El Gobierno derogó el decreto que prohibía el ingreso a Argentina y permitía la deportación de extranjeros con antecedentes

El Gobierno nacional derogó este viernes el decreto de la gestión de Mauricio Macri a través del que se había modificado la Ley de Migraciones para establecer mayores controles al ingreso de extranjeros con antecedentes penales y agilizar el trámite de expulsión de los inmigrantes que cometan delitos en la Argentina.

La norma se hizo efectiva a través de la resolución 138/2021 firmada por el presidente Alberto Fernández y sus ministros.

En enero de 2017, la gestión de Mauricio Macri creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” que tenía como objetivo negar el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y expulsar a los inmigrantes que cometieran delitos en el país con mayor velocidad. Por aquel entonces, se argumentó que cada el Estado “tenía la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”.

La gestión de Juntos por el Cambio sostenía que habían detectado un incremento de las personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. Por ese motivo puso en marcha una serie de cambios en la política migratoria y en el período 2016-2019 se expulsaron a 3000 extranjeros.

Tras el arribo del gobierno de Alberto Fernández, el Centro de Estudios Legales y Sociales; Amnistía Internacional y otras organizaciones le solicitaron al Presidente derogar la medida.

Antes de la modificación de Macri, la Ley de Migraciones establecía que un extranjero podía ser expulsado por cometer delitos graves con pena mayor a cinco años -en el caso de los residentes-, y por cometer delitos con pena superior a tres años, en el caso de los no residentes. El decreto de Cambiemos amplió la posibilidad de realizar el trámite de expulsión ante cualquier delito con pena de prisión. Para los no residentes, solo restaba un procesamiento firme sin ser necesaria la condena.

Esa serie de pautas quedaron sin efecto desde este viernes, tras la derogación del decreto 70/2017. El Gobierno de Alberto Fernández sostuvo que el DNU de Macri modificó “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.

A su vez, argumentaron que la política migratoria de Cambiemos no evidenció “mejoras ponderables en otros aspectos”, sino que “se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.

En rigor, Alberto Fernández ya había cuestionado la medida de Macri al asegurar que “lo que hizo fue autorizar expulsiones sin condena, y esto me parece muy peligroso porque se puede convertir en un acto de persecución contra alguna población”. Para el mandatario, el decreto “solo castigaba por la presunción”.

El Ejecutivo ordenó la creación de una Comisión Asesora de Política Migratoria “que tendrá a su cargo proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871″.