El Gobierno decretó el fin de nuevos ingresos a planes sociales pero benefició a movimientos sociales con obra pública

El presidente Alberto Fernández firmó este jueves el decreto que prohíbe renovar los planes sociales que se den de baja y abrir nuevos cupos. La decisión puso en alerta a las organizaciones sociales, que veían reclamando por la ampliación de esos beneficios.

“A partir de la entrada en vigencia del decreto no se otorgarán nuevas altas en los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial. En su lugar, las transferencias previstas serán destinadas a las unidades de gestión productiva para la adquisición de bienes de capital y la inserción laboral”, informó el Gobierno.

El Presidente firmó el decreto durante una reunión con los ministros de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, y de Economía, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

El decreto también otorga en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el 30% de la Obra Pública Nacional con montos de hasta $300 millones, bajo la modalidad de contratación que corresponda.

Además, instruye a la Oficina Nacional de Contrataciones a priorizar a los oferentes que acrediten un mínimo del 5% de trabajadores vinculados al programa “Puente al Empleo”.

Aunque el Gobierno asegura que esta decisión “se dio en un marco de acuerdo con los movimientos sociales”, las organizaciones piqueteras no oficialistas se advirtieron que “agrava” el conflicto y confirmaron la realización de una masiva movilización con posibilidad de acampe, la semana próxima frente al Ministerio de Desarrollo Social.

Qué definió el decreto

Pone un techo a la incorporación de personas al Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial, es decir, que no se otorgarán nuevas altas en esos programas.

Los recursos que se usaban para esos planes serán destinados a las unidades de gestión productiva para la adquisición de bienes de capital y la inserción laboral.

Reconoce a la actividad de la economía popular, mediante la integración del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC), creado por la Ley 27.345 de Emergencia Pública.

Otorga en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el 30% de la obra pública nacional, con montos de hasta $300 millones, bajo la modalidad de contratación que corresponda.

Instruye a la Oficina Nacional de Contrataciones a incorporar, en los pliegos de bases y condiciones generales, un margen de preferencia para los oferentes que acrediten un mínimo del 5% de trabajadores vinculados al Programa Puente al Empleo.

Tarjeta Alimentar y salario mínimo

A la par de las limitaciones sobre los planes sociales, el Gobierno anunció que se dará un refuerzo en la Tarjeta Alimentar y que se convocará al Consejo del Salario para la segunda quincena de noviembre, a fin de actualizar el salario mínimo, vital y móvil, tal como se había establecido en la última reunión.

En cuanto a la articulación de la oferta y la demanda, Olmos dijo que “el mecanismo fundamental es el diálogo con las distintas cadenas productivas, para identificar y responder con capacitación, entrenamiento y también subsidio a través de una parte del salario y a través de una desgravación de las contribuciones patronales”.