El reclamo que las administraciones del PJ olvidaron hacer
* Raúl Lambert. La denuncia pública respecto de una supuesta condonación de deuda de la Administración Provincial de Impuestos (API) al concesionario del Puerto de Rosario carece de fundamentos jurídicos que le den sustento dado que nunca existió perdón alguno de parte del Estado provincial a Terminal Puerto Rosario (TPR).
Por eso, aunque se lo niegue una y otra vez, es evidente que hay intención de parte de algunos de poner trabas al desarrollo de un proyecto de la magnitud del Puerto de la Música. De otra manera, cómo entender que se ponga en duda la actuación de este gobierno para cobrar una deuda a TPR cuando no hizo más que tomar cartas en un asunto que las anteriores administraciones justicialistas pasaron por alto.
Durante la actual gestión provincial se dio aplicación, por primera vez, a la posibilidad que prevé el Código Fiscal de trabar embargos sobre aquellas deudas que se encuentran en proceso de determinación administrativa (es decir, no firmes) a una veintena de grandes contribuyentes, algo que nunca se había siquiera intentado en las administraciones anteriores. Así fue que se registraron en API 235 medidas cautelares por un total de 245 millones de pesos, mientras que en todo el período 2003/2007 sólo hubo siete medidas.
Esto ocurrió con TPR a fines de 2008 con motivo de una deuda generada en los años 2002 y 2004 en concepto de impuestos de sellos, que nunca fue siquiera reclamada pese a que había sido informada por el propio presidente de entonces del Enapro, Juan Carlos Venesia.
Es decir, curiosamente la anterior gestión tardó cinco años para determinar el tributo (sin tomar ningún tipo de medida para asegurar el cobro), incluso teniendo en cuenta que para setiembre de 2007 ya se contaba con una liquidación de 8.756.273 pesos de acuerdo a lo informado por la Fiscalía de Estado.
La empresa, por un lado, presentó un recurso administrativo ante la API discutiendo alguno de los componentes reclamados; por otro lado, realizó un convenio de pago por el rubro del capital reclamado (lo que significa el reconocimiento completo del componente impositivo), contra entrega por este monto de un seguro de caución, por la suma de 1.410.738 pesos, mientras se seguían discutiendo por los carriles correspondientes los demás componentes de la deuda (que suma algo más de 7 millones de pesos), lo que no implica condonación o perdón alguno.
TPR presentó su concurso de acreedores en julio de 2009, como consecuencia de lo cual cayeron por imperio de la ley todos los embargos o medidas cautelares. En ese marco, la API se presentó al concurso sin perdonar ningún componente, actualizando toda la deuda (incluyendo multa, actualización de capital e intereses) que, además de lo adeudado por impuesto de sellos, suma con otros tributos provinciales 18.000.000 de pesos aproximadamente. Es una resolución de la jueza del concurso, asesorada por la sindicatura, la que dio por verificada una suma de 1.300.000 pesos en concepto de deuda por impuesto de sellos, descartando las multas, intereses y actualizaciones del capital adeudado. Esta resolución se encuentra apelada por los profesionales intervinientes, en resguardo de los intereses públicos.
En la provincia de Santa Fe existe un gobierno que tomó la decisión política de regular el libre acceso a la información pública, por lo que los documentos (resoluciones de la API y del Ministerio de Economía, sentencias judiciales, etc.) que demuestran que no hubo perdón ni condonación de deuda, están a disposición de todos los santafesinos.
En este caso puntual, la gestión Binner dejó en claro su voluntad de resguardar los recursos públicos:
1 Se persiguió una deuda derivada del impuesto a los sellos, tolerada por años por las administraciones justicialistas hasta 2007.
2 Se aseguró una deuda reconocida y se continuó el reclamo por las diferencias.
3 En el concurso abierto por TPR se verificó la deuda no sólo por 1.400.000 pesos caucionados sino por el total (intereses, actualizaciones y multas) y, además, por deudas provenientes de otros impuestos, ascendiendo el total reclamado a más de 18.000.000 pesos.
4 Las actuaciones administrativas y judiciales con su correspondiente número y fecha fueron informadas en la Cámara de Diputados, pero además, como corresponde, obran en la página de la repartición provincial.
En lugar de poner en duda la honestidad de los funcionarios públicos provinciales con argumentos tan escasos de fundamentos jurídicos, el diputado denunciante debería señalar para completar la información al ciudadano —con la correspondiente documentación—, si existen intimaciones a TPR realizadas por los gobiernos justicialistas anteriores y, en ese caso, explicar las razones de la falta de operatividad.