria e, incluso, establecía penas para quienes exigieran dinero a los propietarios de los vehículos. Pero la norma, tal como ha sido concebida, pecaba, al menos, de dos excentricidades. En primer lugar, simulaba que las licencias se otorgarían para una actividad que, en principio, sería altruista, ya que establecía que el cuidador no tendría derecho a exigir nada, lo que raya casi con la hipocresía a la luz de lo que cualquier automovilista suele sufrir diariamente. En segundo lugar, disponía sanciones que, con toda seguridad, nadie aplicaría jamás.

La recuperación del espacio público comienza por su valoración como tal. Los vecinos de Buenos Aires, que ya contribuyen para mantenerlo a través de sus impuestos y tasas, no deben ser obligados a sostener un organismo administrativo con el objetivo de legitimar una actividad que se presta inevitablemente a dudosas prácticas.

Pensar que los cuidadores que llevan a cabo prácticas extorsivas dejen de hacerlo porque existan licencias habilitantes es de una ingenuidad tal que asombra.

Lamentablemente, persiste la creencia en muchos legisladores de que un problema desaparece cuando se dicta una ley y se organiza un registro, se crea una oficina y se nombran funcionarios.

Hace una década, una ordenanza municipal se había ocupado de los paseadores de perros con un detallismo exasperante, pues había dispuesto incluso la cantidad máxima de animales que se permitía llevar a un solo individuo y hasta se había aprobado el contenido del curso de capacitación que debían realizar los aspirantes a obtener la licencia. La realidad muestra el fracaso de esa disposición.

Normas como éstas también parecen demostrar la creencia de que las personas que se ocupan de dichas tareas operan en la marginalidad por falta de un marco regulatorio y no por razones sociales y económicas mucho más profundas, que cabe atender a través de las vías apropiadas.

Resulta inaceptable justificar la ocupación del espacio público. No se puede permitir que se cobre por un estacionamiento que es gratis para legalizar una actividad que no lo es.

El gobierno debe asegurar el disfrute de ese espacio por parte de todos los vecinos y de los ocasionales visitantes del distrito.

Para casos de necesidad social, hoy ya existe una ley, que es el Código de Habilitaciones, que dispone que el Poder Ejecutivo local sólo puede otorgar permisos para cuidar vehículos estacionados en la vía pública a personas mayores de 18 años, con aptitud física disminuida, que no posean ingresos suficientes para la atención de sus propias necesidades y las de su grupo familiar, y que acrediten buena conducta. Y prohíbe que el cuidacoches exija el pago anticipado de sus servicios, además de disponer que será su obligación denunciar ante la autoridad competente, entre otras cosas, las infracciones a las disposiciones municipales sobre tránsito que observen en el lugar de trabajo.

Por su parte, el Código Contravencional prevé multas de hasta $ 400 y hasta dos días de trabajo de utilidad pública para quien exige retribución por el estacionamiento o cuidado de vehículos en las calles sin la correspondiente autorización legal.

Ya en 2010, y ante las dificultades que planteaba cumplir esas normas, entre ellas, por la necesidad de contar con testigos cada vez que se denunciaba una contravención, el Poder Ejecutivo porteño había enviado un proyecto a la Legislatura para prohibir esa actividad ilegal, con multas de hasta 2000 pesos y cinco días de arresto para quien viole la disposición. Pero la oposición parlamentaria local rechazó ese proyecto e insistió con el suyo tendiente a la creación de un registro de cuidacoches que sólo pudieran recibir retribuciones voluntarias.

Así, la apropiación indebida del espacio público se hubiera visto legitimada. Por esas razones, el veto es, sin dudas, una medida de sensatez.