El Gobierno estudia intervenir la empresa ferroviaria TBA
Sería un posible paso previo al retiro de la concesión de la línea Sarmiento, tras el choque de una formación en la estación de Once donde el último miércoles murieron 51 personas.
Según afirmaron fuentes gubernamentales a Noticias Argentinas, la intervención de la concesionaria de la línea Sarmiento es la posibilidad más firme que maneja el Ministerio de Planificación Federal, entre otras opciones que serán presentadas a la presidente Cristina Kirchner este fin de semana largo.
La posible intervención del Gobierno a TBA, que sería comunicada el próximo martes, avanzaría tras comprobarse en primera instancia que el tren embistió un parachoque de la estación terminal Once debido a una falla de su sistema de frenos.
La conclusión surge de la declaración testimonial que hizo el maquinista ante el juez federal Claudio Bonadío.
Con ese argumento, el Gobierno se dispone a avanzar sobre la empresa del Grupo Cirigliano, que en un primer momento atribuyó el siniestro a una posible "falla humana". En este contexto, la Defensoría del Pueblo de la Nación remitió una nota formal al ministro de Planificación, Julio de Vido, en la que recomienda la rescisión del contrato a TBA, "garantizando el Estado Nacional la prestación del servicio en condiciones de seguridad y calidad".
En los argumentos de la carta que lleva la firma del adjunto primero del Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, se indica que "la falta de mantenimiento de los bienes afectados al
servicio ferroviario concesionado a la empresa TBA resulta conocida por parte del Órgano de Control y de la Secretaría de Transporte de la Nación".
Además, apunta el accidente del 22 de febrero en la estación de Once, y señala que "este hecho determinaría por sí mismo, por su gravedad, la falta de aptitud, pericia y responsabilidad por parte de la empresa para continuar como concesionaria del servicio ferroviario de las Líneas Mitre y Sarmiento".
En este sentido, agrega que "deberá el Estado Nacional, titular del servicio público, garantizar en lo sucesivo su prestación en condiciones de regularidad, continuidad, igualdad, accesibilidad y seguridad de los usuarios transportados".
"Los usuarios del servicio, atento a las condiciones en que son transportados y el estado en el que se encuentran las estaciones, con imposibilidad de acceso para personas discapacitadas, ven cotidianamente afectados los derechos que establece el artículo 42 de la Constitución", indicó el organismo.
El artículo 42 se refiere a los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios "a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos".
La Constitución señala que "las autoridades proveerán a la protección de esos derechos" y que "la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional".