El Gobierno avanza con la ley ómnibus pero la oposición pide modificar puntos clave para apoyar el proyecto

Si tenían alguna duda en el Gobierno de que para aprobar la ley ómnibus iba a hacer falta buscar consensos y realizar modificaciones, ayer las terminaron de saldar. Durante el primer día de debate en la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados los distintos sectores de la oposición marcaron la cancha y dejaron en claro que, para acompañar el proyecto, tendrán que hacer cambios. En caso contrario, no habrá ley.

Fueron cerca de nueve horas de debate, en el Anexo C, donde hubo un centenar de diputados. Allí el oficialismo, que tuvo en el cordobés Gabriel Bornoroni el moderador de una tarde cargada de tensión, chicanas y reproches, se vio obligado a tomar nota de los reclamos de la oposición dialoguista, clave para poder lograr que el proyecto avance y pueda ser aprobado.

“Hasta ahora fueron solo contactos informales. Una ley con todos los artículos que tiene esta, necesita que nos sentemos a negociar en serio”, aseguró un legislador de la UCR en los pasillos del anexo de Diputados, donde ayer el Gobierno dio una mínima señal de flexibilidad cuando el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, expresó que iban a aceptar sugerencias para reducir el tiempo de la emergencia.

Otro legislador de la oposición más proclive a acompañar el proyecto se mostró sorprendido por la defensa irrestricta del Gobierno y la falta de gestos políticos para buscar un acuerdo. “Si siguen así van a ir con un dictamen de minoría al recinto. Se van a terminar chocando con una pared”, sostuvo. Hay fastidio e incredulidad.

Lo que más extraña en ese sector del arco político es que no haya interlocutores con poder de decisión para bajar a la tierra la negociación y avanzar en los puntos más conflictivos del extenso documento, que son la principal barrera para conseguir los votos y lograr aprobar la ley. Por el momento no hay acuerdo ni consenso político más allá del tándem que integran los bloques del PRO y La Libertad Avanza. Aunque ese dúo tampoco funciona en forma aceitada.

El presidente del bloque radical, Rodrigo de Loredo, fue el primero en levantar la voz para dejar en claro que, si el oficialismo no negocia, difícilmente podrán sacar la ley adelante. Y lo hizo advirtiendo que la voluntad del radicalismo es acompañar el proyecto de reforma y darle un marco de gobernabilidad a Javier Milei.

“¿Quieren que se aprueben estas herramientas legislativas para la marcha del Gobierno? Nos preguntamos esto porque por momentos estamos desconcertados. Cuando el vocero presidencial nos asigna responsabilidad por el aumento de la brecha cambiaria, cuando nuestra actitud es rápida y colaborativa, nos desconcierta”, sentenció el diputado cordobés.

El mensaje fue para Manuel Adorni, que durante la mañana de ayer responsabilizó al Congreso por el aumento del dólar. Aseguró que el movimiento de la divisa “puede ser una muestra gratis” de lo que puede pasar si no se aprueba la ley. En la Cámara baja lo sintieron como una amenaza y una acusación sin sustento. Una más que se suma al tilde de “coimeros” de Milei. Señales contradictorias con el objetivo de gestión.

El oficialismo está mostrando cierta torpeza para manejarse en esta instancia donde necesita juntar adhesiones que le den respaldo a la ley ómnibus. Desde distintos sectores de la oposición, incluso los más cercanos como el PRO, aseguran que la falta de interlocutores está retrasando los acuerdos y que nadie está dispuesto a “firmar un cheque en blanco” por más voluntad de acompañar que tengan.

“El Gobierno está contando que los 37 diputados del PRO van a votar la ley como está y eso no es así. No hay interlocutores con la Casa Rosada ni conversaciones concretas con referentes del oficialismo para generar cambios en la ley”, explicó un diputado del bloque que conduce Cristian Ritondo y que es el principal aliado de La Libertad Avanza.

Ese cuadro de situación expone la debilidad actual del oficialismo para poder construir alianzas parlamentarias. Adorni volvió a insistir ayer con una idea que el Presidente ha bajado desde su despacho en Balcarce 50: “El contenido de la ley no se negocia, lo que no significa que no estemos abiertos al diálogo y que no aceptemos sugerencias”. El argumento está sufriendo un desgaste a pasos agigantados por la utilización permanente y el choque con la realidad parlamentaria.

En la oposición dialoguista empiezan a creer que hay una mezcla de inexperiencia política y tozudez del Presidente, que está dilatando la negociación y es contraproducente con la voluntad oficial de apurar el debate y que la ley se apruebe antes de culmine el mes. “No se entiende que quieren hacer”, repetía anoche un experimentado diputado que forma parte del bloque que conduce Miguel Pichetto.

Otro de los diputados que le marcó al Gobierno que no avalarán el proyecto tal cual está fue Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. “El mito del mandato presidencial es que la voluntad popular representada en el Presidente es lo que debe prevalecer a la hora de la sanción de las normas que se perciben y que ningún poder del Estado pueden anteponerse a eso. ¿Qué busca eso? Deja o pretende dejar en un lugar subalterno o decorativo al Congreso de la Nación“, se quejó.

Ferraro apuntó contra uno de los argumentos que más se repiten en las filas libertarias: la legitimidad del apoyo de la sociedad para llevar adelante las medidas. El problema de ese argumento es que para que se genere un correlato en el Parlamento, debe construirse una mayoría que lo sostenga con votos. Que, en palabras de un importante funcionario de Gobierno, convierta las reformas en hechos concretos y visibles. Nada de todo eso está sucediendo.

Durante este miércoles estarán en la comisión los ministros Guillermo Francos (Interior) y Patricia Bullrich (Seguridad), dos de los funcionarios con más alto perfil del gobierno nacional. El peronismo seguirá hoy, al igual que lo hizo durante todo el día ayer, reclamando la presencia del Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que desde el Gobierno ya anticiparon que no irán al Congreso.

Será otra jornada importante para que el oficialismo pueda dar señales más claras sobre la construcción de una mesa de negociación en el Parlamento. Una etapa nueva por fuera de las concesiones que ya se les hicieron a algunos gobernadores de Juntos por el Cambio que reclamaron por los artículos vinculados a la pesca. Otra oportunidad para abrir el juego y tratar de asegurarse los votos que hagan falta para aprobar la ley ómnibus.

La delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo es uno de los artículos más controvertidos y resistidos por la oposición. Por el momento, desde el Gobierno no dieron muestras concretas de querer negociarlo aunque, por lo bajo, algunos legisladores hablan de la posibilidad de reducir la cantidad de tiempo de la delegación. Falta un eje rector, un orden y una dinámica nueva para buscar adhesiones. Si no el proyecto de ley correrá el riesgo de naufragar.

(Fuente: Infobae)