El municipio, ¿defiende a los consumidores?
*Por María Laura Campás. En nuestro país desde el año 1993 contamos con un marco normativo que permitió regular los derechos de consumidores y usuarios. La evolución de los derechos del consumidor ha venido de la mano de grandes cambios a nivel mundial y de la necesidad existente a fines del siglo pasado de contar con un marco regulatorio, tanto a nivel internacional como nacional.
Ahora bien, y tal como decíamos, el marco regulatorio existe, el sistema funciona, pero bien podemos afirmar que aún quedan materias pendientes o al menos la necesidad de revisar el sistema existente.
Trabajando en la defensa de consumidores y usuarios hemos podido palpar, y estamos convencidos, de que aún falta un mayor compromiso por parte del Estado.
El ciudadano encuentra en primer lugar, y como más próximo a su presencia física, al Estado municipal. El Estado municipal es el primer órgano donde el ciudadano recurre ante sus necesidades.
Ante esta forma de relación ciudadano-Estado municipal es que creemos que este último debe cumplir un rol más activo en cuanto a la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.
Una forma de que tal participación se pueda implementar sería a través, tal como ya lo hemos sostenido en otras oportunidades, de la creación de un ente único de contralor de servicios públicos. Es necesario que tal ente único se encuentre representado por todos los sectores sociales que componen y que hacen a la prestación del servicio público.
En palabras de Gordillo y reafirmando nuestra posición, en cuanto al rol activo del Estado sostiene "el énfasis debe ser puesto en aquellos procedimientos y órganos administrativos que pueden ayudar a prevenir o reducir el daño: entes regulatorios independientes, audiencias públicas, acciones colectivas o de clase, medidas autosatisfactivas, cautelares autónomas, medidas innovativas, admisión amplia del amparo, etcétera".
En la medida que el municipio se acerque al usuario del servicio público podrá saber cuáles son sus necesidades. La forma de resolución siempre debe estar encuadrada en la participación de todos los sectores que hacen al servicio público. De esa forma la creación de un ente único de contralor debería funcionar y no ser una mera reunión entre autoridades, para dar imagen de presencia en un tema que comprende a toda la sociedad, ya que es la propia sociedad la que día a día utiliza los servicios públicos.
Sostiene Gordillo "servicio público es en todo caso una actividad monopólica de un concesionario o licenciatario particular o privado que ejerce un privilegio otorgado por el Estado; poder de policía, una facultad o atribución del Estado, que entre otras cosas se supone que limita y controla ese poder monopólico que ha concedido".
Lo dicho es una forma de aplicación del poder de policía del Estado. Por tanto y en base a ello, debería implementarse en el funcionamiento del ente único de contralor del servicio.
Desde otra línea y continuando con nuestra idea, creemos que el municipio debe tener un rol más activo en la recepción de reclamos, información, asesoramiento y resolución de conflictos referidos a derechos de consumidores y usuarios.
Las asociaciones de defensa de consumidores trabajamos con estas temáticas, es por ello que nos sería grato poder articular nuestro trabajo con el municipio, poder recurrir al mismo y que éste pueda recurrir a nuestras asociaciones.
El compromiso social con el trabajo por la defensa de los consumidores y usuarios debe verse cada día incrementado, el esfuerzo es compartido, pero bien sabemos que el municipio Ωpor ser el primer órgano que el ciudadano posee y por tener las herramientas legales y financierasΩ debe comprometerse a realizar un cambio en su papel actual.
Esperamos que se avance en la materia de consumidores y usuarios, materia que si bien es bastante joven, evoluciona cada día. El municipio debe defender más a los usuarios y consumidores, que son sus propios vecinos y contribuyentes.