El Gobierno multó por 1000 millones de pesos a Edesur y puso a veedores para controlar la calidad del servicio

El Gobierno determinó una serie de medidas que penalizan el accionar de Edesur, la empresa de distribución eléctrica que tiene unos 2,5 millones de clientes en el AMBA, donde presta servicios junto a Edenor.

La situación se terminó de definir el fin de semana luego de cortes y temperaturas récord. La secretaria de Energía, Flavia Royón, y el interventor del Ente Nacional de Regulación de la Energía (ENRE), Walter Martello, adelantaron la idea de sancionar a la empresa desde las redes sociales.

Esta se realizó una reunión de urgencia en el despacho del ministro Sergio Massa. Según fuentes oficiales, Massa recibió a los ejecutivos de la empresa con la televisión encendida con los incidentes provocado por los cortes.

Así, Massa instruyó a la Secretaría de Energía y al ENRE para:

1 - Aplicar una multa de mil millones de pesos a la empresa Edesur por los problemas de calidad en el servicio.

2 - Devolver a los usuarios que hayan sido víctimas de cortes superiores al promedio establecido en el contrato de la totalidad de la factura del último mes.

3 - Habilitar un ámbito de reclamo por daños a electrodomésticos domiciliarios.

4 - Instruir la puesta en marcha de una veeduría con auditoría a la que convocaremos a la Universidad de Buenos Aires para revisar el valor de activo regulatorio, cumplimiento del régimen de inversiones, cumplimiento de los tiempos de respuesta a los usuarios y calidad en el servicio de transmisión de toda el área de Edesur.

Esta tarde, luego de una reunión que mantuvieron al mediodía el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, cobró fuerza la idea de una intervención a la empresa. Se analizó y finalmente se optó por un cuerpo de veedores internos. Massa le llevó a Fernández parte de un informe en el que trabaja el ENRE donde se recomendaría la intervención, y el mandatario dio el visto bueno para que se siga trabajando en el tema.

Luego de esa reunión hubo otras, esta tarde, en el ministerio de Economía y en la secretaría de Energía, mientras que Martello termina de redondear el informe sobre Edesur.

Así se llegó a la reunión en la que se le comunicó a la empresa que habrá un equipo permanente de técnicos del ENRE in situ “con facultades para fiscalizar los procesos operativos, seguimiento de atención de reclamos e intervención en el desempeño frente a los usuarios”, le explicaron a Infobae fuentes oficiales.

En el último año, la empresa propiedad de la italiana ENEL suma multas por más de $2.000 millones. El argumento central de la compañía es que no puede disponer del precio de la tarifa libremente y que eso impacta de lleno en las inversiones y, por lo tanto, en la operación y en la calidad del servicio. Según explicaron hoy en una solicitada, Edesur “opera sin pagar dividendos desde hace dos décadas, a excepción de los USD 13 millones en 2009. En este contexto, el 100% de los ingresos de la empresa fueron direccionados a la operación, y en 2019 Enel inyectó USD 100 millones para poder financiar el plan de inversión”.

Más allá de la medida, Edesur ya se considera ya “intervenida”.

Hace un año y luego de cortes registrados en el verano de 2022, el ENRE dispuso “como consecuencia de los masivos cortes de suministro prolongado que persisten en la concesión de la empresa distribuidora Edesur” designar a una veedora en la empresa “con el fin de controlar la información sobre la operación de los cortes. Asimismo, y mediante la misma, se pretenden evaluar las medidas futuras que se tomarán desde el Ente”.

A tan efecto fue designada la ingeniera Silvia Carmen Merzi, funcionaria del ENRE. Algo similar había sucedido en 2014. La tensión entre la empresa y el kirchnerismo es de larga data y en diferentes momentos varios de sus representantes hablaron públicamente de la posibilidad de nacionalizar la distribuidora.

Ahora el contexto sería mucho más amplio y los interventores oficiales podrían decidir sobre la operación de la empresa. Desde despachos oficiales aseguran que la decisión, de tomarse, impactaría en la gestión y no en la concesión ni en su capital accionario. Ningún funcionario habla de nacionalización, al menos hasta el momento.

“No nos va a temblar el pulso si eso implica tener que terminar el contrato de concesión del servicio de distribución eléctrica a cargo de la empresa Edesur”, había dicho el domingo pasado en Twitter, en medio de los cortes, la secretaria de Energía, Flavia Royón.

“En forma inmediata el ENRE instruirá a reforzar las cuadrillas para restaurar el servicio e iniciará la auditoría del cumplimiento del plan de verano presentado”, aseguró.