El país de las paradojas
Desde hace algunas semanas, los escenarios de la política nacional son tantos que, por momentos, la atención termina diluyéndose. Y no parece un fenómeno azaroso. En gran medida, la multiplicación de escenas forma parte de la estrategia comunicacional del gobierno para evitar que la ciudadanía fije su mirada sobre situaciones incómodas.
La avalancha de titulares vinculados con la confirmación de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner -el gobierno evita utilizar el término reelección, por la connotación negativa que este concepto arrastra-, condena a un segundo plano a todas aquellas noticias relacionadas con el escándalo Schocklender, que desnudó el uso irresponsable y autocrático de fondos públicos por parte del gobierno central.
Pero este esfuerzo permanente por desviar la atención de la ciudadanía no puede evitar que las escenas incómodas se produzcan. En la ciudad de México, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) analiza la posibilidad de colocar a la Argentina dentro de su "lista gris", conformada por aquellos países que no realizan todos los esfuerzos necesarios para promover políticas contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo.
A fines de 2009 el GAFI sostuvo que, desde la evaluación anterior finalizada en junio de 2004, Argentina no había hecho un progreso adecuado en el tratamiento de una serie de deficiencias detectadas en ese momento, y las medidas legales y preventivas Anti Lavado de Dinero (ALD) y Contra Financiamiento del Terrorismo (CFT) no tenían eficacia.
Ahora, la estrategia del país para evitar una sanción internacional apunta a reconocer que, hasta el año pasado, se produjeron pocos avances en la materia, pero que a partir de 2011 se sancionó la nueva ley antilavado, se multó a bancos por no haber reportado operaciones sospechosas y se impusieron tareas de control a escribanos, contadores y despachantes de aduana, entre otros.
Sin embargo, el mayor problema en estos momentos es que el encargado de defender a la Argentina ante el GAFI, deberá pensar pronto como se defiende a sí mismo en el caso de Sergio Schocklender -sospechado de haber lavado dinero con los fondos destinados a construir viviendas sociales-.
José Sbatella, quien negocia en México, es el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), el mismo organismo que desde hace un año mantuvo cajoneadas varias denuncias sobre supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de las Madres de Plaza de Mayo. Por ese motivo, el fiscal Guillermo Marijuán pidió al juez Sergio Torres que investigue a Sbatella, ahora imputado por el posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Mientras el titular de la UIF intenta en México evitar sanciones para la Argentina, otro escenario incómodo comienza a generarse en los tribunales de Comodoro Py, en Capital Federal. Todo ocurrió el mismo día en que la presidenta anunciaba el plan "Televisores para Todos" y confirmaba su candidatura. Parece una paradoja tragicómica, pero ésta es la realidad que vive el país.
Pero este esfuerzo permanente por desviar la atención de la ciudadanía no puede evitar que las escenas incómodas se produzcan. En la ciudad de México, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) analiza la posibilidad de colocar a la Argentina dentro de su "lista gris", conformada por aquellos países que no realizan todos los esfuerzos necesarios para promover políticas contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo.
A fines de 2009 el GAFI sostuvo que, desde la evaluación anterior finalizada en junio de 2004, Argentina no había hecho un progreso adecuado en el tratamiento de una serie de deficiencias detectadas en ese momento, y las medidas legales y preventivas Anti Lavado de Dinero (ALD) y Contra Financiamiento del Terrorismo (CFT) no tenían eficacia.
Ahora, la estrategia del país para evitar una sanción internacional apunta a reconocer que, hasta el año pasado, se produjeron pocos avances en la materia, pero que a partir de 2011 se sancionó la nueva ley antilavado, se multó a bancos por no haber reportado operaciones sospechosas y se impusieron tareas de control a escribanos, contadores y despachantes de aduana, entre otros.
Sin embargo, el mayor problema en estos momentos es que el encargado de defender a la Argentina ante el GAFI, deberá pensar pronto como se defiende a sí mismo en el caso de Sergio Schocklender -sospechado de haber lavado dinero con los fondos destinados a construir viviendas sociales-.
José Sbatella, quien negocia en México, es el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), el mismo organismo que desde hace un año mantuvo cajoneadas varias denuncias sobre supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de las Madres de Plaza de Mayo. Por ese motivo, el fiscal Guillermo Marijuán pidió al juez Sergio Torres que investigue a Sbatella, ahora imputado por el posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Mientras el titular de la UIF intenta en México evitar sanciones para la Argentina, otro escenario incómodo comienza a generarse en los tribunales de Comodoro Py, en Capital Federal. Todo ocurrió el mismo día en que la presidenta anunciaba el plan "Televisores para Todos" y confirmaba su candidatura. Parece una paradoja tragicómica, pero ésta es la realidad que vive el país.