El Gobierno envió el mega DNU al Congreso, aún sin comisión para tratarlo

Mientras la Justicia avanza sobre el mega DNU desregulador de Javier Milei que empezó a regir hace una semana, el Gobierno lo envió finalmente este viernes al Congreso, que también debe definirse su validez. Según la ley que regula el tratamiento de los decretos presidenciales, la Bicameral de Trámite Legislativo tendría que analizarlo dentro de los próximos 10 días hábiles, pero esa comisión hasta ahora no fue conformada.

La Bicameral está integrada por ocho senadores y ocho diputados. La Cámara Alta, donde manda Victoria Villarruel, ya definió y comunicó a los integrantes la semana pasada. La Cámara Baja, que preside Martín Menem, todavía no lo hizo.

El oficialismo acusa al kirchnerismo de no enviar los nombres que propondrán como integrantes. En Unión por la Patria aseguran que el oficialismo le quiere quitar un miembro y que le corresponden cuatro lugares, y no tres como pretende La Libertad Avanza. Fuentes del PJ-K aseguraron que enviarían finalmente cuatro nombres y anticipaban un conflicto similar al que se vivió el jueves con la conformación de las cuatro comisiones que tratarán la Ley Ómnibus.

En el resto de la oposición hay algunos sectores que sospechan un intento del Gobierno por dilatar la discusión del mega DNU, que sigue en vigencia siempre que no sea rechazado por las dos cámaras parlamentarias.

El decreto ingresó este viernes por el Senado, que es la Cámara a la que le corresponde este año la presidencia de la Bicameral, con copia informativa al titular de Diputados, Menem.

Como se informó, el DNU 70/23, que supone una megadesregulación de la economía y la derogación de centenares de normas, fue firmado por Milei y publicado en el Boletín Oficial el jueves pasado, 21 de diciembre. Comenzó a regir 8 días más tarde, como marca la ley, el viernes pasado. El Ejecutivo cumplió hoy con el primer plazo legal: lo envió al Congreso.

Es el artículo 99 de la Constitución establece los límites y alcances de los DNU y el procedimiento que deben seguir, y el que establece que dentro de un plazo de 10 días como máximo la Bicameral debería emitir dictamen para que pueda ser tratado en el recinto tanto del Senado como de Diputados. Entonces, el plazo para que la comisión se expida, indican en el Congreso, finaliza el próximo 18 de enero.

Según resolvió Villarruel la semana pasada, los miembros de la Bicameral por el lado de los senadores serán: Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (PRO), Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal), Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria), Mariano Recalde (Unión por la Patria), y María Teresa González (Unión por la Patria). Es decir, de los ocho, tres pertenecen a UxP.

En Diputados, el kirchnerismo sostiene que por regla de proporcionalidad -al ser la primera minoría con 101 legisladores- debería tener 4 de los 8 miembros de la Bicameral que corresponden a la Cámara Baja. En cambio, la intención del resto de los bloques era que LLA quedara con 2 integrantes, el PRO con 1, la UCR con 1, Hacemos Coalición Federal con 1 y, al igual que en el Senado, a UxP le correspondan 3.

Si eventualmente se conforma, el quorum se consigue con 9 miembros y al igual que un dictamen de mayoría. Los dictámenes de la comisión solo pueden avalar o rechazar en su totalidad, no puede modificarse el decreto. Luego debe ser tratado tanto en el recinto del Senado como en el de Diputados: sólo si las dos cámaras lo rechazan, el DNU es derogado.

Cualquier otro escenario (una cámara lo rechaza y otra no; las dos cámaras lo avalan, una cámara lo trata y otra no, ninguna lo trata) supone que el decreto sigue rigiendo (a no ser, como empieza a suceder, que la Justicia suspenda algunos artículos).

La incógnita es qué sucede si no se conforma la Bicameral dentro de los 10 días: “Vencido el plazo anterior sin que la Comisión Bicameral haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto”, señala ley que regula los DNU.

Pero los propios legisladores nacionales, incluso algunos de los que integrarán las comisiones, tienen dudas e interpretaciones contradictorias por ejemplo sobre qué mayorías sería necesarias para tratar el decreto.