El Gobierno piensa convertir las jubilaciones por moratoria en planes sociales

El presidente Javier Milei y su entorno más cercano analizan sacar por decreto la derogación de la actual ley de movilidad jubilatoria e impulsar una nueva fórmula de aumentos de haberes que dejaría afuera del sistema a los casi 4 millones de personas que se jubilaron en las sucesivas moratorias previsionales de los últimos 20 años sin haber realizado los aportes correspondientes.

Según señala la periodista Stella Gárnica en A24.com, una alta fuente de Casa Rosada reveló que Milei espera que en las sesiones ordinarias el Congreso vuelva a tratar la ley bases para la libertad, en su proyecto original; de no lograr ese apoyo, va a hacer las reformas que cree indispensables por decreto. En el equipo más cercano a Milei, descartan la posibilidad de impulsar leyes por separado, como reclamaba la oposición.

Un decreto de estas características impulsaría para la ley de movilidad jubilatoria.

El presidente tiene decidido cambiar la movilidad por decreto en caso de que el paquete no se apruebe en el Congreso. En privado, el presidente insiste en que la pérdida de los jubilados frente a la inflación es responsabilidad de los legisladores y gobernadores de la oposición, que rechazaron el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso en sesiones extraordinarias.

"Si la hubieran aprobado, los jubilados ya estarían cobrando el aumento que propusimos", dijo uno de los funcionarios de llegada más directa al presidente ante la consulta de este portal.

Cerca de Milei cuestionan, entre otra de las herencias recibidas de los anteriores gobiernos por "los casi 4 millones de personas que se jubilaron en las sucesivas moratorias sin tener los aportes laborales".

Según el Gobierno, eso desfinanció al sistema previsional. Además señalan como una injusticia e inequidad del sistema actual, que "los que sí aportaron trabajando toda su vida, hoy están cobrando jubilaciones apenas por encima de la jubilación mínima", por debajo de la línea de pobreza.

En números, según la misma fuente, los que se jubilaron por moratoria representarían cerca del 90% de los jubilados que perciben el haber mínimo. Para ellos, Milei evalúa la creación de un mecanismo por el cual se los diferencie de los que sí aportaron recursos al sistema previsional.

Si bien aclaran que no dejarán a esos jubilados sin ningún tipo de subsidios, el Gobierno piensa en que dejen de pertenecer al sistema de previsión social por no haber cumplido los requisitos legales y pasen a un sistema de subsidios distinto, más relacionado a los beneficios de planes sociales.

Este martes, mientras tanto, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, evitó referirse al proyecto, mientras puso en funciones al nuevo titular de la ANSES, Mariano A.S. De los Heros.

En nuestro país funciona el régimen de reparto, por el cual los trabajadores en actividad y las empresas contribuyen con sus aportes al pago de las jubilaciones. Dentro de este sistema hay más de 200 regímenes de excepción que cuentan con mejores condiciones que el resto.

Hasta septiembre de 2023 había más de 5,7 millones de jubilados y pensionados (90,5% más que en 2001) en el régimen nacional.

El 64,1% accedió al beneficio a través de una moratoria, y el 90,6% pertenece al régimen general y cobraba en junio de 2023 un haber medio bruto de $ 150.000 mientras que la mínima recién en el mes de marzo con el aumento por decreto superará los $134.000; menos que una canasta de indigencia. A eso hay que sumarle el bono extra anunciado por el gobierno, de $70.000 para los que cobran la mínima.

El gasto previsional fue del 9,3% del PBI en 2021, y el déficit previsional de la ANSES en 2022 representó el 2,8% del PBI.

En marzo de 2023 había 1,8 trabajadores aportando por cada persona que cobra un haber: se considera que debe haber 3 para que el sistema se autofinancie.

En 2008, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó la eliminación del régimen de capitalización (por el que cada trabajador acumula sus ahorros previsionales en cuentas individuales que pueden ser gestionadas por administradoras privadas) y su reemplazo por el régimen de reparto actualmente vigente.

En este sistema, son los trabajadores en actividad y las empresas, con sus aportes, quienes financian las jubilaciones. A esto se le suman otros fondos provenientes de impuestos y aportes del Tesoro nacional.

Los distintos esquemas de jubilaciones y pensiones del sistema previsional

Por un lado, se encuentra el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que cubre a la mayoría de los trabajadores registrados y es administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Pero también existen sistemas provinciales (que cubren a empleados públicos), esquemas previsionales con normativa propia (como el del personal de las fuerzas armadas y de seguridad) y cajas profesionales (como la de los abogados).

Para acceder a una jubilación una persona debe contar con 30 años de aportes laborales (descuentos que, en el régimen general, son del 11% del sueldo bruto) y tener 60 años de edad en el caso de las mujeres, y 65 años en los hombres.

Pero no todas las personas en la Argentina se jubilan bajo las mismas condiciones: existen algunas actividades que cuentan con beneficios especiales, ya sea por acortar la edad de retiro (en el caso de actividades consideradas insalubres), exigir una menor cantidad de años de aportes (por ejemplo, a trabajadores agrarios y de la construcción se les piden 25 años), el nivel de haberes (las jubilaciones son más altas) o las reglas de movilidad (el tipo de actualización al que están sujetas).

En el SIPA existen 7 tipos de regímenes especiales que nuclean a docentes universitarios, docentes no universitarios, trabajadores de Luz y Fuerza, investigadores científicos, empleados del Poder Judicial, personal del Servicio Exterior y trabajadores de los Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) de Río Turbio.

Pero, además de ellos, en el sistema general existen unos 200 regímenes de excepción. Se trata de subsistemas enrolados dentro del régimen general, pero que otorgan algunos beneficios particulares, como el acceso a un retiro temprano o mayores ingresos.

(Fuente: A24)