El peligro del estatismo agrícola
El Gobierno, de la mano de la AFIP y de más medidas intervencionistas en el mercado, aumentó su agresión al campo.
Un cúmulo de decisiones y manifestaciones oficiales sobre la producción y la comercialización de granos conduce a pensar que el gobierno nacional tiene el propósito de crear un sistema dirigista en los mercados de cereales, oleaginosas y derivados. Sin sustento alguno y reeditando negativas experiencias del pasado, el armado del proyecto se vincula estrechamente con una nueva etapa de agresión al campo.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) viene desarrollando inspecciones en las grandes compañías exportadoras e informando a viva voz acerca de evasiones de impuestos. Sin la comprobación fehaciente, la dependencia estatal dispuso la exclusión de ocho de estas empresas del Registro de Operaciones de Exportación, lo cual significa nada menos que la inhabilitación para operar.
Sumándose a estos hechos, la propia AFIP requiere de productores de granos el día y la hora que procederán a su recolección, lo cual significa un supino desconocimiento de la realidad de la producción, sujeta a variaciones climáticas o disponibilidad de cosechadoras. O, más probablemente, represente un deseo de agredir a los productores, generando temor ante potenciales arbitrariedades ejercidas en reiteradas ocasiones.
En este contexto, el ministro Julián Domínguez expresó el propósito de otorgar a dos cooperativas la autorización para exportar el 30% de la cosecha de cereales y oleaginosas, un procedimiento arbitrario que daría por tierra con la competencia y transparencia de los mercados. En una nueva embestida, la administración agrícola propicia la formación de una nueva entidad agraria, afín al oficialismo, constituida con técnicos de entidades oficiales y representantes universitarios, que sería el paso previo a la creación de una agencia estatal de comercialización de la producción rural. Estas iniciativas han procurado, además, la introducción de una cuña en la Comisión de Enlace, en la que tanto la Federación Agraria Argentina como Coninagro tienen intereses cooperativos.
El comienzo de la intervención estatal en el comercio de granos tuvo lugar en los años treinta, un período de bajísimos precios, fruto amargo de la gran depresión mundial. Dio lugar a la creación de la Junta Reguladora de Granos, que compraba los cereales y cuyas pérdidas, en caso de venderse a menor precio, eran absorbidas con recursos de un Fondo de Cambios. Más tarde esa Junta amplió sus facultades hasta que en los años cuarenta contribuyó al monopolio estatal del comercio de importación y exportación en el seno del IAPI, un organismo generador de grandes quebrantos y altísima corrupción. La disolución de este monopolio, en 1956, abrió el paso a una nueva Junta Nacional de Granos, cuyas principales funciones radicaron en el establecimiento de precios mínimos y de sostén de los granos, cuya financiación, a menudo con quebrantos, corrió por cuenta del Banco Central, estimulando la inflación. Si bien esta Junta contó con el apoyo de algunos sectores rurales, su evolución dio lugar a una gran burocratización conformada por 10.000 agentes. Finalmente, en la década del noventa, se procedió a su disolución en el contexto de una desregulación general de la economía. En el nuevo diseño de libertad de los mercados, la producción granaria logró espectaculares niveles de crecimiento en un escenario mundial de altos precios, que continuarían por largo tiempo.
Surge de lo expuesto la existencia de dos modelos antagónicos. Uno de dirigismo estatal, que sistemáticamente generó bajos niveles de producción. Y otro, caracterizado por mercados libres e integración al mundo, que proporcionó el florecimiento del campo y el mayor protagonismo argentino en los mercados mundiales. La intención gubernamental de recrear organizaciones estatales implicará un grave retroceso para el agro y el país. Manteniendo la libertad de los mercados y reduciendo progresivamente hasta su eliminación los impuestos a las exportaciones agrícolas se podrán consolidar las tendencias que auguran para la Argentina volver a ser considerada el granero del mundo. De esta forma, no sólo se beneficiará el agro, sino también la sociedad en general y la propia administración estatal.