El nuevo factor: desaparece el miedo

 Tal vez Cristina Kirchner y sus colaboradores quieran ocultar el vínculo que enlaza a los dos males. Tal vez ellos mismos no perciban que están relacionados. Lo sepan o no, la carrera acelerada de los precios y el malestar social creciente están emparentados no sólo por la dinámica de la economía. La estrategia política de la Casa Rosada frente a estos dramas, lejos de resolverlos, los potencia.

La postal oficialista de este fin de año pinta una Argentina entregada a una fiesta de consumo, gracias a la política económica y social. Para esa imagen, las convulsiones de estos días no tienen que ver, como las que amargaron la Navidad de 2001. Son episodios artificiales, originados en la acción destituyente de villanos conocidos -Eduardo Duhalde, Mauricio Macri, la prensa independiente-, a los que se suman los nuevos conspiradores del Partido Obrero. Desde el décimo subsuelo del poder, al que fue confinado por su jefa, Aníbal Fernández grabó un video de Nochebuena para exponer estas tesis.

El argumento, que la maquinaria estatal repite ahora, ignora una evidencia elemental. La población que trabaja en el marco de un convenio laboral gasta más para evitar la desvalorización de su dinero, es decir, para no perder la carrera con los precios, mientras aguarda un nuevo aumento de salarios. En la medida en que esa cadena siga funcionando, Hugo Moyano no tendrá reparos en presentar a Amado Boudou como su candidato para los porteños.

Para los que viven con poco más que la asistencia estatal, la inflación tiene un efecto más dañino, ya que reduce su capacidad de consumo hasta sumergirlos en la pobreza. El kirchnerismo se felicita por la dicha navideña de la clase media, pero atribuye la insatisfacción de los excluidos a la oposición golpista. Es una trampa para la que había que prepararse desde que Boudou negó que la inflación afecte a los pobres. Así se pretende ocultar que el boom de consumo y la conflictividad de los excluidos son respuestas distintas a una idéntica perturbación; que los centros de compras desbordados y el club Albariño tomado son manifestaciones de la misma gestión económica. La política social más relevante del Gobierno no es la asignación universal por hijo, sino la inflación. Y esa política social es regresiva.

La señora de Kirchner pretende conjurar esa enfermedad con un pacto entre corporaciones. Pero la receta parece cada vez menos exitosa. Su limitación más evidente es conceptual: mientras el gasto público y la expansión monetaria mantengan los niveles de hoy en día, la inflación seguirá desatada. Pero hay otras razones que impiden confiar en la estrategia del Gobierno. Una de ellas es el desgano de Moyano para acordar con el empresariado. Entre la primera entrevista con los directivos de la UIA, durante el velatorio de Néstor Kirchner, y la segunda, el miércoles pasado, pasaron dos meses. Fue por las dificultades de agenda que planteó el secretario general de la CGT. Además, Moyano dedicó buena parte de la última reunión a discutir una iniciativa que, como él sabe, rompe toda negociación: la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas.

Para comprender la escasa colaboración de Moyano con el Gobierno, hay que prestar atención a un detalle: la CGT designó hace diez días a dos abogados penalistas -Eduardo Guarna y Mariano Cúneo Libarona- para hacer frente a la embestida judicial del fuero federal. El mensaje para la Casa Rosada es claro. Moyano ha decidido dar una respuesta corporativa a las acusaciones contra su familia, contra las obras sociales acusadas de cometer fraudes con subsidios, y contra la comisión arbitral que decide los encuadramientos sindicales. Los sindicatos pretenden incluir la cuestión penal en la agenda laboral.

En un intento por disolver el poder de bloqueo de Moyano, Julio De Vido celebró acuerdos con el sector de la construcción, la energía y la minería. En la CGT se quejan de la táctica. "No sirve para nada; nos necesitan igual", dice Omar Viviani. Admiten, sin embargo, que al camionero se le hará difícil evitar un acuerdo con los empresarios para la próxima paritaria. La UIA y los funcionarios exigen no superar el 20% de ajuste, la CGT pide un 24%, y lo más probable es que se firme un 22%. Los gremialistas tienen un incentivo poderoso, todavía tácito, para alcanzar el entendimiento. Pretenden que el Gobierno les entregue $ 6000 millones para sus obras sociales. Es el caudal que, según ellos, el Estado les retiene por errores de imputación contable. La negociación de estos fondos es desalmada: Moyano quiere $ 1000 millones antes de ponerse a conversar con los hombres de negocios. La Presidenta suele espantarse con jubileos de este tipo, que forman parte del opaco régimen económico que investigan los jueces.

Sería un error, sin embargo, considerar que la principal dificultad del pacto social es la dificultad de sentar a los gremios a la mesa. El problema de este acuerdo es que, aunque se realice, será efímero, y no sólo porque la ausencia de una política antiinflacionaria obligará a reabrir las negociaciones salariales varias veces en el año 2011. El motivo principal para que el sindicalismo se niegue a firmar una paz social duradera se encuentra en la conducta de Cristina Kirchner frente a las convulsiones sociales. La Presidenta está dejando en claro que tiene enormes dificultades para establecer un principio de orden que racionalice los conflictos de interés. El errático manejo de las fuerzas de seguridad es una inconfundible señal de extravío conceptual y debilidad operativa. Con los desmanes de Constitución, se demostró que durante los dos meses transcurridos desde la muerte de Mariano Ferreyra el Gobierno no encontró el método para despejar las vías del tren de los piquetes de trabajadores tercerizados.

Nilda Garré se niega a colaborar con la Policía Metropolitana, que pide su auxilio, pero desembarca con 6000 efectivos de la Gendarmería -el 25% del personal de esa fuerza- en la provincia de Buenos Aires, lo que significa intervenir "de facto" la bonaerense, sin haber fijado reglas de convivencia. La orden para que los uniformados enfrenten desprovistos de armas a los revoltosos terminó, allí donde fue obedecida, con varios gendarmes heridos. Garré continúa, en tanto, con su purga en la policía. Expulsó a otros 15 comisarios mayores, mientras sigue investigando el resto de los legajos. Tal vez no haya nada de imprudente en esa tarea, si no fuera porque algunos de los asesores que la realizan son sospechosos de haber participado, en sus tiempos de guerrilleros, en la masacre del comedor de la Superintendencia de Coordinación Federal, el 2 de julio de 1976. (Uno de ellos habría estado negociando en el fuero federal una absolución por ese crimen, por temor a que los jueces declararan la imprescriptibilidad de todos los actos terroristas, no sólo de los producidos por el Estado-).

El método del ensayo y error para enfrentar las medidas de acción directa tendrá efectos contraproducentes para la celebración del pacto social. Sencillo: Moyano y los suyos se consideran mucho más decisivos para el orden público que un tercerizado del Roca o un ocupa del club Albariño. Por lo tanto, se les hace agua la boca al advertir la actitud ambivalente del Gobierno frente a los focos que generan tensiones cotidianas.

Los efectos de la inflación, que mortifica a los desamparados y fortalece a los sindicatos, se están potenciando con una novedad política: la pérdida del miedo. Este es el efecto más visible de la muerte de Kirchner. El principal factor del orden que acataron los distintos actores sociales a partir de 2003, no fue un catecismo ideológico ni una jefatura carismática. Fue el temor a un líder capaz de volverse despiadado si advertía que su autoridad se desafiaba. Es ese temor el que su viuda no consigue, por supuesto, provocar. Es ese temor el que, al retirarse, desnuda la verdadera carencia del Gobierno: su más o menos aceptable actividad administrativa está siendo corroída por la falta de política.