El parche de la promoción
Es imperioso -y deben tenerlo en cuenta los candidatos- terminar con estos parches y decretazos inspirados en presiones políticas sectoriales y circunstanciales.
Entre obediencias políticas y equívocos enfrentamientos, estamos perdiendo la oportunidad de cambiar estas incongruencias por una política seria institucionalmente, consensuada a escala nacional y protegida de los cambios de gobierno.
El día en que renunció a la demanda contra la Nación, planteada después de que se conoció la nueva prórroga del régimen de promoción para La Rioja, San Juan y Catamarca, el gobernador Celso Jaque aseguró que había un acuerdo con los gobernadores de las provincias beneficiadas con el polémico decreto 699/10 y hasta mostró un supuesto decreto presidencial que extendía algunas ventajas impositivas a varios departamentos de Mendoza.
Pero tras la dudosa definición de la Justicia Federal sobre la acción planteada por la Cámara de Producción de San Rafael, la provincia vuelve a quedar expuesta a la prórroga y extensión de la promoción industrial vecina. Por cierto, el supuesto decreto compensador jamás apareció.
Después de haber desistido de la instancia judicial, el gobierno provincial afirma que acudirá al despacho presidencial a solicitar la suspensión del 699/10, justo en medio de la contienda electoral.
Lo cierto es que la promoción sigue viva y reactivada, sin criterio de planificación integral para el país, con una vigencia absurda que transforma en permanente lo que en todo el mundo es un paliativo circunstancial y temporario.
No caben dudas de que este supuesto "método de reparación histórica" ya ha fracasado. Si después de 30 años las industrias que pudieran haber surgido por esos subsidios -la mayor parte ya cerró sus puertas precarias- necesitan otros 15 años para subsistir, es evidencia de que nunca conseguirán sostenerse como empresas: siempre dependerán de la ayuda del presupuesto público. Se ha calculado que la masa coparticipable de 2010 tuvo 5.000 ó 6.000 millones de pesos menos por promoción y diferimientos varios: entre 250 y 300 millones de Mendoza. Esto sin perjuicio de la corruptela que ha generado el manejo político de esto beneficios.
Celso Jaque, al renunciar a la demanda por los perjuicios del sistema -como lo hizo Julio Cobos en 2006 con el juicio de Lafalla- ha desaprovechado una oportunidad institucional de sostener el reclamo ante la Justicia. El gobernador Hermes Binner de Santa Fe, en cambio, se mantuvo firme en su demanda y consiguió resarcimiento, insistiendo en la necesidad del replanteo integral de la promoción industrial en el país.
No basta con insistir en la Corte por los daños del sistema -como los reconocidos por la Procuraduría en 2006, en el juicio que terminó con el acuerdo de Cobos con los Kirchner- sino que debieran reclamarse todos los recursos que la Nación adeuda a la provincia por los Pactos Fiscales I y II. Deberíamos proponer una política de frente con las otras provincias afectadas por estos sistemas, exigir el final de estos parches y presionar por la discusión nacional de un sistema integral de promoción.
Éste, debe estar basado en un proyecto de país industrial, regionalizado, potenciando ventajas comparativas reales, temporario y con condiciones de resultados, en lugar de enfrentar vecinos por las migas. Ello demanda una política de seriedad y consenso en la oposición política, que evite el aprovechamiento electoralista y que sume a las cámaras de la producción y el comercio. Todos deberíamos estar dispuestos a no ceder a la tentación de los parches y las migas que consolidan el régimen, ya claramente fracasado.