El primer paso del Gobierno para pesificar las tarifas

El ministro de Desarrollo Productivo pagará en pesos a una parte de la generación eléctrica. Se trata de la electricidad que llega a través de resolución 1, a partir de máquinas que tienen cierta antigüedad. Los precios que cobraban estaban en dólares y ahora estarán en pesos. La decisión generará un ahorro fiscal de US$ 312 millones, según los cálculos oficiales.

La electricidad que se genera bajo este sistema ya había estado afectada el año pasado, cuando la administración de Mauricio Macri también había reducido el importe que les pagaba, frente a las restricciones fiscales que enfrentaba.

Casi todos los mayores generadores (Central Puerto, Enel, Pampa) proveen energía eléctrica al sistema con esta modalidad. Utilizan máquinas con mayor antigüedad, que son consideradas menos eficientes frente a equipos posteriores más modernos. Sin embargo, su aporte es clave en el sistema eléctrico.

El Gobierno argumenta que -entre 2015 y 2018-, los generadores de esta electricidad habían recibido un 60% de incremento en sus ingresos, pero tanto funcionarios de la administración anterior como las empresas rechazan esa afirmación.

El desembolso previsto para este año por generación de esta clase de energía era de US$ 1.344 millones, pero ahora bajará US$ 1,026 millones.

La decisión también comprende a la energía generada por los entes binacionales, como Salto Grande (que se comparte con Uruguay) y Yacyretá, que se maneja junto con Paraguay.

Con esta resolución, que se publicará en estos días en el Boletín Oficial, el costo de generación eléctrica caerá de US$ 69 por MwH (la unidad de medida) a una rango que va entre US$ 60 y US$ 62. La generación eléctrica impacta en un 50% de las boletas de luz que llegan a los hogares.

El Gobierno estima un ahorro de US$ 300 millones con esta decisión. La medida es para todas las operaciones de febrero. Con el sistema anterior, hubiera desembolsado US$ 1.344 millones y ahora se compromete a pagar alrededor de US$ 1.026 millones. 

La autoridad de aplicación está autorizada a definir la remuneración de los generadores. No obstante, estos pueden recurrir a la justicia por cambios en las reglas de juego.