El silencio que otorga

Ni Cristina Fernández en su discurso de tres horas en el Congreso, ni el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina en sus recientes apariciones mediáticas -al fin se le escuchó la voz-, ni el ministro de Economía Hernán Lorenzino, ni el influyente viceministro Axel Kiciloff, ni la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, aceptan hablar de la inflación.

Fiel a la creencia de que sólo lo que el Gobierno enuncia existe (como explica Beatriz Sarlo) y de lo que no habla es cuento chino, el kirchnerismo sigue apostando a un modelo económico supuestamente virtuoso, pero que por culpa de ese fenómeno no admitido -un simple detalle para el oficialismo- expulsa todos los días personas hacia la pobreza.

El martes, cuando Marcó del Pont fue al Senado a defender la ley que modificó la Carta Orgánica del BCRA -sancionada en la madrugada de ayer- no pudo o no quiso precisar ante los legisladores el nivel inflacionario que tiene el país. Blanquear un número le hubiera significado un reto del Gobierno, pero también hubiera conspirado contra una argumentación en favor de la ley que fue a impulsar.
 
Para Marcó del Pont, la inflación no es consecuencia, como en los años ?80, de la "maquinita" de imprimir billetes, sino de un descalce entre la oferta de bienes -que no alcanza porque la economía crece a pasos agigantados- y la demanda -el consumo- que fue el principal motor del crecimiento económico argentino.

Los cambios propuestos por el kirchnerismo para la nueva Carta Orgánica del Central le dan a la institución herramientas para dirigir el crédito del sector privado hacia pymes con el objetivo, a largo plazo, de generar mayor oferta y de que la inflación se reduzca gradualmente. Ésta pareciera ser la única estrategia que tiene el Gobierno para combatir la escalada de precios y, en caso de surtir efectos, los resultados serán a mediano plazo.

Sin embargo, los que no ven el vaso medio lleno, creen que el crédito que se busca impulsar ahora desde el BCRA -un fin que ningún sector cuestionó- no tiene condiciones propicias de florecimiento justamente porque la inflación deterioró la confianza en el peso (un billete de 100 pesos tiene todos los meses menor poder adquisitivo), lo que conspira contra la inversión. El círculo no es entonces tan virtuoso y se parece más a una madeja difícil de desarmar.

Sujetándose a la idea de que la inflación no es producto de una emisión desenfrenada y es consecuencia de esta tensión entre oferta y demanda de bienes y servicios, Marcó del Pont (léase el Gobierno) se opuso a las sugerencias de la oposición de que se introduzca en la Carta Orgánica del BCRA metas de inflación -como las que tienen México o Brasil-, lo que hubiera obligado a la autoridad monetaria a custodiar los precios para preservar, como es su manda fundamental, el valor del peso argentino y, por ende, de los salarios de los trabajadores.

Pero, paradójicamente, el Gobierno consiguió avales extraordinarios del Congreso para que el Banco Central le transfiera excepcionalmente adelantos -préstamos- por unos 100 mil millones de pesos (más allá de los cambios hechos para que pueda usar reservas para pagar la deuda externa).
 
La actual base monetaria -billetes circulando- es de 220 mil millones de pesos, es decir que dichos adelantos permitirán al Gobierno emitir casi un 50% más de billetes y largarlos a la calle. No hay forma de que esto no produzca inflación, por más que el kirchnerismo se niegue a usar la palabra en público y en privado por miedo a que el fantasma devenga realidad pura.

Como telón de fondo, las paritarias entre gremios y empresarios empiezan sus días clave. Ningún sindicato aceptó el 20% que el Gobierno insinuó como techo para los maestros (la Presidenta dijo en febrero que el único salario que fija la Casa Rosada es el sueldo testigo docente).

Es más, la mayoría de los gremios pujan por subas de entre el 25 y el 30%. De concretarse, ese dinero en los bolsillos de los trabajadores se evaporará rápidamente porque, como decía Perón, los precios suben por ascensor y los sueldos por escalera.

Como dijimos, el Gobierno no habla de la inflación, no vaya a ser cosa que alguien se avive de su existencia. El filósofo del lenguaje, John Langshaw Austin, define como "enunciado performativo" a aquél que no se limita a describir un hecho sino que por el mismo hecho de ser expresado realiza el hecho ("Yo juro" o "te bendigo").
 
Esta definición de Austin sobre cierto tipos de enunciados puede servirnos para explicar la creencia del kirchnerismo -especialmente de Cristina, como dice Sarlo- en el poder de sus palabras. Si ella dice "inflación", la inflación dejaría de ser lo que es para el relato del oficialismo y pasaría a ser lo que es para el común de los argentinos.

Pero hay cosas sobre las que el Gobierno sí habla. Gran parte de su arsenal de palabras -ésas que tienen poder "performativo"- se vuelcan en contra de la petrolera YPF. Se la acusa de no haber invertido en exploración y explotación al ritmo de las necesidades de un país en crecimiento (cosa que es real) y de la caída de reservas de petróleo y de gas.

Consecuentemente, se la responsabiliza de los 9.000 millones de dólares que tuvo que usar el Gobierno para importar combustibles el año pasado. Pero la necesidad de cortar con una situación que va de mal en peor, ya que la curva de la producción y de las reservas está en franca declinación, y de paso evitarse la salida de dólares por la importación de gas y naftas, no termina de explicar la tremenda embestida contra YPF.
 
Pareciera ser que ni el propio Gobierno sabe hacia dónde avanzar, si seguimos la cronología de "sí", de "no" y de "no pero sí" que lanzó Abal Medina en estas últimas horas.

Lo que es obvio es que el oficialismo necesita un nuevo villano con el cual confrontar y de paso tener a quién culpar por la falta de un bien imprescindible para la vida cotidiana de un país: el combustible. Hasta hace dos meses, el vicepresidente Amado Boudou negaba el desabastecimiento de naftas. Ahora, éste es uno de los motivos que utilizan los gobernadores, como Francisco "Paco" Pérez, para revertir áreas concesionadas a la principal petrolera del país.

Pero esta furibunda arremetida contra YPF de todo el kirchnerismo no tendrá -como la estrategia de Marcó de Pont sobre la inflación- resultados en el corto plazo. Por más que se encuentre socialmente a un culpable, el petróleo y el gas escasearán este año y el Gobierno deberá conseguirlo en el exterior.

La reversión de las áreas, para que las pasen a operar las provincias o nuevas empresas, demandará varios meses o, incluso, varios años para tener resultados concretos. No alcanzará la artillería verbal para acusar (a YPF) o callar (la inflación) para que la realidad sea la que el kirchnerismo empeñosamente escribe en su relato.