El Gobierno piensa en una nueva reforma previsional para achicar el gasto público

El Gobierno puso en la discusión con las provincias del nuevo presupuesto 2019 la propuesta de un nuevo cálculo del aumento a las jubilaciones.

La propuesta avanza en un formato que desindexe las jubilaciones y las desenganche de la inflación, algo que quedó contenido en la última reforma del sistema previsional, la que produjo una fórmula de actualización que sumaba a esa indexación a millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

En las conversaciones sobre una nueva fórmula, también son desacoplados de la actualización por inflación. Los delegados de las provincias escucharon esa posibilidad como la que más efectos puede tener en la reducción del gasto de la Nación. Los que representan a distritos de la oposición son más que escépticos sobre el trámite que tendría, en el Congreso, una nueva reforma previsional a la baja, según informa Ignacio Zuleta en el diario Clarín.

La mayoría admite entender que un sistema previsional que se actualiza por inflación es una indexación fatal de buena parte del gasto nacional, pero también reconocen que ningún partido ni dirigente - oficialista u opositor - querrá levantar la mano para una ley que repita el debate de la última reforma, que se logró por un acuerdo entre el oficialismo y el llamado peronismo racional.

Esta reforma, además, mueve toda una relojería institucional que compromete fallos de la Justicia. ¿Y si hubiera un DNU? Siempre en el nivel informal de las conversaciones de la última semana, en ese caso el oficialismo pagaría todo el costo, y la oposición racional podría ayudar mirando para otro lado. Para el Gobierno pagar el costo de una reforma así es un detalle menor después de echarse en brazos del FMI. Lo hizo por necesidad extrema de gobernabilidad, la misma que lo movió a ofrecer este camino de manera informal.

La oferta de ese programa máximo del Gobierno para reducir el gasto quedó limitada en las últimas horas a la fase oral de la negociación con las provincias. Se entiende que no hubiera papeles en esos encuentros, de los enviados de los gobernadores con las negociaciones de Interior y de Hacienda: sólo palabras para tantear hasta dónde están dispuestos los gobernadores a ceder posiciones y partidas, para mantener la baja del gasto y cumplir el año que viene el número mágico del déficit fiscal del 1,3% del PBI, continúa Zuleta.

El cómo de ese reparto está también para negociar, siempre sin papeles para no tomar compromisos riesgosos, y para que nadie le tome la palabra a nadie. Cada sector que se acerca a la negociación pregunta por el destino de las grandes cajas, que van ganando protección. Un ejemplo es el destino del Fondo Federal Solidario o Fondo Sojero, que se alimenta con el 30% de lo recaudado en concepto de derecho de exportación de soja, en todas sus variedades y derivados. En esas charlas el Gobierno nacional ha hablado de quedarse con ese fondo durante la emergencia de la misma manera con la que amenaza otras partidas, como el aporte nacional como incentivo a la actividad docente, que ayuda a las provincias en el pago de los sueldos.