El Gobierno sospecha sobre el patrimonio de los jueces tras el fallo por las tarifas
Los miembros del Poder Judicial se niegan a presentar las declaraciones juradas de sus bienes que piden desde el Ejecutivo.
La Oficina Anticorrupción (OA), organismo público a cargo de Laura Alonso, enviará un pedidoa los cinco integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJN), a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y a los integrantes del Consejo de la Magistratura para que se pongan al día con el envío de sus declaraciones juradas.
La acción del Gobierno, que alega estar amparada por la reforma de la Ley de Ética Pública, parece evidenciar cierta sospecha sobre la situación patrimonial de los funcionarios judiciales. El Ejecutivo pretende que estas se publiquen en el sitio web de la OA, como afirman que dice la norma.
En este sentido toman relevancia las acusaciones de la diputada oficialista Elisa Carrió contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, a quien denunció por supuesto enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, desde la OA el argumento intenta ser más diplomático. "Creemos que la publicación de las declaraciones juradas en nuestro sitio será un avance en materia del fortalecimiento del sistema de integridad nacional dando un paso más en el cumplimiento a los tratados internacionales contra la corrupción de la ONU y la OEA", dijo Alonso.
El pedido no llega en cualquier momento, pues apenas pasaron dos semanas desde que la (CSJN) impugnó los aumentos de 400% de las tarifas de gas para los usuarios residenciales. ¿Sed de venganza?