El resultado de la desidia

Nadie puede acá hacerse el distraído: hace al menos tres años que la crisis olivícola es una realidad. Y en todo ese tiempo, poco y nada se ha hecho para preservar a la olivicultura, genuina fuente de trabajo y riqueza para la Provincia. Los gobiernos nacional y provincial se limitaron a las declamaciones, los sindicatos siguieron exigiendo condiciones irracionales y, finalmente, se asiste al corolario de la debacle: los trabajadores en la calle pidiendo por sus salarios y los productores asfixiados, sin poder dar una respuesta inmediata al reclamo. El Ancasti anticipó en reiteradas oportunidades lo que ocurriría si no se instrumentaban políticas concretas para salvar la crisis. Pero con típica miopía, se dejó pasar el tiempo a la espera de que los problemas se resolvieran solos, cada uno de los sectores que componen la actividad ocupados en su juego individual, sin advertir lo obvio: la desaparición de la olivicultura los perjudicaría a todos.
 

El director de las fincas olivícolas a las que se les reclama el pago de las dos quincenas adeudadas, Horacio Cassé, prometió que los reclamos laborales serán satisfechos "en un tiempo perentorio". "Hemos vendido a precios antieconómicos e irrisorios para cancelar las obligaciones. El cosechero no va a ser la variable de ajuste de esta crisis, que supera al cosechero y al mismo productor", se comprometió. La actividad olivícola, subrayó, "ha devenido imposible económica, financiera y físicamente". Y lamentó que en esta coyuntura el Gobierno y los sindicatos "demonicen al productor que efectivamente produce". El legítimo reclamo de los cosecheros se topa con la imposibilidad económica de darle respuesta en forma inmediata. "La emergencia es real, las circunstancias que han motivado la emergencia se han triplicado en su gravedad", dijo Cassé.

La cosecha de aceituna de este año se presentaba especialmente crítica. La ecuación económica no cerraba y los productores asumieron tres posturas: pagaron a pérdida, no cosecharon o cosecharon jugados a que la comercialización les permitiera luego afrontar los costos. Pero la cadena de pagos está interrumpida y afecta a toda la actividad. Cassé consignó que el aceite producido hasta ahora no puede comercializarse y se excedieron los límites de almacenamiento, lo que llevó al estrangulamiento. En la decisión de cosechar pese a todo se tuvieron en cuenta las promesas de apoyo realizadas por el Estado provincial y la Nación. La Casa Rosada comprometió específicamente dinero para las cosechas, pero se desembolsó a los municipios donde se desarrolla -es un decir- actividad olivícola y en gran parte de ellos no se les liquidó todavía nada a los productores, que están con el agua al cuello, sin encontrar respuestas en el Gobierno y mucho menos en el sindicato para coordinar una salida.
 
 
Más allá del caso concreto y de la legitimidad del reclamo de los cosecheros, lo que queda en evidencia es que la actividad olivícola, en estas condiciones, es insostenible. Una vez más hay que insistir en la necesidad de avanzar en políticas concretas que la preserven, si es que realmente interesa el desarrollo de este tipo de emprendimientos que, está demostrado, generan empleo y riqueza con la ventaja de que son sustentables en el tiempo porque no dependen de recursos no renovables como ocurre, por ejemplo, con la minería. El sector olivícola viene desde hace años reclamando apoyo para sobrevivir, incluso con propuestas para el financiamiento para la reconversión varietal y modificaciones en el esquema de exportaciones. No ha tenido respuestas y, así, se asiste al derrumbe. Resulta patético cómo ahora los responsables de este presente pretenden abjurar de sus culpas. Ya es tarde para lamentos. Lo que se impone es abrir una instancia que permita superar la crisis.