El injusto impuesto al trabajo
Reivindicada como progresista, la política fiscal del Gobierno nacional es acentuadamente regresiva, porque golpea con creciente dureza a los sectores de ingresos fijos.
Un estudio comparativo realizado por un instituto privado de investigaciones macroeconómicas estableció que "la presión fiscal sobre los salarios, medida como el porcentaje del ingreso que se lleva el Estado por el Impuesto a las Ganancias, se elevó fuertemente en la última década".
En ciertos casos, ese incremento superó el 400 por ciento entre 2001 y 2010. Aunque ese impuesto al trabajo resulta, casi siempre, un fuerte sacrificio, el Gobierno nacional prevé hacerlo aún más duro, porque en las previsiones para el año actual millares de ciudadanos deberán transferir al Estado un alto porcentaje de sus remuneraciones. Estas verdaderas exacciones se producirán en un contexto de crecimiento del ritmo inflacionario. Se pagará más a cambio de menor poder adquisitivo. Extraña metodología para estimular el consumo y crear más posiciones laborales.
Los ejemplos dados por los autores del estudio son harto concluyentes: "Para un sueldo neto de 12.500 pesos en 2010, el impuesto anual fue de alrededor del ocho por ciento, mientras que un empleado que en 2001 percibía un ingreso con similar valor de compra, tenía un descuento equivalente al dos por ciento. Para un ingreso más elevado, de 18 mil pesos en 2010, la presión se elevó del 6,5 al 15,5 por ciento, aunque en este caso hubo una caída después de 2008 (cuando la tasa había subido más allá del 20 por ciento), por cambios en la forma de calcular el tributo".
La pregunta es si se justifica este sacrificio. La respuesta es, obviamente, no. El Gobierno podrá aducir que en la mayoría de los países de la eurozona, Estados Unidos y Escandinavia la presión tributaria es comparativamente mayor. Ese argumento no resiste el menor análisis, porque, como retorno por sus aportes al erario, esos pueblos reciben sistemas de salud, de educación y seguridad totalmente superiores a los que se ofrecen en nuestro país, donde en los últimos años se ha agravado la marginalidad de vastos sectores de la población de los bienes de la salud, de la seguridad, de la cultura, de entornos libres de contaminación y urbanísticamente adecuados.
La mayor inequidad respecto del Impuesto a las Ganancias se infiere a los jubilados y pensionados. Lo que perciben, dejando de lado su monto generalmente miserable, no puede ser considerado ganancia. Porque no es el resultado de ninguna transacción. Son sumas fijadas de manera unilateral por el Estado, que durante más de tres y hasta cuatro décadas exigió aportes a cambio de la promesa, jamás cumplida, de un ingreso mensual que reconocería el inalienable derecho a una ancianidad decorosa.
Además, la previsión de mayor exacción fiscal se explica fácilmente por el hecho de que este año habrá elecciones presidenciales, lo que multiplicará el gasto oficial desmadrado de año en año, pero siempre insuficiente para el proyecto continuista.