El plan del Gobierno porteño para bajar los costos de los alquileres
El 40% del salario familiar se destina al pago del alquiler. Una mesa de diálogo busca abaratar trámites y proponer garantías alternativas a la inmobiliaria.
El gobierno porteño prepara una serie de medidas para abaratar el contrato de alquiler de vivienda en los próximos meses, anticipó a TN.com.ar el titular de Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) Juan Maqueyra.
Las medidas, todavía bajo análisis, surgen de la mesa de diálogo que conformaron en septiembre las autoridades del IVC y asociaciones de inmobiliarias, propietarios e inquilinos, luego de la sanción de la ley de Alquileres porteña.
Esa norma prohibió a las inmobiliarias cobrar comisión y gastos de gestoría por los trámites asociados al alquiler a los inquilinos de vivienda. La comisión debe caer sobre el propietario del inmueble.
En tres semanas, la mesa de diálogo tendrá una reunión definitoria. Allí se pasarán en limpio los puntos en los que haya acuerdo para, en palabras de Maqueyra, "hacer el sistema más simple y accesible". Luego, el IVC llevará esos consensos al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que será quien defina los cambios.
Las negociaciones se dan en un contexto de subas en los alquileres. Según el Índice de Precios al Consumidor porteño, el alquiler de vivienda aumentó en el último año 34,4 por ciento, nueve puntos por encima de la inflación.
Según una encuesta que realizó la Federación de Inquilinos Nacional, el 41 por ciento del presupuesto familiar se destina a pagar el alquiler. En la Ciudad, el porcentaje es similar.
La Defensoría del Pueblo porteña remarcó que el alquiler aumentó 83% en dos años -de acuerdo con datos de la Dirección de Estadística porteña-, las expensas subieron 100 por ciento y los servicios públicos que pagan los inquilinos treparon más del 600%. El 40% de las familias metropolitanas es inquilina.
De acuerdo con las inmobiliarias, el mayor precio se debe a la menor oferta de unidades. Atribuyen esa menor oferta a dos cuestiones: las mejores condiciones para la venta por la expansión del crédito hipotecario y la sensación de un mayor intervencionismo estatal.
Las medidas
Por estas horas, las medidas bajo análisis con mayor consenso tienen que ver con la certificación de firmas, la asesoría legal gratuita a los inquilinos y la mayor publicidad de derechos y obligaciones de locadores y locatarios.
La certificación de firmas con escribano público no es un requisito obligatorio, pero está presente en la gran mayoría de los contratos de alquiler. El tramite cuesta unos 450 pesos por firma. Según Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, los locatarios deben afrontar el costo todas las firmas, incluida la del propietario.
En la mesa de diálogo se manejan dos alternativas sobre la certificación de firmas: la primera es que sea gratuita en los Centros de Gestión y Participación (CGP) de la Ciudad. Es una propuesta de los inquilinos, que a los funcionarios no termina de convencer. La segunda es más radical: eliminarla de los contratos de alquiler.
"Una de las propuestas es que (las certificaciones) sean gratuitas. Quiero escuchar alguna propuesta más, buscar otra manera de constatar la identidad de las personas que son parte del contrato", dijo Maqueyra a TN.com.ar.
Con la asesoría legal gratuita no habría mayores inconvenientes y se brindará en los CGT capitalinos.
Otras alternativas sobre la mesa generan más rispideces.
Una tiene que ver con un reclamo de los inquilinos: que todos los contratos de alquiler de la Ciudad deban quedar registrados y sellados en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). Esta medida daría un vuelco radical al mercado de alquileres, ya que todas las operaciones quedarían formalizadas.
Así, por ejemplo, a los inquilinos que tributan impuesto a las Ganancias les sería más fácil conseguir la factura para deducir el alquiler de esa carga fiscal. Y la Ciudad tendría un registro de quiénes son los propietarios de los inmuebles que se destinan a alquiler. Sería, en algunos casos, una suerte de blanqueo compulsivo.
En este sentido, el IVC intenta conciliar posiciones. "Se están conversando medidas orientadas a registrar los alquileres; eso ayudaría a que se respeten todos los derechos", dijo Maqueyra. Y agregó: "No está definido que sea en el marco de la AGIP, ni que sea gratuito u obligatorio. Sí creemos, desde el Instituto, que es saludable para el sistema que los contratos estén registrados, de manera tal que se pueda constatar que se preservan los derechos de inquilinos y propietarios".
La garantía
La garantía inmobiliaria suele ser una barrera importante que restringe el acceso al alquiler. Maqueyra cree que antes de junio podrá presentarle a Rodríguez Larreta un sistema alternativo de garantías, que pueda coexistir con la del inmueble.
Las alternativas son dos. La primera: un seguro de caución. Es una propuesta que elevaron las cámaras de inmobiliarias y que los inquilinos no ven con malos ojos. Aunque, para Muñoz, este instrumento debería ser público y gratuito: el Estado debería hacerse cargo del costo y, en definitiva, actuar como garante. "Solo el 1,2 por ciento de los juicios son por mora en los contratos", argumenta el representante de Inquilinos Agrupados.
La segunda: instrumentar una garantía con recibos de sueldo que permita a los propietarios embargar parte de los haberes ante casos de mora. En esta instancia, podrían tomarse no solo los recibos de los inquilinos, sino también los de otros garantes, como sus familiares. "En algunos países de Latinoamérica funciona así. Falta ver si a los inquilinos los convence como opción", dijo el titular del IVC.
(Fuente: TN)