El Gobierno hizo los cambios al acuerdo que le pidieron el FMI y la oposición y envió el proyecto al Congreso

Con arreglos de último momento, finalmente el Gobierno envió el proyecto que contiene el memorándum firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Congreso. Tras su aprobación pondrá en marcha la reestructuración de la deuda, necesaria para que la Argentina comience a hacer frente a sus obligaciones.

El Gobierno no envió anoche el proyecto de ley porque de la forma que estaba redactado y organizado era poco probable que la oposición acompañara con su aprobación.

La oposición rechazaba votar, junto a la autorización del entendimiento, los anexos con las medidas que deberá tomar el oficialismo para cumplir las metas del Fondo, entre lo que incluye el aumento de tarifas. 

Los cambios de último momento

En su versión original, el artículo 1° del proyecto que ayer dio a conocer la Casa Rosada planteaba: “Apruébase el acuerdo para el refinanciamiento de la deuda entre la República Argentina y el FMI conformado por el memorándum de políticas económicas y financieras y el memorándum técnico, que como anexos (...) forman parte integrante de la presente ley”.

En la nueva redacción del proyecto, el artículo 1° contendrá solo la fórmula en la que los diputados y senadores aprobarán o no el refinanciamiento de la deuda con el Fondo. En un segundo artículo se incorporarán los anexos: el memorándum de políticas económicas y financieras y el memorándum técnico.

¿Qué lograría el Gobierno con esta decisión? Destrabar el rechazo de gran parte de la oposición, que reclamaba el desdoblamiento del artículo con la intención de respaldar con su voto la autorización del refinanciamiento, pero no así las medidas contempladas en los anexos. Esto es, las medidas con las que el gobierno buscará cumplir las metas del fondo a través de la reducción del déficit, el recorte de subsidios a la luz y el gas, y cambios en las políticas monetarias, por ejemplo.

Juntos por el Cambio anticipó públicamente su voluntad de autorizar al Gobierno a refinanciar la deuda con el FMI para evitar que el país caiga en default, pero no está dispuesto -menos aún el sector más duro de la coalición opositora- a avalar con su voto el plan económico que diseñó Guzmán para cumplir con las metas, sencillamente porque lo ven poco sostenible. Como argumento formal esgrimen que el papel del Congreso se limita a autorizar o no un nuevo refinanciamiento, no a aprobar o rechazar un plan económico.

Más allá de este argumento, lo cierto es que al aceptar el primer artículo y abstenerse o rechazar el segundo, un sector de la oposición busca esquivar el costo político de aprobar un ajuste. O, lo que es lo mismo, que el Gobierno asuma ese costo político en soledad.