El trabajo infantil, sin cifras
La falta de estadísticas confiables es un severo obstáculo para medir la eficacia de las políticas sociales.
La carencia de estadísticas actualizadas sobre trabajo infantil en la Argentina fue puesta de manifiesto recientemente, durante un seminario realizado en la ciudad de Salta y organizado por el gobierno provincial y la empresa Nobleza Piccardo, en el que se abordó la problemática de la niñez.
Con particular franqueza se expresó sobre esa falencia la especialista de la Comisión Nacional del Trabajo Infantil Silvia Morin.
La falta de datos oficiales, que permitirían conocer la realidad del problema en la dimensión nacional, es en los últimos años consecuencia de la reorganización del Indec y de la subsiguiente manipulación de los datos o su omisión, como ocurre en este caso.
En el plano mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que son 215 millones los menores que trabajan en el mundo, el 50 por ciento de los cuales lo hace en tareas peligrosas.
En nuestro país, la propia OIT calcula que son 450.000 los chicos afectados a distintas labores. La Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) de la Universidad Católica Argentina señala, con referencia al medio urbano, que el 17,6% de los menores, entre los 5 y los 17 años, realiza trabajos en condiciones de vulnerabilidad social, tanto en la casa como fuera de ella.
En sentido general, se considera que la situación existente siete años atrás se mantiene constante. Debe tenerse en cuenta que, en el ínterin, en 2008, el Gobierno promulgó una ley que prohíbe el trabajo infantil y protege el trabajo adolescente. Ratificó, además, los tratados con la OIT, organismo que procura la erradicación del trabajo de la minoridad en el orden internacional. Desde luego, cualquier política gubernamental en ese sentido demanda estadísticas confiables, actualizadas y diversificadas por las distintas áreas del país. La falta de esa información suficiente y precisa impide conocer el efecto de las acciones que se impulsan y el seguimiento posterior de los resultados que se van alcanzando.
Una de las medidas de las que es lógico esperar una especial influencia reductora en el problema del trabajo de la minoridad y un paralelo aumento de la escolarización obligatoria es la denominada Asignación Universal por Hijo, que data de octubre de 2009 y cuyos beneficios se estimó que alcanzarían a casi dos millones de familias. El beneficio acordado se acrecentó en un 50% desde su inicio, pero se carece de información cierta en cuanto al efecto de ese aporte en lo que concierne a una disminución del trabajo de los menores.
La pretensión del Gobierno de manipular estadísticas e índices termina siendo un obstáculo severo para seguir con eficacia la evolución de sus propias medidas. El tema comentado posee una evidente significación para la minoridad, pues el trabajo precoz implica para muchos una cuota injusta de peligros físicos y psíquicos, así como la frustrante deserción educativa eleva las probabilidades de exclusión social.