El Gobierno presentó un nuevo proyecto de ley para realizar el divorcio sin pasar por la Justicia
El oficialismo envió un proyecto a Diputados para modificar el Código Civil. La iniciativa busca agilizar el trámite, reducir costos y evitar la judicialización. Sólo regiría cuando ambos cónyuges estén de acuerdo.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto que buscar agilizar los trámites de divorcio. El texto prevé la posibilidad de finalizar el matrimonio por vía administrativa: es decir, sin tener que pasar por la Justicia. Eso sí: la posibilidad sólo sería válida si ambos cónyuges estén de acuerdo.
En la práctica, la nueva norma enviada a la Cámara de Diputados busca reemplazar el artículo 435 del actual Código Civil y Comercial. Hasta ahora, estaban previstas tres causas para la disolución del matrimonio: muerte de uno de los cónyuges, sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento y divorcio declarado judicialmente.
En la nueva fórmula propuesta, se suma un cuarto inciso: el divorcio en sede administrativa, equiparado en cuanto a sus efectos con el divorcio declarado judicialmente.
A su vez, se incorpora al artículo 437, que establece cómo legitimo el divorcio en sede administrativa, y aclara que debe ser "exclusivamente a petición conjunta de ambos cónyuges". El pedido, además, se debe formalizar ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente al último domicilio conyugal.
El proyecto presentado llevas las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Entre los argumentos que se desarrollan en la introducción de la norma, se destaca la voluntad de agilizar el trámite y hacerlo más económico. "Se propone implementar un divorcio simplificado con mayor libertad y menos oneroso, permitiendo de esta manera a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo para una vía más simple, más rápida y más económica".
Por otra parte, plantea que los divorcios judiciales suelen demorar, por lo que "el tiempo que insume el referido proceso implica para las partes durante ese período que no podrán disponer de algunos de sus bienes con entera libertad". Además, sostiene, derivar estos casos a la vía administrativa ayudará a descomprimir la demanda que genera acumulación de causas en el sistema judicial.
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