El riesgo por el uso político de la inseguridad
La protesta de profesionales de la salud por el problema de inseguridad muestra uno de los aspectos más oscuros de la sociedad y las consecuencias de una política que, durante años, simplemente negó la existencia del tema y ahora la usa como instrumento político, todo lo cual pone en riesgo a los ciudadanos.
El delito y la violencia se manifiestan en forma cada vez más inquietante en instituciones básicas de la sociedad como la escuela y el hospital público, donde concurren y de los cuales dependen en mayor grado los sectores más vulnerables.
Este escenario da cuenta, en primer lugar, de un fenómeno social que debe ser enfrentado no sólo con medidas de seguridad sino, y quizá en primer lugar, con políticas de trabajo e inclusión, que contribuyan a recomponer los lazos sociales, crear expectativas de progreso a través del trabajo y fortalecer la conciencia de respeto a la ley y a las instituciones.
También es obviamente indispensable contar con un mejor sistema de seguridad basado en la prevención y el combate al delito, diseñado con criterios de largo plazo y en base a la coordinación de las diferentes jurisdicciones territoriales.
En la actualidad estos presupuestos básicos, y que constituyen casi un lugar común al momento de considerar el tema, están muy lejos de cumplirse. En primer lugar, porque el Gobierno Nacional, durante siete años, negó la existencia de la inseguridad y atribuyó la preocupación ciudadana sobre el mismo a campañas de los medios de difusión.
Por otra parte, en reiteradas oportunidades utilizó las fuerzas de seguridad que dirige como instrumentos políticos, decidiendo que las mismas no intervengan en conflictos sindicales o sociales, inclusive desobedeciendo órdenes judiciales.
Un episodio sobresaliente de esta conducta tuvo lugar en diciembre pasado cuando negó la intervención de la Policía Federal en la toma del Parque Indoamericano. Sin embargo, ante los efectos políticos adversos que podía sufrir como consecuencia de la violencia y las muertes que se produjeron en ese hecho, creó un nuevo Ministerio de Seguridad.
A partir de ese momento se tomaron algunas medidas como el desplazamiento de jefes policiales, sin que la iniciativa tuviera mucha incidencia en el nivel de inseguridad.
Por otra parte, la manipulación política del problema se mantuvo. Así volvió a suceder con la decisión de quitar en forma sorpresiva y sin que mediara una razón convincente, la custodia de la Policía Federal de hospitales y escuelas.
Como esta tarea no puede ser cubierta por la Metropolitana, salvo retirando efectivos que cubren otras tareas, miles de ciudadanos quedaron, de un día para otro, desprotegidos.
En este contexto, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, en un encuentro con militantes, afirmó que el principal problema de seguridad es la Policía Federal, a la cual imputó de serios delitos y sin tener en cuenta que ese cuerpo es dirigido por el kirchnerismo desde hace siete años y medio.
Este tipo de posiciones demuestra que el Gobierno sigue utilizando la inseguridad como instrumento político y que, en tanto esa política persista, la sociedad no puede esperar demasiadas mejoras.
Por el contrario, la seguridad de los ciudadanos requiere encarar el tema con criterios profesionales, solucionar el problema de competencias y recursos de la Policía Metropolitana y llevar adelante una política coordinada entre fuerzas y entre la Ciudad y el conurbano.
La inseguridad en hospitales y escuelas pone de manifiesto un grave problema social y una evidente falta de respeto a la ley. Ambas cuestiones deben ser atendidas con políticas adecuadas. El Gobierno primero negó la existencia de inseguridad y ahora hace un manejo político del mismo, como sucedió en el Parque Interamericano y con el retiro de la Policía Federal de dependencias de la Ciudad, poniendo en riesgo a los ciudadanos.