El Gobierno insiste y no acepta limitar las tarifas: la oposición avanza con su ley

Al futuro del proyecto de ley para limitar las tarifas se les puede aplicar la teoría del gol de Maradona a los ingleses en 1986. Se supone que algo debería ocurrir, pero el rumbo no se tuerce a izquierda o derecha: va en línea recta hacia el arco. En este caso (sin necesidad de eludir los cinco rivales, como en la jugada genial de "el Diego"), hacia la sanción en el Senado y el veto presidencial.

Si no surge alguna alquimia inesperada de la política, este sigue siendo el escenario luego del últimátum el miércoles del jefe del PJ en el Senado, Miguel Pichetto, que emplazó al Gobierno a presentar una "alternativa" antes del martes, o avanzarán con la iniciativa que tiene media sanción de Diputados.

En la conferencia de prensa de ese mismo día, el presidente Mauricio Macri dio a entender que eso no iba a suceder -Cambiemos no presentará contrapropuesta-. Ayer lo ratificaron funcionarios del Gobierno y senadores del PRO.

"Si hubiéramos tenido una alternativa para que la gente no tuviera que pagar este nuevo aumento, lo hubiéramos evitado", sostuvo el senador Esteban Bullrich, a FM Blue. Y remarcó: "No hemos encontrado y no tenemos una alternativa. Esta que está arriba de la mesa (por el proyecto) no es realizable".

Bullrich, que es presidente de la comisión de Presupuesto, dijo que el proyecto tiene un costo fiscal de 80 mil millones de pesos, 1 punto del PBI de este año, lo que lo hacía "impagable".

También desde el PRO, el senador Humberto Schiavoni aseguró que "no hay alternativa posible, como dijo el Presidente" y para justificar además que el Gobierno no enviará contrapropuesta recordó la postura oficial de que el Parlamento "no tiene potestad para dictar una política tarifaria, que es atribución del Ejecutivo".

Schiavoni insistió en un punto que Cambiemos sabe que impacta al PJ: "Se perjudican las empresas distribuidoras de las provincias, que no están en condiciones de reintegrar lo que ya cobraron por sus servicios". Es que un artículo de la iniciativa dice que, una vez que se retrotraigan los valores de las facturas de luz, gas y aguas al 1° de noviembre de 2017, lo "cobrado de más" deberá ser devuelto en las siguientes facturas.

Desde la Casa Rosada, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fue menos contundente que los senadores, y no cerró la puerta a la posibilidad de algún cambio. "Algo que está tan objetado como este proyecto necesita un profundo debate y no estos tiempos perentorios que nos están fijando", sostuvo. Cerca del ministro, que es el responsable político de las relaciones con las provincias, aseguraron a Clarín que seguirán bregando para convencer -vía los gobernadores- de que el proyecto no es viable.

"No hay riesgo de que no salga el proyecto", retrucó un legislador del PJ. "Y va a salir tal cual como llegó de Diputados porque el Gobierno no tiene vocación de discutir nada", completó.

El proyecto aprobado en Diputados además de volver atrás a valores de noviembre establece que los aumentos no pueden superar el índice de variación salarial (para hogares) y el de precios mayoristas (para pequeñas y medianas empresas).

Para hacerlo más "digerible" para los senadores, quedaron excluidos de los beneficios los hogares de altos consumos -e ingresos- y se dejaron fuera rebajas previstas en el IVA, para no afectar la recaudación de las provincias en ese impuesto coparticipable. Así y todo, el Gobierno lo rechaza al sostener que el costo será de 77.500 millones de pesos en 2018. El Presidente prefiere poner el acento en la necesidad de ahorrar en consumo y compara con los más bajos de las vecinas Montevideo y Santiago de Chile, donde además las tarifas son mucho más caras.

Luego de la tormenta financiera y cambiaria la ofensiva opositora por tarifas en el Congreso pasó a segundo plano para el Gobierno. Si antes ya lo planteaba, ahora que acudió al FMI, bajar el déficit fiscal es una condición que tendrá.

Si es sancionada, la ley irá derecho al veto y el oficialismo busca como reducir su costo político. Para eso, la estrategia de Cambiemos fue convocar el martes -cuando se reanude el plenario de comisiones del Senado- a gobernadores, representantes de la mayorista eléctrica Cammesa, e incluso a algún constitucionalista, que respalden su postura en el tema tarifario.

Pero al término, el PJ, con el kirchnerismo y otros senadores opositores firmarían el dictamen. El peronismo al que ya se llama con menos frecuencia "dialoguista" tiene también la presión del kirchnerismo, que quería firmar dictamen esta misma semana. Se trataría en sesión el miércoles 30 cuando transcurran los siete días reglamentarios, porque para hacerlo el 23, necesitaría dos tercios para habilitarlo, y Cambiemos cuenta con 25 senadores (sobre 72), lo que bloquearía esa posibilidad.