El Gobierno hará un fuerte ajuste a las provincias por la quita de las reformas fiscales a la ley ómnibus

Después de hablar en la Casa Rosada el viernes por la noche, el ministro de Economía Luis Caputo y su equipo más cercano empezaron a recibir en sus celulares insistentes llamados de diferentes sectores -bancos, fondos de inversión, empresarios- para conocer de primera mano cómo iba a hacer el gobierno de Javier Milei para cumplir con la meta de llegar al equilibrio fiscal a fin de año, después de dar de baja un paquete fiscal que le resolvía casi dos de los cinco puntos del PBI que el Presidente se propuso ajustar.

A los pocos que lograron hablar con algún integrante del equipo económico se les recordó una afirmación que Caputo había hecho días antes de asumir como Ministro, en una reunión con banqueros: “Tenemos las herramientas para llegar al déficit cero sin depender del Poder Legislativo. Es posible hacer el ajuste aunque tengamos el Congreso en contra"

Esa afirmación, que había quedado en el olvido, deberá demostrarse desde este lunes. En los mercados financieros consideran que el paso atrás del Gobierno con el proyecto de Ley Ómnibus puede sacudir la aún frágil situación financiera y sobre todo cambiaria.

Lejos de esa visión, en el equipo económico creen que las tensiones deberían diluirse rápidamente. ¿Exceso de confianza? Quién sabe.

Lo que sí parece claro es que se viene una renovada y tal vez más áspera disputa con los gobernadores, que se ven triunfantes por haber hecho retroceder al gobierno, sobre todo con el tema retenciones.

El "plan B" para eliminar el déficit fiscal

En Economía, con pleno aval de Milei, tienen una hoja de ruta o “plan B” alternativo al capítulo fiscal dado de baja. A la cabeza de esa hoja de ruta aparecen las transferencias de fondos a las provincias que van por fuera de la coparticipación federal de impuestos.

Varias veces Milei y Caputo señalaron que esas transferencias iban a ser cruciales en la negociación con las provincias. En las primeras tablas que mostró Caputo ni bien asumió, se podía ver que en la columna “gastos” a recortar, las transferencias a Provincias representaban un ahorro del 0,5% del PBI.

Clarín informó días atrás que, según datos oficiales, las partidas totales correspondientes a “transferencias discrecionales” tuvieron el año pasado un presupuesto asignado -crédito vigente- de 2,25 billones de pesos, equivalentes a 1,3 puntos del PBI.

El grueso de los fondos que van a las provincias y que administra el Tesoro por fuera de la coparticipación están asociados al Fondo nacional de incentivo docente; el Fondo de fortalecimiento fiscal de la Provincia de Buenos Aires; la denominada Asistencia financiera a provincias y municipios y las transferencias a Cajas previsionales provinciales.

Vale recordar que el grueso de las llamadas “transferencias discrecionales” fueron en los últimos años a la Provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof y que es además el territorio de mayor densidad kirchnerista por votante del país.

En esta hoja de ruta podría seguir la actualización del Impuesto a los Combustibles, desactivada en 2021. La última postergación la firmó Sergio Massa poco en noviembre de 2023 y rige hasta el próximo jueves 1° de febrero. Se calcula que por esta vía se dejaron de recaudar US$ 2.500 millones de dólares solo en 2023.

Hasta la semana pasada (antes de que cayera el paquete fiscal), las petroleras asumían que la actualización iba a ocurrir en algún momento de este año, pero no tan rápido. Primero, las empresas tienen en gateras otro 20% los precios de los combustibles. Imaginaban, hasta antes del viernes, que algunos meses después llegaría el aumento de precios por el tema impositivo. Hay que recordar que los últimos aumentos de combustibles fueron llenos a las arcas de las petroleras, precisamente por la falta de actualización del impuesto.

Un tercer factor de ajuste podría ser el gasto en salarios del gobierno nacional. Esta semana hubo una muestra: la paritaria se firmó con un aumento del 16%, menor a la inflación.

En definitiva, la idea que está detrás de esta hoja de ruta es que el costo del ajuste sea compartido por la Nación y las provincias.

Los funcionarios de Economía describen esta situación: El gasto público equivale a 40 puntos del PBI, repartido mitad y mitad entre Nación y provincias. Dentro de la parte que le corresponde a Nación hay 10 puntos que corresponde a gasto social. Quedan otros 10 puntos y sobre eso se está reduciendo tres puntos, es decir el 30%. “Las provincias no pueden contribuir, quieren que el costo del ajuste recaiga solo en la Nación”, se preguntan en el equipo económico. En la Casa Rosada agregaban: "Las provincias no pueden seguir gastando lo que gastan".

Esta disputa quedará a la vista desde este lunes. Milei dijo que no piensa ceder en la meta de déficit 0 a fin de año.

(Fuente: Clarín)