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El Gobierno derogaría el decreto para expulsar extranjeros que cometen delitos
En los últimos días, Alberto Fernández se reunió con los organismos de Derechos Humanos para debatir cambios en la ley migratoria.
Alberto Fernández analiza derogar el DNU que en 2017 firmó Mauricio Macri para endurecer los controles migratorios y acelerar la expulsión de extranjeros de que hayan cometidos delitos en el país.
La iniciativa se da en el marco de la revisión que realizan las nuevas autoridades sobre las principales medidas adoptadas por el macrismo. Y es un reclamo concreto que, tras el recambio presidencial, organismos de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de migrantes llevaron a la Casa Rosada, que se comprometió a analizarlo.
El documento que llegó al Gobierno, presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional y decenas de organizaciones que se reunieron a fines de diciembre, solicita que se derogue el decreto "de forma urgente", entre otras medidas "para preservar los derechos de las personas migrantes".
Bajo el título "Agenda Migrante para 2020", el texto pide que que se garantice el derecho a migrar, la "igualdad de derechos entre nacionales y migrantes", como prevé la Constitución; y que se generen las condiciones para la regularización de las personas provenientes de Estados no parte del Mercosur.
También se objetó la vía -el DNU modificó la Ley de Migraciones- que utilizó Macri, al sostener que no cumplía con las "condiciones de excepcionalidad" previstas en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución.
Entre otros puntos, el decreto establece un "Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo" que agiliza la expulsión de extranjeros que delinquen, acotando los plazos de la vía administrativa; y prohíbe el ingreso de inmigrantes con antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- "por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad".
En rigor, la decisión de Macri se dio en medio de un recrudecimiento de la inseguridad y ante casos de impacto mediático protagonizados por extranjeros. Su gestión utilizó como emblema del descontrol migratorio a la situación del narco peruano Marco Antonio Estrada González, cuyo proceso de expulsión llevaba 8 años de demora. Con todo, el decreto 70 tampoco modificó el panorama en torno al peruano "Marcos": tres años más tarde no pudo ser deportado por recursos presentados por sus abogados.
La línea que repetían los funcionarios macristas apuntaba a diferenciar casos como el de "Marcos" al de extranjeros con "buenas intenciones": "Vamos a ser muy amigables con los inmigrantes que vengan a la Argentina a producir y a trabajar, y muy estrictos y terminantes con que no queremos delincuentes en nuestro país", repetían.
El escenario con la nueva gestión es diferente. El Gobierno de Alberto F. analiza cambios. De hecho, en los últimos días hubo reuniones entre funcionarios interiorizados en temas migratorios con organismos de DD.HH y entidades civiles.
La iniciativa se da en el marco de la revisión que realizan las nuevas autoridades sobre las principales medidas adoptadas por el macrismo. Y es un reclamo concreto que, tras el recambio presidencial, organismos de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de migrantes llevaron a la Casa Rosada, que se comprometió a analizarlo.
El documento que llegó al Gobierno, presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional y decenas de organizaciones que se reunieron a fines de diciembre, solicita que se derogue el decreto "de forma urgente", entre otras medidas "para preservar los derechos de las personas migrantes".
Bajo el título "Agenda Migrante para 2020", el texto pide que que se garantice el derecho a migrar, la "igualdad de derechos entre nacionales y migrantes", como prevé la Constitución; y que se generen las condiciones para la regularización de las personas provenientes de Estados no parte del Mercosur.
También se objetó la vía -el DNU modificó la Ley de Migraciones- que utilizó Macri, al sostener que no cumplía con las "condiciones de excepcionalidad" previstas en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución.
Entre otros puntos, el decreto establece un "Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo" que agiliza la expulsión de extranjeros que delinquen, acotando los plazos de la vía administrativa; y prohíbe el ingreso de inmigrantes con antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- "por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad".
En rigor, la decisión de Macri se dio en medio de un recrudecimiento de la inseguridad y ante casos de impacto mediático protagonizados por extranjeros. Su gestión utilizó como emblema del descontrol migratorio a la situación del narco peruano Marco Antonio Estrada González, cuyo proceso de expulsión llevaba 8 años de demora. Con todo, el decreto 70 tampoco modificó el panorama en torno al peruano "Marcos": tres años más tarde no pudo ser deportado por recursos presentados por sus abogados.
La línea que repetían los funcionarios macristas apuntaba a diferenciar casos como el de "Marcos" al de extranjeros con "buenas intenciones": "Vamos a ser muy amigables con los inmigrantes que vengan a la Argentina a producir y a trabajar, y muy estrictos y terminantes con que no queremos delincuentes en nuestro país", repetían.
El escenario con la nueva gestión es diferente. El Gobierno de Alberto F. analiza cambios. De hecho, en los últimos días hubo reuniones entre funcionarios interiorizados en temas migratorios con organismos de DD.HH y entidades civiles.
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