El manejo de la policía bonaerense
El delito en la provincia de Buenos Aires no se combatirá eficazmente creando nuevas fuerzas policiales continuamente.
Uno de los grandes déficits que arrastra a lo largo de muchos años la provincia de Buenos Aires es el de la seguridad y, dentro de ella, el manejo y control de la policía bonaerense.
Casos aberrantes se combinan con la ineficiencia policial y, a veces, también con la complicidad de esa fuerza o la participación de algunos de sus efectivos en hechos delictivos. Ha sido evidente la falta de capacidad política para cambiar esta situación que se agrava de día en día.
Por eso es que la reciente decisión del gobernador Daniel Scioli de otorgarles participación en la designación de la nueva plana mayor de la bonaerense a los intendentes del conurbano y jefes políticos de distrito constituye un error. Y para complicar aún más el panorama se suma otra medida del mandatario provincial, consistente en la creación de una nueva fuerza de seguridad, la Policía de Prevención Municipal, que tendrá un jefe operativo policial pero dejará en manos de los intendentes la planificación de sus acciones. Comenzará a operar en el conurbano, tendrá efectivos armados y el jefe podrá ser sugerido por los propios intendentes.
Por último, si bien avanza la redacción de un proyecto de ley para crear en la provincia la tan necesaria policía judicial, que reemplazará en las investigaciones judiciales a la cuestionada bonaerense, existiría la intención de que aquélla funcione en la órbita del Poder Ejecutivo bonaerense y no del Judicial, como proponen la Comisión Provincial por la Memoria, funcionarios judiciales y organismos de derechos humanos.
Con estas medidas, Scioli procuraría mantener la iniciativa y, al mismo tiempo, trataría de evitar que la cada vez más crítica realidad policial proporcione argumentos al gobierno nacional para una eventual intervención en esa área.
Sin embargo, las medidas abren serias dudas sobre su efectividad. En primer término, coexistirán cinco policías en el territorio bonaerense: la policía de seguridad de la provincia de Buenos Aires; la policía Buenos Aires 2; las policías comunales que operan en unos 90 distritos; las policías distritales, que actúan en medio centenar de partidos, y la Policía de Prevención Municipal. Esta abundancia no sólo no significa mayor seguridad, sino todo lo contrario: es la admisión del fracaso. El delito no se combate creando continuamente nuevas fuerzas policiales.
Tampoco se lo combate otorgando un enorme poder de gravitación y de decisión a los intendentes del conurbano porque hace tiempo que ellos han ejercido de hecho un poder similar y eso no se tradujo en una mejora de la seguridad. Una mayor relación entre policías e intendentes que en muchos casos ejercen el poder político como verdaderos caudillos del siglo XIX, perpetuándose en medio de sospechas de corrupción, no redundará en una mayor lucha contra el delito, sino en una mayor contaminación política de la policía.
En el conurbano bonaerense se registran 1138 denuncias diarias que representan el 63 por ciento de las denuncias de toda la provincia.
La falta de profesionalismo de la policía provincial quedó en evidencia en un sinnúmero de casos, entre los cuales se encuentran el de la familia Pomar, en el que la policía demoró 24 días en hallar a la vera de la ruta 31 el automóvil en el que murieron los miembros de esa familia. También, la desaparición de un helicóptero Robinson y su piloto, y el secuestro y asesinato de la menor Candela Sol Rodríguez, caso en el que se barajó la posible complicidad policial.
Es que son muchos los integrantes de esa fuerza que se ubican en ambas márgenes del delito. Prueba de ello son las denuncias judiciales iniciadas hace ocho años por la gobernación provincial contra 20 altos jefes policiales por presunto enriquecimiento ilícito. Ninguna de ellas concluyó con un juicio y la mayoría están archivadas o en peligro de prescripción.
En septiembre del año pasado, familiares de Carolina Píparo, la mujer atacada cuando cursaba un embarazo de nueve meses (su bebe falleció), sostuvieron que Scioli les confió que, en materia de seguridad, tenía "las manos atadas".
El despliegue de anuncios y trascendidos de los últimos días, la remoción de la cúpula de la bonaerense y la proliferación de fuerzas policiales parecen querer mostrar una capacidad de iniciativa que sólo quedará confirmada cuando disminuya la cantidad y gravedad de los crímenes en la provincia y se despejen las sospechas sobre su principal fuerza policial.