El precio que nadie quiere pagar
La distribución de subsidios debe responder a estrictos criterios técnicos y no a mezquindades electorales. Es el mejor precio que puede pagar la Argentina para un desarrollo equilibrado.
El anuncio del Gobierno nacional en el sentido de que avanzará en la reducción gradual de los subsidios disparó un debate interesante. Los cruces verbales entre funcionarios y actores económicos revelan la necesidad de ganar competitividad en una economía de elevada inflación y, al mismo tiempo, la resistencia de ciertos sectores a no ceder ganancias logradas a través de mecanismos pocos transparentes.
En primer lugar, debe prevalecer una cuestión de equidad, como lo proclamaron los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Planificación Federal, Julio De Vido. Entonces, resulta incomprensible por qué recién este mes se decretó la eliminación total de los subsidios por agua, luz y gas que recibían empresas (bancos, seguros, aeropuertos internacionales, casinos), que ofrecen servicios desregulados en sus precios. La razón oculta es que no se quiso generar ningún aumento de costos en esas firmas que luego se trasladaran al valor de sus servicios.
Pero el debate sobre cómo continuará la reducción o eliminación total hacia otros sectores muestra elementos interesantes para reflexionar sobre los errores que tenemos en nuestra organización nacional. Por caso, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), hasta el 4 de octubre último se erogaron 63.168,2 millones de pesos para distintas actividades, sean prestadas por empresas públicas o privadas.
De ese monto, 35.173,9 millones, el 55,7 por ciento del total, fueron subsidios para el sector energético, con lo cual un residente en la Ciudad de Buenos Aires –sea rico o pobre– paga la mitad de lo que vale la electricidad en provincias como Santa Fe y Córdoba. Otra incongruencia es la referida a los subsidios al transporte, que permite al porteño pagar el boleto urbano a 1,20 peso, poco menos de la mitad de lo que cuesta en Córdoba. Para transporte, se erogaron 16.516,4 millones, el 26,1 por ciento de lo gastado.
Lo interesante es la reacción de los funcionarios nacionales cuando empresarios y analistas económicos señalaron que la eliminación de los subsidios para el transporte público supondría duplicar el precio del boleto o incluso llevarlo a un valor de cuatro pesos en la ciudad de Buenos Aires. "Es terrorismo mediático", dijo enojado el secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, quien olvidó que –pese a ser el distrito de mayores ingresos del país– recibe 2.138 pesos en subsidios por cada habitante, mientras que a un cordobés apenas le tocan 56 pesos.
La equidad que proclamó el Gobierno en su intención de modificar la política de subsidios no puede ser medida por la intención política de ganar votos. Debe responder a criterios técnicos, como niveles de ingresos, pobreza, desarrollo humano, educación, salud. Este es el mejor precio que puede pagar la Argentina para un desarrollo equilibrado en todas sus regiones.