"El poder político siempre queda supeditado al poder policial"

León Arslanian volvió a la función pública? No, pero sí. O, en realidad, más o menos. A este espadachín del garantismo todo el mundillo político le atribuye ser el asesor en las sombras del flamante Ministerio de Seguridad del kirchnerismo y el verdadero inspirador de las ideas para reformar la Policía Federal.

El lo desmintió durante la entrevista con Enfoques, aunque en la charla mucho no lo ayudó cierta tendencia a usar la primera persona del plural: "Estamos pensando en ver de qué modo se puede brindar seguridad y garantizar a los ciudadanos este derecho humano a la seguridad personal", dijo, por ejemplo, de una forma que Sigmund Freud no dudaría en interpretar como un lapsus. Y, casi resignado, hasta se sintió obligado a explicar que tiene "una fuerte tendencia a hablar como si estuviera gobernando" luego de que terminó así una larga explicación sobre los cambios que impulsa Nilda Garré: "Hoy estamos cambiando la doctrina".

Más allá de las sutilezas semánticas y de los vaivenes del inconsciente, lo cierto es que la actual tendencia reformista de las fuerzas de seguridad que dispuso la presidenta Cristina Kirchner le debe mucho al pensamiento del dos veces ministro de Seguridad bonaerense (1998/1999 y 2004/2007) y al Acuerdo para una Seguridad Democrática, una iniciativa que él impulsa, junto con el CELS y diversos partidos políticos y organizaciones sociales, y que se propone definir los ejes de una nueva política de Estado en materia de seguridad, alejada del modelo de mano dura y del "facilismo represivo".


Arslanian, un peronista que se reconoce kirchnerista, es el mismo abogado penalista que integró el histórico tribunal que juzgó a las juntas militares, el mismo que fue ministro de Justicia de Carlos Menem (1991/92) y que hoy, en el llano luego de sus frustradas experiencias a cargo de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, se convirtió en el defensor de varios ex funcionarios kirchneristas que desfilan por los tribunales acusados de corrupción, como Enrique Albistur o Ricardo Echegaray. Aun desde su condición de oficialista, le costó explicar por qué el Gobierno tardó siete años en cambiar "la mirada tradicional" respecto de la inseguridad y en decidirse a impulsar cambios en la Policía Federal, al tiempo que deslizó críticas contra el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de quien destacó que "ha sido más de lo mismo" al sostener "un modelo de policía de régimen", contrapuesto al "modelo de policía democrático y compatible con un Estado de Derecho".

De 68 años, casado, con dos hijos y dos nietos, Arslanian advirtió que "hay fuerzas policiales que aún viven bajo el signo de Kosteki y Santillán" y que permiten comprobar, como en el caso de la usurpación de tierras en Soldati, "hasta qué punto una policía desenfrenada, sin conducción, puede llegar a transformar una acción legítima por parte del Estado en una cacería sin sentido". Y dijo que "es evidente que el hombre de gobierno teme las posibles consecuencias de meterse con el aparato policial" y que, por ello, establece un vínculo "asimétrico" entre funcionarios y jefes de seguridad, en el cual "el poder político queda siempre supeditado al poder policial".

-¿Cuál es el significado que tiene la creación del Ministerio de Seguridad? ¿Tendrá alguna utilidad práctica o será otro intento que quedará en el camino?

-Esto marca un punto de inflexión. Es darle una gran centralidad a un problema que preocupa a toda la sociedad, como la inseguridad, y buscar el mejor modo de abordarlo, con lo que creo que debe ser un cambio de paradigma.

-De todas formas, parece también una admisión de errores por parte del Gobierno, al que le costaba hasta admitir que existe en el país un problema concreto de seguridad.

