El Gobierno pidió a los gobernadores de JxC los nombres de los diputados que van a votar la Ley Bases

La negociación por la ley Ómnibus y el paquete fiscal entre el Gobierno y las provincias aliadas entró en la fase final. Las discusiones, que hasta ahora se habían mantenido a grandes rasgos, pasaron a versar sobre números, nombres y detalles técnicos. En el encuentro con los mandatarios de Juntos por el Cambio, la Casa Rosada se comprometió a entregarles a todos los distritos, a más tardar el lunes, un “borrador final”, que servirá de base para podar el proyecto inicial en el plenario de comisiones. Pero les pidió a los radicales y de PRO una lista con todos los diputados y diputadas que estarían dispuestas a levantar la mano. Algunos mandatarios se mostraron muy de acuerdo y aseguraron que serviría para “evitar confusiones”, pero otros creen que es inviable asegurar voluntades.

El grueso de la reunión de ayer, más allá de los temas puntuales (Ganancias, la reactivación de algunas obras públicas y el pago de la deuda por las cajas previsionales), giró como nunca en torno a un abierto “toma y daca”, admitieron en Balcarce 50.

Los gobernadores plantearon distintos pedidos, algunos más amplios, otros más específicos, pero todos mostraron urgencia por conocer un boceto lo más cercano posible a la idea final que tiene en mente el Gobierno. El ministro del Interior, GuillermoFrancos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, secundados por el asesor de Milei, Santiago Caputo, se comprometieron a pulir, a partir el día siguiente, viernes, y durante el fin de semana, la versión preliminar, y a enviarla el mismo lunes o, a más tardar, el martes.

Pero, por primera vez, pidieron a cambio una lista con las voluntades concretas que pueden “ofrecer” las provincias. Con el recuerdo de la frustración de febrero fresco, esta vez Javier Milei quiere jugar sobre seguro. “Ahora está todo hablado, blanco sobre negro. Si no se aprueba, es realmente porque nos traicionaron”, deslizó un funcionario nacional que forma parte de las conversaciones políticas para destrabar las iniciativas.

Algunos los gobernadores se mostraron abiertamente a favor de la iniciativa. “En la votación se generan confusiones, y al Gobierno le importa un comino quién responde a quién. Tienen razón. Algunos preferimos que se blanquee la situación, y que nadie se atribuya apoyos que no tiene, o que después carguen en contra de los que no los consiguieron”, dijo uno de los mandatarios, y admitió que las internas dentro de los bloques aliados complicaron el último debate.

Otros mostraron pruritos sobre ese pedido con el argumento de que hay muchos gobernadores que están lejos de mantener control total sobre todos los legisladores de sus provincias, porque responden a factores de poder económico local, llegaron a las nóminas de candidatos por pactos con otros partidos o directamente responden a facciones disidentes de la fuerza a nivel nacional. “Nuestros diputados y senadores tienen peso y trayectoria propia, es torpe pensar que van a hacer lo que el gobernador les diga”, dijeron en uno de los distritos. En otro agregaron, también con cierta reticencia: “Francos viene haciendo un trabajo fino, hablando con todos, sabe quién acompaña”. Además, recordaban que aún no vieron el proyecto “final”. “Ellos quieren hablar sobre concreto, nosotros también”, argumentaban en Gobierno.

Más allá del conteo de votos, en Gobierno avisaron que Bases y el capítulo fiscal no se tratarán como un mismo paquete, sino por separado, y que no enviarán nuevas versiones al Congreso, sino que usarán el conjunto original de artículos que le había entregado Francos a Martín Menem personalmente para el primer debate, aquel que fue retirado del recinto en el comienzo de enero cuando se redujo considerablemente el acompañamiento de los aliados.

Aquella batería de medidas se pulirá durante el plenario de comisiones, explicaron, hasta terminar de recortar a través de “vetos” los dos tercios que acordaron dejar afuera en las conversaciones de los últimos dos meses. Y probablemente, advirtieron en el oficialismo, el PRO como Hacemos Coalición Federal nombren a sendos “guardianes” para el proceso de tallado de la letra chica del texto que irá al recinto a la postre. Pero es temprano para saber a quiénes designarán Cristian Ritondo y Miguel Pichetto, porque el oficialismo aún no determinó siquiera cuáles son las comisiones que se convocarán para trabajarlo.

El Gobierno quiere terminar de armar un poroteo fino, donde no sólo contará los votos de los aliados -entre el PRO y la UCR reúnen 10 mandatarios-, sino también a los “sin tierra” que responden a Pichetto, la Coalición Cívica y el Partido Socialista, reunidos en la bancada de Hacemos. Y a los gobernadores de fuerzas provinciales, como el misionero Hugo Passalacqua, sobre con quien tienen dudas.

Sí descuentan que los diputados “de” los peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) “están adentro”, deseosos por recibir más fondos coparticipables por Ganancias y por activar el nuevo Régimen de Grandes Inversiones (RIGI) para hacer crecer las industriales locales, sobre todo la minería y los hidrocarburos. Al igual que el salteño Gustavo Sáenz.

Es una incógnita, aún, cómo responderán los patagónicos, entre los cuales el santacruceño Claudio Vidal aparece como el más duro, y con quien la Casa Rosada exhibe particular malestar. “Viene a pedir fondos a Rosada y después regala 500 palos en merluza”, se quejó un asesor presidencial.

Además, hay una situación puntual con Santa Fe, luego de que Maximiliano Pullaro hiciera un reparo sobre los beneficios que podría representar el blanqueo, añorado por todos, para los cárteles de narcotraficantes que ponen en jaque su provincia. “Es lógico que no pueda garantizar que los suyos apoyen una ley que ayuda a los narcos, eso se puede entender”, dijeron en Gobierno, pero contaron que Francos se comprometió a transmitirle esas inquietudes al titular de Economía, Luis Caputo, para buscar un camino técnico que evite ese tipo de utilización.

Entre los temas puntuales, en las últimas horas trascendieron algunos detalles más de lo conversado, aparte de la revisión del mínimo no imponible de Ganancias, que quedaría ubicado entre los 1,2 y el 1,7 millones. Con respecto a la obra pública, la pelota quedó, también, del lado de los gobernadores, porque el Gobierno quedó a la espera de una lista con todas las obras que consideran prioritarias.

Sin embargo, como primera aproximación, un funcionario aseguró que se contemplan tres vías posibles, no necesariamente excluyentes. Primero, habilitarán y facilitarán que se retomen todas aquellas que tengan financiamiento internacional, prácticamente sin excepciones. Y para el resto, evaluarán dos alternativas: o bien transferirles la potestad sobre los trabajos de manera integral, para que cada distrito los termine con fondos locales; o bien hacer lo mismo, pero entregar fondos para terminarlas, posiblemente en forma de bonos. Esta discusión, de todas formas, está planeada para el mediano plazo, y no estará contemplada en la ley Bases ni en el capítulo fiscal.

Por último, aparece hay un punto de discordancia no menor. Muchos gobernadores entendieron que el Gobierno admitió que fue un error el polémico DNU por las cajas previsionales, y que prometió evaluar, incluso, la publicación de uno nuevo para “corregir” el anterior y regularizar los pagos. Pero en la Nación relativizaron esa versión. “El tema se va revisar, y seguramente sigan fluyendo los pagos. Pero no se va a publicar nada nuevo”, dijeron. En las provincias, aunque se muestran proclives a dar respaldo a Bases, siguen esperando ese gesto de buena voluntad de parte la administración de Milei para terminar de convencerse, según detalla Infobae.