El Gobierno y Techint sólo discuten por un sillón
* Por Carlos Burgueño. Avanzaron en acuerdo por nombrar otro director, la empresa cuestiona aún a Kicillof.
El final del conflicto entre el Gobierno y Techint podría resolverse en 24 horas. La Casa de Gobierno será la responsable de definir si sostiene el nombre de Axel Kicillof como el representante de las acciones del sector público en la siderúrgica Siderar. Por su parte, la empresa aceptaría ampliar en dos los sillones de representación del Gobierno, pero esperaría como retribución que no sea este economista el designado por el oficialismo para representar al Estado.
En principio, desde el Ministerio de Economía de Amado Boudou y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de Diego Bossio, se intentaba ayer que se acepte la intención de llegar a un acuerdo por parte de la compañía, cambiando el nombre de Axel Kicillof como el representante del Estado. Sin embargo, el ala política del Ejecutivo, con el secretario legal y técnico, Carlos Zannini; y el secretario de Medios, Juan Manuel Abal Medina, quieren sostener el nombre del economista y continuar con el conflicto todo lo que sea posible. El ala política ve en el enfrentamiento un costado electoral para explotar en la mítica de la pelea «contra las corporaciones». Si finalmente ésta es la postura que permanece, y la empresa acepta a Kicillof, el conflicto terminaría y el 21 de julio, en la próxima asamblea de Siderar, se daría por finalizado el problema. Si el grupo Techint sigue sin avalar al economista, el conflicto continuará por tiempo indeterminado.
La disputa tendrá un nuevo capítulo mañana durante una audiencia en Tribunales, llamada por la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. Se trata de una medida de la Justicia antes de emitir un fallo definitivo sobre el decreto que rehabilitó los derechos societarios del Estado sobre las acciones heredadas de las AFJP.
La intención original de la Casa Rosada es colocar directores en la empresa gracias al 25,97% de las acciones de Siderar que heredó de la estatización de las AFJP.
La incorporación del economista Kicillof fue propuesta por el Gobierno en la asamblea de accionistas del 15 de abril último. Para mañana se espera que haya un careo y se especula que por el Gobierno concurran Boudou y Bossio. «Yo ya no tengo más que hacer, está en manos de la Justicia», dijo recientemente Kicillof, subgerente general de Aerolíneas Argentinas.
En la asamblea del 15 de abril, los representantes legales de la ANSES intentaron hacer valer los derechos que había reinstalado dos días antes el Decreto 441 que autoriza a la Administración a nombrar directores en empresas de acuerdo con la cantidad de acciones que heredó de las AFJP. Hasta ese momento regía el tope del 5% de poder de veto que se aplicaba a las AFJP y el Estado sólo podía designar un director en cada una de las compañías donde posee participación accionaria.
La mayoría de los accionistas, incluidos los controlantes, rechazó en abril la propuesta de los letrados oficiales. Dispusieron un reparto de dividendos muy inferior al que reclama la ANSES.
Con la aplicación de este decreto, el Ejecutivo nombró ya, entre otros, al viceministro de Economía, Roberto Feletti, como director en el Banco Macro, y a los enviados de Amado Boudou, César Forcieri y Juan Mazón, al Grupo Financiero Galicia y al Banco Patagonia, respectivamente. Además de estas empresas, por la aplicación de ese decreto, el Gobierno ya tiene sentados representantes enviados por la ANSES en Consultatio, Distribuidora de Gas Cuyana, Transportadora de Gas del Sur, Grupo Concesionario del Oeste, Camuzzi Gas Pampeana, Juan Minetti, Quickfood (también en conflicto por el nombre del representante y la influencia del Estado), Mirgor, Metrovías, Metrogas, Central Puerto, Transportadora de Gas del Norte, Petrobras Argentina, Telecom, Central Costanera, Transener, Solvay Indupa, Endesa y Pampa Energía, entre otras. Todos estos representantes estuvieron recibiendo instrucciones precisas sobre cómo tendrán que actuar como representantes del Estado en los directorios. Fue el 21 de junio pasado en la sede de la ANSES, donde Bossio, Amado Boudou y el abogado Ricardo Nissen explicaron largamente el rol, los derechos y los alcances que pueden tener los directores del Estado en la decisión de las empresas seleccionadas. Ese día, otro abogado, Héctor María García Cuerva, y el síndico general de la Nación, Daniel Reposo, se explayaron sobre los aumentos y las disminuciones del capital social. En otras palabras, las razones por las que el representante del Estado tiene el derecho de ser escuchado en las asambleas y el resto del directorio, tomar nota de lo que el sector público quiere de estas empresas.
En los próximos días, el Gobierno deberá enfrentar otro capítulo en este tema. Hugo Moyano se prepara para protestar por la falta de consulta a hombres de la CGT en el momento de elegir integrantes del Estado para estos directorios. En su momento, cuando se firmó el decreto, había sido el santafesino Juan Carlos Schmidt el que había reclamado que se tuviera en cuenta a la central obrera al seleccionar estos representantes. Había sido antes que la Casa Rosada dejara fuera de las listas para diputados nacionales al sindicalismo moyanista.