El Gobierno busca quitar las jubilaciones por moratoria
El Poder Ejecutivo debate proponer un examen socioeconómico para que dejen de cobrar haberes quienes tengan una propiedad.
En el Gobierno se disputa una fuerte pulseada por el futuro de las jubilaciones. En los próximos meses se debe definir la reforma estructural al sistema previsional y los "moderados" ya acumulan una baja con la renuncia de su representante en el Ministerio de Trabajo y su reemplazo por un hombre del ala dura. Los cambios que propone este segundo grupo del riñón duro de Cambiemos son los que guardan bajo llave desde antes de ganar las elecciones de 2015 y coinciden con los objetivos del FMI.
En la Casa Rosada analizan poner sobre la mesa un análisis de las 3 millones de jubilaciones que se entregaron por moratoria y estirar la edad jubilatoria de los 65 a los 70 años, una opción que el Gobierno ya abrió como voluntaria. Los funcionarios son conscientes de que ambas medidas generarán un golpe en la imagen de Mauricio Macri para las elecciones presidenciales del año próximo, por lo que ya fueron preparando el terreno para los anuncios.
Sin querer asumir la autoría del proyecto, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo en una entrevista por América que "la gente por la calle" le consulta por qué no le quitaron los haberes a quienes sus empleadores no les pagaron los aportes patronales. Sin embargo, cuando el conductor le preguntó frontalmente, intentó negar que tomará esa medida.
El superministro pertenece al grupo que quiere revisar la mitad de las jubilaciones y aumentar la edad de actividad laboral obligatoria, para de paso saciar la demanda del Fondo, que fue claro al respecto cuando realizó su informe del artículo IV.
Aún no está definido cuándo ni cómo se tomará este giro que, de acuerdo a abogados especialistas, tendrá una vida corte ante la Justicia de Seguridad Social por su claro corte inconstitucional. La presetanción también sacudirá las posibilidades de Cambiemos de renovar su mandato en el Ejecutivo. La intención de voto de Macri comenzó una caída sin piso desde el recorte jubilatorio de diciembre pasado, que sólo pudo ser sancionado en el Congreso bajo el calor de las balas de goma, el reparto de golpes a legisladores y los arrestos arbitrarios a manifestantes y transeútes.
Si bien la interna no está definida, el jueves pegó un portazo la figura encargada de transmitir el mensaje, el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci. De acuerdo a lo que recogió El Destape de su círculo íntimo, el especialista previsionalista coincide ideológicamente con la estructura del proyecto del Gobierno y está convencido de que debe cambiarse el régimen solidario actual para abrirle las puertas a las AFJP pero con una modalidad opcional. Sin embargo, las medidas le eran impuestas "desde arriba" de forma inconsulta y le exigían luego les ponga su firma. Este debate por la moratoria y la suba de la edad fue la gota que colmó el vaso.
Su lugar fue tomado ahora por Gonzalo Estivariz, ex secretario de Legal y Técnica de Anses, un funcionario dispuesto a llevar la resolución del Gobierno al Consejo de Sustentabilidad Previsional, el terreno que compartirá con representantes de empresas y sindicatos donde pretende el Gobierno que se debata. La última decisión de Paulucci fue convocar a este órgano colegiado, previsto por la ley de reparación histórica, para reunirse el 30 de agosto. Lo concluido en sus plenarios derivará en el proyecto de reforma del sistema de seguridad social que se presentará ante el Legislativo para su debate.
Dujovne guarda en su despacho la propuesta ya redactada de tomarle un examen socioeconómico para evaluar si los jubilados por moratoria poseen bienes declarados por, en principio, más de $ 2 millones (que equivalen al precio del monoambiente más barato de la Ciudad de Buenos Aires). Quienes superen ese monto serán susceptibles de dejar de percibir el haber, con la excusa de quitárselo sólo a "los millonarios que decidieron no trabajar", según reproduce El Destape.
El argumento del incremento en la expectativa de vida en el mundo será el aplicado para forzar a cinco años adicionales de trabajo a la población económicamente activa. Sumado a la cada vez mayor destrucción de puestos laborales, esto incrementará el ejército de desempleados, lo que acrecentará la pérdida del poder adquisitivo del salario.
Esto deja de lado que quienes no poseen los 30 años de aportes, porque su empleador se negó a pagarlos, ya los contribuyeron con los años en que se les aplicó un descuento a sus transferencias mensuales. Además de que el sistema no es de capitalización individual, donde cada uno se paga sus ingresos futuros, sino que es solidario y los trabajadores activos son los que sostienen a los pasivos.
Si las promueven, las dos medidas, además, no necesitan ser convertidas en ley para cumplir con sus objetivos. Ya de por sí oficiarán de distractivas de la verdadera negociación, que lleva a cabo el superministro con el titular de la cartera del Interior, Rogelio Frigerio, y los gobernadores. Allí el Ejecutivo Nacional busca el beneplácito de los representantes provinciales para que sus emisarios en el Congreso aprueben un cambio en la fórmula de la asignación universal por hijo y sustanciales recortes en las jubilaciones y pensiones. A cambio, les prometen obras de infraestructuras con el fondo de los jubilados y un alivio monetario para sus ahogadas finanzas. Tierra del Fuego, Tucumán y La Pampa consideran esto una extorsión que no están dispuestos a apoyar.