El plan de Aranguren por los tarifazos: se vienen más aumentos pero bajarán impuestos
Aunque ya pasó el "shock de ajuste", todavía se mantienen subsidios por 10.000 millones de dólares. Negociarán con provincias y municipios para bajar hasta 20% el precio de las facturas.
Por Pablo Wende, extraído del diario Infobae
Los tarifazos dispuestos para los servicios de luz, gas y transporte provocaron airadas protestas y un verdadero vendaval político, incluso dentro de las filas de Cambiemos. Lo que nadie dice es que en realidad los fuertes ajustes se quedaron cortos. El fuerte aumento del tipo de cambio en el arranque de 2018 y el incremento del petróleo a nivel internacional se "comieron" una parte del ajuste que intentó el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Como consecuencia, los subsidios económicos bajarán más lento de lo previsto este año, obligando a nuevos aumentos de tarifas en los semestres sucesivos.
Un ejemplo bastante elocuente es lo que sucede con la electricidad. Si bien ya no hay subsidios para la distribución (es decir que Edenor y Edesur ya cobran tarifa plena), en cambio sí continúan existiendo para la generación. El plan que en su momento había elaborado Aranguren era que la demanda pague el 82% del costo de generación en 2018 (18% de subsidio) y 90% en 2019 (quedando sólo un 10%). Pero los ajustes más fuertes de las variables mencionados llevaron a un error de cálculo, por lo que recién para el 2020 quedaría ese remanente de 10% de subsidio. Algo parecido sucede con el precio del gas en boca de pozo.
¿Qué significa este cuadro? Que aún hay ajustes tarifarios significativos por delante. Es cierto, como dice el presidente Mauricio Macri, que ya pasó lo peor. Pero las tarifas seguirán aumentando bien por encima de la inflación al menos hasta fines del año que viene.
Según un estudio muy detallado de la consultora Macroview, en el caso de la electricidad, la necesidad de seguir bajando subsidios llevará a un nuevo aumento de 19% en la tarifa en octubre y otro adicional de 12% en febrero del año que viene. Para el gas es más suave, porque quedan menos subsidios. Los aumentos que hay por delante serían de 12% en octubre y otro 15% en abril.
La situación del transporte es más delicada. Aun después del aumento del boleto, que pasará de $ 6,25 a principios de año a $ 10 en julio, los subsidios del Gobierno para la zona metropolitana aún suman $ 100.000 millones. Los cálculos indican que de eliminarse el boleto debería costar entre 18 y 20 pesos. Pero no está claro qué es lo que decidirá el Gobierno en 2019, un año electoral. A juzgar por lo sucedido en 2017, lo más probable es que los aumentos sean o mínimos o directamente inexistentes. Entre luz, gas y transporte, los subsidios totalizarán a fines de 2018 todavía unos $ 200.000 millones, es decir el equivalente a 10.000 millones de dólares.
La carta de la reducción de impuestos
Este panorama explica por qué el Gobierno se negó de manera tajante a dar marcha atrás o retrotraer los aumentos tarifarios. Sucede que aun a pesar de que se apretó el acelerador, todavía queda mucho terreno para conseguir la desaparición de los subsidios (sin contar los destinados a la tarifa social).
El Ministerio del Interior negociará con las provincias para que bajen Ingresos Brutos y otros impuestos que aplican a los servicios públicos y a los intendentes que saquen de la factura las tasas municipales que aplican para recaudar más fácil.
El plan de pago en cuotas no es una solución de fondo. Simplemente se trata de suavizar el impacto que tendrán las tarifas en estos meses de invierno que se avecinan. Un cálculo del ex secretario de Energía, Jorge Lapeña, indicó que la tarifa de gas podría aumentar hasta 10 veces en relación a lo que se venía pagando en los meses de verano. Con esos números en la mano, el gobernador mendocino y presidente de la UCR Alfredo Cornejo negoció con Macri el plan de cuotas.
Pero se viene una negociación política muy relevante esta semana. A través del Ministerio de Hacienda y especialmente el de Interior, buscarán que las provincias y municipios reduzcan la presión fiscal que aplican sobre las tarifas de luz y de gas. Concretamente, desde la Casa Rosada se pedirá una rebaja de Ingresos Brutos y otros impuestos provinciales. También que se eliminen de las facturas el cobro de tasas municipales, que es la forma más fácil que tienen para recaudar los intendentes. "En muchos casos las tarifas podrían bajar hasta un 20%. La gente tiene que saber qué es lo realmente paga por el servicio, porque si no el costo real está distorsionado", explicó una alta fuente gubernamental a Infobae, adelantando el movimiento de esta semana. ¿Y por qué no reducir el IVA que se cobra sobre las tarifas de los servicios? "Eso es imposible", responde.
Se mantiene el ajuste, señal para inversores
La negativa a revisar los aumentos tarifarios tiene otras dos lecturas. La primera, y más obvia, era que tendría un impacto negativo sobre las cuentas públicas, haciendo peligrar la meta fiscal de este año. Justamente el principal rubro que permitirá al Gobierno reducir el déficit primario es la disminución de subsidios. Pero ahora hay un compromiso ya explícito asumido por el ministro de Finanzas, Luis "Toto" Caputo, ante inversores: se sobrecumplirá la meta de 2018 y en vez de un rojo de 3,2% el año terminará por debajo de 3% de déficit en relación al PBI.
Dar marcha atrás en los ajustes tarifados hubiera resultado una señal demoledora hacia los inversores. Y ponía en serio riesgo la recalificación como mercado "emergente" en junio, que permitiría a la Argentina salir de la categoría de "fronterizo".
Pero existe otra cuestión tan relevante como mantener el gradualismo fiscal. Una paso hacia atrás en el ajuste tarifario pondría bajo serio riesgo el ascenso de la Argentina, que busca volver a la categoría de "emergente" luego de que en 2009 descendiera a la escala de "fronterizo". El año pasado no logró el "upgrade" porque los inversores querían saber si el camino de reformas planteado por el Gobierno de Macri era sostenible en el tiempo.
La victoria electoral de octubre permitió allanar el camino y en junio la Argentina conseguiría esa mejora, que obligaría a los fondos internacionales a incorporar acciones argentinas a sus portafolios. Se calcula que el flujo hacia activos locales podría acercarse incluso a los USD 5.000 millones, abriendo además a muchas empresas el acceso al financiamiento del mercado de capitales.
Pero si la presión política hubiera obligado al Gobierno a retroceder en materia tarifaria, el "corazón" del ajuste fiscal que se está intentando, esa ilusión sobre un cambio de rumbo permanente se hubiera desmoronado como un castillo de naipes. Y se hubiera evaporado el gran objetivo de volver a la liga de emergentes nueve años después.