El Gobierno busca en la ONU que se regulen los canjes de deudas

El Gobierno de Cristina Kirchner busca aumentar la presión internacional para salir del reciente default. Para ello anunció ayer que el Grupo de los 77 más China, que agrupa a 130 países emergentes, presentará el 9 de septiembre próximo ante las Naciones Unidas (ONU) un proyecto impulsado por la Argentina para crear una nueva convención multilateral que dicte un marco regulatorio para futuras reestructuraciones de deuda soberanas.

El objetivo fundamental será limitar a los fondos buitre y evitar el bloqueo de pagos como el que sufrió la Argentina con los bonistas del canje 2005 y 2010, que amenaza a futuros canjes de deuda.

Apuntará a eliminar la interpretación de la cláusula pari passu que hizo el juez de Nueva York Thomas Griesa por la cual inmovilizó esas transferencias. Una idea en danza sería fijar un mecanismo similar a las quiebras de empresas: si el 66% de los acreedores acepta una reestructuración, el resto está obligado a adherir.

El anuncio corrió por cuenta del ministro de Economía, Axel Kicillof, y del canciller Héctor Timerman, que ofrecieron una conferencia de prensa en la Casa Rosada. En caso de aprobarse, estimaron, la convención "estaría vigente en menos de un año".

Kicillof se manifestó optimista acerca de que pueda aplicarse al fallo de Griesa, aunque eso no es seguro porque se trata de una sentencia judicial firme que difícilmente sea alterada en forma retroactiva.

Más allá de ello, el Gobierno le otorga valor político a la firma de una convención: implicaría un apoyo internacional de 130 países que componen el G-77 más China a la postura argentina y en contra del magistrado neoyorquino.

En el mismo sentido, la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) estableció ayer un cambio en sus reglas para impedir que una minoría bloquee acuerdos de reestructuración soberana. En un comunicado, ICMA señaló que en el futuro las cláusulas de acción colectiva y pari passu indicarán que las modificaciones aceptadas por una mayoría de tenedores vinculen legalmente a todos.

"La interpretación dada a la cláusula pari passucontra la Argentina ha causado una incertidumbre considerable para futuras reestructuraciones", señaló ICMA.

Timerman citó el ejemplo de ICMA e informó que "el 9 de septiembre la Asamblea General de la ONU debatirá el proyecto" de convención multilateral "suscripto por 130 países" para impedir "ataques" de los fondos buitre. "Esta convención dará el marco legal al vacío legal", dijo el canciller.

El magistrado falló que la Argentina debía pagar 1500 millones de dólares a los fondos NML Capital, de Paul Singer, y Aurelius. Pero la Argentina invocó la cláusula RUFO, que la expondría a pagar el mismo porcentual a todos los bonistas que aceptaron las reestructuraciones de 2005 y 2010, y postergó el cumplimiento de la sentencia hasta el vencimiento de esa cláusula, en diciembre próximo. Por pedido de los litigantes, Griesa bloqueó el pago de los vencimientos a los acreedores reestructurados y el país entró en default selectivo. La Presidenta envió entonces un proyecto de ley al Congreso para cambiar el lugar de pago de Nueva York a Buenos Aires y quedar fuera del alcance de Griesa, quien consideró "ilegal" ese proyecto y ordenó a los bancos y a los holdouts a no sumarse a ese canje.

"Si la mayoría vota en forma positiva, en menos de un año la Argentina habrá dado al mundo una convención para resolver en forma justa, equitativa y no bajo amenazas de un juez o un país, sino sobre la base de lo que resuelvan todos los Estados de la ONU", dijo Timerman.

Por su parte, Kicillof aseguró que "los fondos buitre son un parásito del sistema financiero internacional, que tienen que desaparecer", y lanzó una proclama: "Nunca más a los Griesa, nunca más a los Singer". Agregó además que la sentencia de Griesa "no está acompañada de la más mínima lógica".