-La Presidenta se ha planteado una mirada diferente a la tradicional respecto de la inseguridad. No es tan sólo un problema de agencias penales, de la policía, sino de otros factores que inciden en la violencia. El delito es un modo de expresarse de la violencia y hay un abordaje diferente: no tratamos sólo de resolverlo con la agencia policial, penitenciaria o la justicia penal sino también con los demás recursos del Estado para hacer prevención, trabajando en las causas sociales que originan el delito. Asistimos a una nueva concepción sobre el fenómeno de la inseguridad.

-¿Por que tardó siete años el Gobierno en darse cuenta de esto y ponerlo en marcha? A ver, qué buena pregunta... Este... (Pasan varios segundos de silencio.) Acá hay un debate de fondo y tiene que ver con el grado de importancia que a estos temas les han asignado ciertos sectores ideológicamente vinculados , del centro hacia la derecha, que han trabajado sobre la base de una supuesta incompetencia del Estado y una cierta lenidad a la hora de tener que tomar definiciones. Es decir, un Estado que tolera, que no da las respuestas apropiadas, que no utiliza el sistema penal adecuadamente. La contracara es, no digo la negación de este tema, pero sí la relativización del recurso tradicional del tratamiento de la inseguridad y, como consecuencia, un punto de vista que busca un ángulo distinto a la hora de trabajar con fenómenos de inseguridad. Por un lado, todo lo que ha significado el fenómeno de [Juan Carlos] Blumberg, que ha sido un abanderado del endurecimiento del sistema penal, mientras que, por el otro lado, se seguía evaluando cuál era la mejor manera de entrarle al problema. Ese fue un proceso muy largo de definiciones que empezó por ver cómo había que reformar la agencia policial hasta llegar al cambio de paradigma: ya no es la policía la que ha de abastecer la lucha contra la inseguridad. Estamos pensando de qué modo se puede brindar esa seguridad y garantizar a los ciudadanos este derecho humano que, como dijo la propia Presidenta, es el derecho a la seguridad personal.

-Usted habla por momentos como si integrara el Gobierno. ¿Es cierto que está asesorando a la ministra Garré?

 -No, no tengo ninguna relación. -Pero muchas de sus ideas parecen las que puso en marcha o anunció el Ministerio de Seguridad. ¿Ni siquiera lo llamaron?

-No, para nada. En primer lugar, porque el Ministerio de Seguridad está en muy buenas manos, está haciendo el trabajo y va a encontrar las resoluciones más apropiadas. En segundo lugar, no me gusta marcarle la cancha a nadie, no tengo ninguna autoridad para eso. Desde donde estoy hoy, el Acuerdo para la Seguridad Democrática, en donde hay sectores del Gobierno incluidos, tenemos la mayor disponibilidad para abastecer de información, ayuda o lo que fuere, pero no tengo participación en ninguna de las políticas que se diseñan en este momento. En esto hay que tener actitudes dignas y tratar de despolitizar hasta donde se pueda este tema de la seguridad.

-Usted advirtió en estos días que el Estado no podía renunciar al uso de la fuerza, pero ¿cómo se logra cuando hay decisiones como la de prohibir a la Policía Federal utilizar armas de fuego para hacer frente a manifestaciones violentas? ¿Cómo evitar dar la imagen de un Estado ausente, desarmado?

