El mal llamado caso Schoklender y el futuro de Cristina

Hay algo más grave: si las autoridades nacionales no saben quiénes son los responsables de auditar fondos de esa magnitud, asignados sin licitación, y se produce una estafa, es claro que el mayor responsable, por acción u omisión, es el Poder Ejecutivo Nacional.

Distintos funcionarios del gobierno kirchnerista, sin embargo, hicieron lo posible por enrostrarle toda la culpa de lo sucedido a Sergio Schoklender, el apoderado de la fundación presidida por Hebe de Bonafini.

Con argumentaciones burdas, desde el oficialismo se buscó circunscribir el escándalo a la traición de un gerenciador deshonesto y descalificar cualquier insinuación de que la Justicia debería investigar a la fundación de las Madres y al propio gobierno nacional, recurriendo a una insólita condena ventilada por los comunicadores afines al Gobierno: "Ahora vienen por los derechos humanos".

Así como al arribar a la Casa Rosada, en 2003, el kirchnerismo buscó acercarse a los organismos de derechos humanos para lograr que se le abrieran algunas puertas en el exterior, ahora el Gobierno busca protegerse con el escudo supuestamente moral de las Madres de Plaza de Mayo para deslindar cualquier responsabilidad en un desfalco del que, como mínimo, es cómplice.

Si las falsedades vertidas por Schoklender quedaron rápidamente expuestas, algunas argumentaciones empleadas por funcionarios gubernamentales rozaron el ridículo. La más gráfica fue la del subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, quien expresó días atrás, nada menos que ante el Congreso, que "el Gobierno no tenía trato directo con las Madres", pese a que aportó a la organización fondos por 765 millones de pesos sin licitación previa. Olvidó que él y otros funcionarios de peso participaron junto a las Madres de actos públicos en los cuales se inauguraron viviendas, y desconoció también que el propio canciller Héctor Timerman se preocupó seriamente por difundir el programa Sueños Compartidos en el exterior y por ayudar a la fundación a exportar sus viviendas sociales a Brasil.

El caso en cuestión ha puesto al descubierto la fragilidad y la corrupción de un modelo basado en la entrega de subsidios o de espacios de poder, a cambio de alineamiento político y de retornos, a través de las vías más grotescas o las más sofisticadas.

Este modelo de intercambio de favores es común a las transacciones que el gobierno kirchnerista efectuó tanto con las Madres de Plaza de Mayo como con el grupo sindical encabezado por el titular de la CGT, Hugo Moyano. Ambos sectores pasaron a ser nuevos beneficiarios del capitalismo para los amigos. En el caso del dirigente camionero, a cambio de un control de la calle del que careció, por ejemplo, Fernando de la Rúa.

Hebe de Bonafini, Sergio Schoklender y Hugo Moyano se convirtieron, así, en emblemas del kirchnerismo. Desde hace meses, la presidenta Cristina Kirchner intenta despegarse de la pésima imagen que el sindicalista y sus métodos extorsivos de protesta tienen en la opinión pública. Y desde hace pocos días, su gobierno intenta transformar a Schoklender en el único responsable de los atroces negocios que se celebraron con los impuestos de todos. En cambio, la jefa del Estado intenta salvar a la titular de Madres de Plaza de Mayo: "A Hebe hay que protegerla", ordenó, antes de que distintos referentes de organizaciones de derechos humanos se encargaran de cuestionar con dureza a Bonafini.

Un trabajo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) destaca que, tomando datos de la encuesta permanente de hogares del Indec correspondiente a 2010, el 25 por ciento de las viviendas de los grandes aglomerados urbanos pueden ser consideradas precarias, en función del material de construcción, su ubicación, el nivel de hacinamiento o los servicios con que cuentan. Esa precariedad habitacional asciende hasta el 35 por ciento en el norte argentino y en el Gran Buenos Aires.

Ante esta grave situación, resulta justificada la indignación producida por las sospechas de desvío de fondos sociales, empleando el paraguas de una organización de derechos humanos.

Pero el mal llamado caso Schoklender -que no empieza ni termina en la deshonestidad de un "sátrapa", como se intenta hacer creer desde el oficialismo- es apenas un ejemplo de una operatoria por la cual se canalizan recursos fiscales hacia entidades que, al ser de naturaleza no estatal, no están sujetas a los procedimientos de contratación y de control que rigen dentro del Estado. En la misma lógica, se ubican las transferencias del sector público hacia empresas privadas o a sociedades anónimas con participación estatal, como Enarsa o Aerolíneas Argentinas. Cabe preguntarse, entonces, cuántos personajes como Schoklender harán negocios con el Estado sin que lo sepamos.

Presente y futuro de Cristina

Un estado de inquietud volvió a percibirse en esferas gubernamentales, junto al rumor, que curiosamente hizo subir a la Bolsa porteña, de que Cristina Kirchner evaluaba no presentarse a su reelección.

Nadie sabe qué pasa por la cabeza de la Presidenta en estas horas. Sí trascendió su enorme malestar por el escándalo en torno del programa de vivienda de las Madres de Plaza de Mayo. Allegados al Poder Ejecutivo indicaron que, como en otras oportunidades, la primera mandataria se enojó porque nadie a su alrededor es capaz de anticiparle lo que va a ocurrir. Al parecer, no imaginaba que la salida de Schoklender de la organización presidida por Bonafini iba a tener el impacto mediático y político que tuvo. Y, también al parecer, estaba convencida de que había una tregua con Moyano, por lo cual tomó como un ataque personal el reconocimiento del sindicalista de que la inflación es el talón de Aquiles del Gobierno, revelación surgida ante una pregunta puntual de estudiantes de la Universidad de Belgrano durante una entrevista pública al líder cegetista.

Paradójicamente, en la Casa Rosada se comenta que la Presidenta habla cada vez menos con muchos de sus colaboradores.

La inquietud gubernamental se agranda por los posibles cambios que pondría en práctica Cristina Kirchner en un eventual segundo gobierno o quizás antes. Es que, frente a un proceso inflacionario irrefutable y a un creciente déficit fiscal, sólo disimulado por los aportes de la Anses y del Banco Central, hay quienes piensan que llegará la hora de ponerle fin a la política de subsidios a la oferta de servicios públicos, o acotarla. La salida de Julio De Vido, el ministro que puso en marcha esa maraña de subsidios, será prácticamente un hecho desde diciembre y quien suena como su reemplazante es Amado Boudou.

Nadie en el Gobierno sabe qué está pensando Cristina Kirchner en relación con su futuro. Aunque nadie cree verdaderamente que vaya a resignar la candidatura a un segundo mandato. El único plan B factible es convocar a Daniel Scioli, pero una decisión semejante podría desatar una crisis en el oficialismo de consecuencias impredecibles. Si la Presidenta tuviera resuelto no postularse, nadie podría explicar el motivo de su obsesión por controlar a Moyano o por intervenir hasta en los mínimos detalles de la campaña porteña de Daniel Filmus.

En las próximas horas se sabrá si sus buenos números en intención de voto han sido afectados por el escándalo de las Madres. También podrá empezar a determinarse si la postulación de Hermes Binner, además de atomizar más a la oposición, podría restarle chances al kirchnerismo de acercarse al 45 por ciento y, eventualmente, de impedirle llegar al 40. La mejor encuesta, de todas formas, será la primaria abierta del 14 de agosto.