El plan del Gobierno para blanquear a un millón de trabajadores
Ya están en marcha las negociaciones para llegar al Congreso con una ley consensuada en los próximos meses.
Las negociaciones para avanzar con la ley de blanqueo laboral deberán estar finalizadas antes de marzo próximo. El plan que ya puso en marcha el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, es que haya un resultado concreto antes del comienzo del nuevo año legislativo para permitir la formalización de hasta un millón de trabajadores.
La nueva norma que deberá discutir el Congreso ya está en elaboración. Triaca apuesta a lograr un acuerdo que alcance a la mayor cantidad de gremios y empresarios. La nueva ley de formalización laboral prevé eximir del pago de multas a los empresarios que regularicen la situación de sus trabajadores; el Estado reconocerá a cuenta los aportes al sistema previsional por los años en los que el empleado haya estado en la informalidad.
"La ventana donde hay que conseguir resultados es en estos seis meses. Es en el tiempo legislativo de acá hasta diciembre y eventualmente en sesiones extraordinarias. El diálogo ya empezó", confió a La Nación un importante ministro del gabinete nacional.
Ahora es tiempo de "evaluar alternativas, se está trabajando en eso", dijeron fuentes oficiales. Pero cerca de Triaca están convencidos de que todo se ordenará después de las elecciones legislativas del 22. "En la medida en que vayamos avanzando, iremos negociando otras cosas", adelantó uno de los principales asesores del Presidente.
En la actualidad hay 4,5 millones de asalariados que están en negro, que no aportan al sistema y que no cuentan con obra social ni derechos laborales. De ese universo, en una primera etapa, el Gobierno aspira a que entre 800.000 y 1.000.000 se sumen al trabajo formal. El foco estará puesto en la construcción, el comercio y gastronómicos, los peones rurales, el personal doméstico y, en menor medida, los empleados de las manufacturas.
El objetivo del Gobierno es terminar en parte con la "mafia de los juicios laborales", como la definió el Presidente. El blanqueo laboral es la conclusión del pedido que el jefe del Estado le encargó al ministro de Trabajo. Para Macri, la ola de juicios laborales es además un freno para las inversiones. Pero, como en cada decisión que tomó la administración nacional que afectó a los trabajadores, todo será "gradual".
"Es raro que se reduzcan los accidentes laborales y aumente la cantidad de juicios. Hay unos 60 estudios de abogados que el año pasado se llevaron unos 600 millones dólares", dijo ayer Triaca en un almuerzo que organizó por el Rotary Club en el hotel Sheraton.
La capacitación es otro punto central. La meta es trabajar sobre los procesos formativos en distintas etapas. Una de las preocupaciones de los empresarios que Triaca suele trasladarles a los sindicalistas es que hoy falta personal idóneo para cubrir las vacantes.
Una de las opciones en evaluación son las pasantías formativas. Esta posibilidad generó mucha resistencia al comienzo de la negociación, pero desde el Gobierno aclararon que no se trata de un número que estará en manos de los empresarios, que podrían utilizar la herramienta para forzar una flexibilización de las condiciones de trabajo, sino que las pasantías serán determinadas por los convenios laborales.
En todos los casos, todas las negociaciones serán sector por sector. Desde el Ministerio de Trabajo aseguraron que ya están avanzadas las conversaciones con los sectores de energía, servicios, gastronómicos y de la construcción.
Los gremios que presentan mayor resistencia son los del transporte. Pero no todo es lo mismo. El clan Moyano, según pudo saber La Nación, está en una pelea distinta que tiene como principal disputa la de OCA, la empresa de correo que está en concurso de acreedores y tiene una deuda fiscal de alrededor de 1400 millones de pesos.
En forma paralela, Triaca también afina los detalles de la reforma laboral. Como adelantó La Nación el lunes, descartada por ahora la posibilidad de un proyecto para modificar la ley de contrato del trabajo, la reforma laboral que planifica el Gobierno comenzará a materializarse con las primeras paritarias de 2018 y tendrá rasgos distintivos de acuerdo con el sector y su convenio colectivo.
Las alternativas en evaluación incluyen la baja de aportes patronales para las obras sociales; revisión de cláusulas de antigüedad, escalas y funciones; no avalar pagos extraordinarios, salvo excepciones, como un plus por presentismo, y establecer las pasantías como un atajo para capacitar personal a valores más bajos.
"Les transmitimos a los dirigentes sindicales, a los empresarios y a todas las fuerzas políticas que lo que nosotros vamos a producir (en reforma laboral) va a ser producto de un consenso. El diálogo es escuchar a todos, saber entender la postura de cada uno y encontrar las soluciones sector por sector de lo que le hace falta a la Argentina", sostuvo el ministro Triaca.
(Fuente: La Nación)