-El Estado emite signos de fuerte color simbólico que tratan de documentar, trazar y objetivar una determinada política, y lo hace más bien pensando hacia el interior de las fuerzas policiales que deben intervenir. ¿Por qué? Fundamentalmente, en vistas a resultados desdichados e indeseados de fuerzas policiales, como la última del Parque Indoamericano. Hay fuerzas policiales que todavía viven bajo el signo de Kosteki y Santillán, que mostraron hasta qué punto una policía desenfrenada y sin conducción puede transformar una acción legítima de neutralización y de recuperación de terrenos en una cacería sin sentido. Esa falencias que se ponen de manifiesto implican la necesidad de empezar a tomar una serie de medidas de mando muy claras sobre la policía. El gran desafío de hoy es ver de qué modo, después de un proceso muy largo de autonomía policial, un gobierno puede revertir esta situaciones de policías que se descontrolan, que cometen abusos de poder o que se militarizan en extremo. Tiene que haber un diseño apropiado para tener una gobernabilidad sobre la seguridad democrática. Para eso es necesario recuperar el control policial y pasar a su gobierno. La policía es una institución fuertemente corporativizada con su propia conducción. Lo que hay que hacer es empezar a abrir la nuez, descomponer sus elementos y ver de qué modo armamos una ingeniería institucional que nos permita que cada área tenga funcionarios civiles, aptos y capaces, que puedan establecer esquemas de control sobre cada una de las áreas para recuperar la conducción estratégica de la fuerza. Como la Argentina ignoró un esquema de estas características, nunca logró generar el recurso humano suficiente como para trabajar la seguridad desde esta perspectiva. O era policía o no era nada, y el que no era nada no entendía nada. Y, si no, todo era policial.

-Aníbal Fernández privilegió a la corporación tradicional de la Policía Federal y ahora perdió el control de la fuerza. A usted le pasó al revés: lo echaron del gobierno bonaerense para devolverle el poder a la policía.

 -Este es el gran tema de por qué debemos cambiar: todos estos problemas de vínculo entre la policía y la autoridad política se resolvieron mediante ciertos tipos de acuerdos o de pactos. Y eso pasó siempre por decir: "Muchachos, gobiérnense ustedes, manejen su casa, limpien su casa, yo no me voy a meter con ustedes, pero me tienen que cumplir con cuatro o cinco cosas"...

-Y también decirles, en muchos casos: "No me meto con sus negocios?"

-¡Absolutamente! Por lo general, el eje siempre fue la gran preocupación que tuvieron todos los gobiernos por el orden público, lo que le fue dando a la policía una fisonomía de policía de régimen. Ese es el problema. El pacto consistió básicamente en que cada vez que debía usarse la policía para preservar el orden público que más le puede preocupar a un gobierno, que es que se respete su autoridad, entonces ahí teníamos a la policía operando de un modo enérgico, reprimiendo manifestaciones, protestas. Ese es un modelo policial que se corresponde históricamente con lo que se ha dado en llamar modelo napoleónico, de organización vertical, piramidal, etcétera. Un jefe vinculado con el gobierno y después, él gobernando para él, solo. Hoy estamos cambiando la doctrina.... Tengo la fuerte tendencia a hablar como si yo estuviera gobernando, pero me quedó de tantos años dedicado a esto y de mi trabajo cotidiano. (Risas.) El gran desafío que hoy tenemos es salir del modelo de policía de régimen para entrar en un modelo de policía más bien democrático, compatible con un Estado de Derecho. -Me sigue intrigando por qué hasta ahora al Gobierno le convenía mantener este esquema de policía de régimen, como dice usted.

-Porque es muy difícil hacer la transición. -Quizá nunca hubo una verdadera decisión política de cambiar...

