El vacío entre la gente y la Justicia

Es un gran paso adelante que el genuino reclamo de un grupo de familiares de víctimas de la injusticia (puesto que la falta de una justicia eficaz es una causa central de la inseguridad) apoyado por una red de ongs, haya logrado superar presiones y defensas corporativas para alcanzar una meta básica: que exista una verdadera igualdad ante la ley, que cualquier ciudadano pueda ser juzgado por sus acciones. Esta situación es especialmente importante al tratarse de un funcionario público como es un juez, lo que habla a las claras de que en este caso, referido a un juzgado de San Isidro, las instituciones han aportado un salto cualitativo en nuestra calidad democrática.

Si se aplica con objetividad, esta herramienta de juicio político será muy beneficiosa también para los jueces que en ocasiones se ven desalentados y afectados por la impunidad o falta de idoneidad de quienes, con su mal desempeño, no honran su investidura, así como para evitar que otros argentinos se encuentren el día de mañana dañados por las incorrectas decisiones de un magistrado.

Sabíamos que no nos esperaba una tarea fácil cuando, junto a familiares de víctimas, algunas vecinas del distrito que represento, acompañados por las Madres del Dolor, comenzamos hace tres años a solicitar que se revisara el accionar de un juez que manifestaba escaso sentido común en sus fallos. Lo que nunca habíamos imaginado es que por el sólo hecho de pedir que se inicie un proceso constitucional, íbamos a recibir humillación y dolor por la falta total de atención a tal pedido de esclarecimiento, causando de ese modo a las familias un sufrimiento adicional a las irreparables pérdidas de sus seres queridos.

Muchas familias agredidas por la violencia nunca fueron atendidas y bregan en la más absoluta soledad ante la Justicia con el propósito de dignificar la muerte de sus seres queridos obteniendo sentencias acorde a la gravedad de los hechos para los agresores , como también procurando hacer algo para que otras familias no deban padecer el mismo calvario ante instituciones que debieran estar para cuidarlos y no para ignorarlos.

Vivimos en carne propia el vacío que existe entre el ciudadano y su acceso a la Justicia a pesar de la solidaridad recibida por parte de muchos magistrados con nuestra causa. No queremos imaginar el calvario de muchos compatriotas que no han logrado que sus reclamos hayan tomado estado público ni que una comunidad, como fue el caso de San Isidro, los respalde.

No se trata de "garantismo vs. mano dura", se trata de la gente y su sufrimiento . El objetivo es sencillo y claro: que se pueda evaluar un patrón de conducta llamativo que llevó a que el Juez en cuestión libere delincuentes armados con armas de guerra cuando estaban gozando de libertad condicional o a dejar preso a un humilde trabajador a pesar de que la Cámara dispusiera su libertad siete meses antes, en un conjunto de once acusaciones igualmente serias.

Si luego el jurado quiere premiar esa conducta o condenarla ya es otra cuestión. Lo que no podíamos aceptar es que se negaran a analizar en profundidad el proceder de una persona a la cual todos le pagamos el sueldo.

Si los amiguismos o la ideología afectan la posibilidad de que un ciudadano pueda solicitar a la Justicia que investigue la conducta de un representante público , las instituciones y la sociedad entrarán en caminos de autoritarismo, anarquía e injusticia.

Un pueblo que quiere seguir viviendo en democracia necesita también que los políticos seamos funcionales a la gente, que sus representantes se organicen junto a sus comunidades en pos de garantizar el acceso a una Justicia de todos y para todos lo que constituye el principal camino para brindar seguridad.

Es una buena señal que tanto la Justicia como la política hayan actuado en la defensa de sus representados. Mientras tanto, seguiremos bregando para que todas las causas peticionadas sean tratadas.