El próximo gobierno, las próximas medidas
*Por Marcelo Zlotogwiazda. En la agenda que se está armando con la confianza de un triunfo electoral, uno de los temas que aparece como prioritario es la necesidad de racionalizar los subsidios.
En el Ministerio de Economía están cada vez más convencidos de la estrategia de impulsar el crecimiento mediante una agresiva política fiscal que potencie la demanda, pero reconocen que si el próximo gobierno pretende seguir aplicando esa misma receta expansiva estará obligado a modificar aspectos sustanciales del gasto público y de la estructura tributaria. El razonamiento es elemental: para no volverse insostenible, ese tipo de política fiscal requiere de recursos y de una sensata asignación de gastos.
En esa agenda que están armando con la confianza de que un triunfo electoral los dejará a muchos de ellos con la responsabilidad de ejecutar los cambios, uno de los temas que aparece como prioritario es la necesidad de racionalizar los subsidios. Se trata de un tema de una enorme magnitud económica, que este año va a insumir más del 10 por ciento del gasto público. Se estima que para mantener los actuales precios del transporte de colectivo, tren y subte se gastarán en 2011 alrededor de 10.000 millones de pesos; y bastante más de 20.000 millones costarán las compensaciones que conllevan las tarifas baratas de gas y electricidad, fundamentalmente en la zona metropolitana de Buenos Aires.
Si bien es obvio que los subsidios al uso de servicios públicos son al fin de cuenta un subsidio al consumo, y como tales constituyen una herramienta de estímulo a la demanda, hay más de un motivo para fundamentar la idea de comenzar a acotarlos. Por un lado, están las distorsiones que se generan en cada uno de esos sectores, como por ejemplo el debilitamiento de los precios y las tarifas como guía para las decisiones de inversión y como incentivo de comportamientos eficientes. A eso se agrega que esos subsidios incentivan consumos excesivos y poco racionales, como se da en el caso del gas y la electricidad.
Además, las tarifas baratas para casi todos implican asignar fondos para beneficio de estratos sociales medios y altos. En la nota publicada en este espacio el 9 de septiembre de 2010 se calculó que el 52 por ciento de los pasajeros de tren, el 89 por ciento de los que viajan en subte y el 75 por ciento de los que usan el colectivo no son pobres. Por su parte, un estudio realizado por Tomás Serebrisky sobre la distribución de los subsidios al transporte mostró que más de la mitad de lo que se destina a colectivos, el 60 por ciento de lo que va al ferrocarril y más del 80 por ciento de lo que se lleva el subte, terminan beneficiando a usuarios que se encuentran en la mitad superior de la pirámide social.
En la citada nota también había datos sobre los miles de millones de pesos que dejan de pagar de gas y luz familias acomodadas (mi última factura de electricidad incluye un subsidio de 133,13 pesos que reduce el importe a 163,07) y grandes industrias.
Pero más allá del impacto negativo sobre la equidad distributiva, las tarifas baratas para casi todos tienen un efecto contraproducente para una política de estímulo de la demanda, dado que los estratos beneficiados de elevados ingresos tienen una alta propensión al ahorro. En otras palabras, el dinero que muchas familias reciben de subsidios por los servicios públicos que usan va a parar a sus cuentas bancarias.
Claro que para racionalizar los subsidios se requiere mucho más que decisión política. Es un cambio técnicamente complejo y socialmente conflictivo, por la resistencia que genera en las franjas sociales que verían recortado el beneficio, y que se potencia por la actitud que predomina en los medios de cuestionar demagógicamente ese tipo de medidas.
En el 2008 el Gobierno aplicó una rebaja en los subsidios a la electricidad y el gas, pero lo hizo con tanta torpeza técnica y política que generó un aluvión de críticas que lo obligó a dar marcha atrás con parte del anuncio, y lo dejó traumado para volver a intentarlo. De hecho, a comienzos de año el Gobierno estaba evaluando un ajuste de tarifas que abandonó rápidamente al ver la reacción popular que provocó en Bolivia el aumento en las naftas que había decidido Evo Morales.
La necesidad de conservar margen de maniobra fiscal, y a la vez mantener el ritmo de la inversión pública, ha hecho que en Economía comiencen a repensar la lógica de financiamiento de las obras de infraestructura que realiza el Estado. Hasta ahora el grueso se cubrió con fondos presupuestarios y recurriendo muy poco al endeudamiento. Ahora analizan la conveniencia de desahogar las cuentas fiscales y terminar con el anatema de la deuda pública. Argumentan que no es razonable seguir cargando a los presupuestos anuales el costo de obras que van a disfrutar generaciones venideras.
En la agenda del próximo gobierno también se incluye una de las grandes asignaturas pendientes del kirchnerismo, que es la reforma tributaria. En este aspecto, hay grandes bolsones de renta desgravada que deberían estar en la mira, comenzando por la financiera y sin excluir a la minera, uno de los sectores de más vertiginoso crecimiento que continúa aprovechando de la legislación hiperfavorable que le entregó el menemismo.
Además de esos grandes agujeros, la estructura impositiva argentina sigue padeciendo de subrecaudación de Ganancias a los individuos, y de niveles ridículamente bajos en los tributos a los patrimonios.
También están analizando la necesidad de replantear las vías de captura de la renta agropecuaria. Hasta ahora eso se realiza básicamente mediante el cobro de retenciones, que gravan fuerte a la exportación de materias primas pero cuyo peso baja gradualmente a medida que las exportaciones adquieren mayor valor agregado (la soja en granos paga menos derechos que el aceite y que el biocombustible, por ejemplo). Por lo tanto, el proceso de industrialización que se quiere promover probablemente apuntale las cuentas del sector externo pero al mismo tiempo debilitaría las cuentas fiscales.
Es seguro que en los cinco meses que faltan para la elección presidencial al oficialismo se lo va a escuchar hablar mucho de la profundización del modelo como eje de la campaña. ¿Responderán con lo aquí señalado cuando se pregunte por el significado concreto de esa consigna y por la manera de lograrlo?