-Nooo... Hay ciertas cosas que se desarrollan en el hombre de gobierno que lo hacen temer acerca de las posibles consecuencias de meterse con el aparato policial. Yo lo he visto y lo he vivido. [Eduardo] Duhalde toma conciencia de que [Pedro] Klodzyck y la policía de la provincia de Buenos Aires no son la mejor policía del mundo cuando se le incendia todo. Hay momentos que son de inflexión, de cambio, que sacuden, y momentos que obligan a replantear o repensar. Porque cualquier gobernante lo que hace es confiar mucho en sus ministros y en los consejos que puedan recibir. Lo primero que hacen los ministros, que no conocen del tema ni tienen la formación adecuada, es dejarse entornar por cuatro o cinco jefes policiales que les venden una serie de soluciones: "Quédese tranquilo. Déjenos a nosotros". A partir de ahí se establece un vínculo que termina por ser muy asimétrico, en donde el poder político queda siempre supeditado al poder policial. A [Daniel] Scioli le pasó la desgracia de que lo entornaron, temió, y le faltó consistencia. El tenía una muy buena mirada de todo el proceso de cambio y hoy se ha dado cuenta de que el camino y la gente de la que se había rodeado no eran los mejores. No es mi ánimo criticarlo, pero sí quiero mostrar lo que ha sido la constante en la Argentina. Estas decisiones traen problemas que conspiran contra la propia estabilidad, pero son valientes y con ellas los gobiernos ganan siempre y tienen un gran acompañamiento social. -Su sucesor en la provincia, Carlos Stornelli, lo acusó de haber dejado una policía "devastada, humillada, desmantelada". -Justamente, él formó parte del problema. Parte del problema de Scioli fue Stornelli, pero no puede opinar sobre éste ni sobre ningún otro tema, no tiene vocación democrática.

-¿Cómo califica la conducción policial de Aníbal Fernández a la luz de todo esto?

-A ver, a ver, a ver... Ha sido más de lo mismo. Nilda Garré acaba de tomar ciertas decisiones que debieron haber sido tomadas en su momento. Está normalizando la fuerza porque no se puede tener la misma cúpula durante siete años.

-La quiso mantener Néstor Kirchner?

-Parto de la base de que existe un consejo que brindan los ministros del área. Pero la petrificación en la conducción, por más tranquilidad personal que brinde porque uno piensa que alguien es confiable, trae el armado de una serie de negocios que son muy complejos. Si tengo encima un asunto interno que no manejo y tengo tipos que están manejándome como seudópodos toda una institución en la que controlo la caja, las finanzas, y en donde regulo el delito, esto es un tema.

-Usted es un peronista que se reconoce como kirchnerista, ¿no? -Sí, yo valoro mucho las cosas que ha hecho este gobierno. No tengo participación en el gobierno de Kirchner. Nunca la tuve, en realidad....


-¿Será por esta condición de kirchnerista que usted terminó siendo defensor de varios ex funcionarios de este gobierno que tienen causas en la Justicia?

-No, no, porque yo no tengo militancia en el kirchnerismo. Mi estudio, por lo general, ha tenido siempre una clientela... Como tenemos una fuerte especialización en el fuero federal, de cada gobierno hemos tenido distintos funcionarios que hemos atendido, pero no tiene nada que ver. No tengo una militancia, pero sí respeto, simpatía, y trato de apoyar las cosas buenas del gobierno.

-¿Está representando a Albistur, a Echegaray y a quién más? -No me gusta hablar de los casos...

-¿Por qué motivo?

-Por una cuestión de discreción.

LA NACION

MANO A MANO
A veces parece que el debate sobre la inseguridad es como un Boca-River que nunca termina. Garantistas versus partidarios de la mano dura, con una sociedad de rehén. Los inflexibles consiguieron endurecer las leyes, pero el crimen no afloja. Y tampoco cede cuando el Estado no aplica la fuerza o se apuesta a que sólo la inclusión social baje el delito. León Arslanian está tocando el cielo con las manos: perdió dos rounds ante la corporación policial, pero ahora el kirchnerismo se inspiró en su proyecto de seguridad y de reforma policial. No me llamaría la atención que llegara a ser ministro de Justicia o jefe de la Policía Federal. Parece interpretar como pocos el sentido que le da el kirchnerismo a estos cambios. Contestó con buenos argumentos y se nota que le gusta el debate. No habla desde una postura ideologizada: es un especialista al que, al parecer, los políticos no apoyaron hasta el final, y los gobiernos de su propio partido no aportaron al país una bonanza capaz de mitigar el delito. El único momento de ligera tensión fue cuando le pregunté por los ex funcionarios que defiende. Es casi lógico: hablar de policías, delitos, represión y conspiraciones políticas es muchísimo más sencillo.