El lado oscuro de una política que debe ser transparente
* Por Ricardo Kirschbaum. La política de derechos humanos del Gobierno siempre ha sido uno de los estandartes que se alzaron más alto.
En cualquier opinión sobre la gestión del matrimonio Kirchner en la Casa Rosada, es inevitable la mención positiva de una de las vigas maestras en la que se sostiene su iconografía. La historia nos explica que no siempre estuvieron al frente de la defensa de los perseguidos y torturados, sobre todo durante la dictadura militar. Néstor y Cristina (más él que élla, es cierto) tuvieron una conducta zigzagueante en la cuestión de los derechos humanos . Pero finalmente la impulsaron, aunque algunas iniciativas (Obediencia Debida y Punto Final) no fueron del oficialismo. Al adoptar la política de derechos humanos como propia –ignorando, por ejemplo, en el discurso de cesión de la ESMA, el ejemplar juicio a las Juntas Militares que dispuso Alfonsín– Kirchner la convirtió en la piedra basal del acuerdo con un gran sector de la izquierda peronista y no peronista.
El ex presidente, por entonces, estaba obsesionado con el "control de la calle" , esto es disponer de un activo desplegable y, a la vez, dependiente políticamente, que le permitiese contener con eficacia las manifestaciones de protesta que habían tumbado a De la Rúa y obligado a Duhalde, tras el asesinato de Kosteki y Santillán, a llamar a elecciones anticipadas .
Aún con esa especulación política, innegable, los avances sobre las responsabilidades penales de los secuestros y desapariciones han sido históricamente aleccionadores .
Las organizaciones de derechos humanos, con pocas excepciones, cerraron una alianza incondicional con el Gobierno, al que justifican aun en sus tropiezos más groseros . Esa conducta ha despertado críticas por lo que denominan "partidización" de los derechos humanos.
El "caso Schoklender" ha desnudado impúdicamente, en el caso de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, el lado oscuro de la utilización política de una causa honorable y valiente . El ex apoderado de la Fundación está siendo acusado por lavado y estafa por el desvío de fondos públicos, que se giraban a las Madres para la construcción de viviendas. Schoklender, en su contragolpe para romper el cerco, sostiene que parte de esos dineros se usaban para financiar la campaña electoral de la actual Presidenta , de su ministro de Economía, y de Abel Fatala, que ejercía como contacto entre el Estado y la Fundación.
¿Quién podría objetar a la Fundación de las Madres? Ese vallado ético parecía lo suficientemente denso como para que resistiese cualquier escrutinio de los manejos de dineros públicos a favor de las carreras políticas de quienes lo otorgaban , que quedaban fuera de interpelación alguna.
Aún cuando la consistencia moral y pública del denunciante afecta la veracidad de su propia condición, ese lado oscuro debe ser iluminado de inmediato . Una causa noble no debiera haber sido pervertida , sea cual fuere el fin que se haya invocado para hacerlo.