El Gobierno aumentará y extenderá las retenciones a todos los sectores exportadores
Serían del 5% para los cereales y del 25,5% para todo el complejo sojero; empezarían a pagar (del 5 al 10%) las de minería e industria.
Más ajuste en el gasto y más ingresos para exhibir un déficit fiscal igual a cero el año próximo y garantizar el repago de la deuda . Esos son los conceptos básicos de los anuncios de hoy para llegar a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluirá el adelanto de los desembolsos de 2020 y 2021 al año próximo.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, será el encargado de explicar las medidas, que ayer les fueron anticipadas a las autoridades del Fondo por el presidente Mauricio Macri y el ministro.
La conferencia está citada para las 9.45 en el Palacio de Hacienda, y allí el dueño de casa confirmaría la vuelta de las retenciones, pero no solo para el campo, sino para las exportaciones en general, y retrasaría la baja de impuestos incluida en la reforma tributaria.
Según fuentes oficiales, la idea es que el nuevo acuerdo con el organismo se anuncie en los siguientes 10 días hábiles antes de la tercera semana de septiembre, cuando está prevista la Asamblea del Fondo.
Sucede que el nuevo borrador tiene que presentarse siete días antes de esa reunión. En el Gobierno consideran que no habrá problemas para su aceptación, ya que los nuevos números estarán más cerca del objetivo principal: llegar antes al equilibrio fiscal.
Dujovne viajará hoy a Washington para tener una reunión mañana con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde. Serán parte de la comitiva el secretario de Política Económica, Guido Sandleris; el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, y el vocero de la cartera, Sebastián Tabakman. Por el Banco Central, estarán el presidente, Luis Caputo, y el vice, Gustavo Cañonero.
Según fuentes del sector agropecuario que participaron en reuniones con el Gobierno, la idea es aplicar retenciones del 5% a las exportaciones de trigo, maíz y cebada, hoy exentas. Y subirían las de harina y aceite de soja para igualar a las del poroto de soja, que hoy tiene una alícuota del 25,5%. Todo esto sumaría unos US$1500 millones a la recaudación por retenciones del sector, que se volverían a discutir a mediados de 2019.
Además, se aplicarían retenciones a las exportaciones industriales y mineras (del 5 al 10%), para dar una señal de que todos los sectores deben contribuir a la reducción del déficit fiscal.
Otra versión surgida de fuentes cercanas al Gobierno dice que se mantendrá la escala de reducciones de las retenciones al complejo sojero, pero para compensar esa pérdida de recursos se aplicaría un impuesto a todas las exportaciones de 1 peso por cada dólar exportado.
Por otra parte, se congelarían los precios de los alimentos de una canasta básica y se crearía un fondo de financiamiento de obra pública y para las pymes.
Lo que el FMI proponía
Del otro lado, fuentes del FMI dijeron en ese entonces que el Gobierno era "muy optimista al decir que iba a conseguir cumplir las metas sin la necesidad de posponer la reducción de los impuestos".
Una de las ideas que se pusieron sobre la mesa y ahora se retomarían es demorar hasta 2020 la implementación de algunas disposiciones de la reforma tributaria, entre ellas, la reducción de cargas laborales para los empleadores y la posibilidad de deducir el impuesto al cheque del impuesto a las ganancias. El Gobierno también había desestimado esa posibilidad.
Otra iniciativa tuvo que ver con la idea de reducir aún más los "subsidios ineficientes a la energía y el transporte". Y sobre eso habría también novedades. La mitad de los subsidios al transporte de colectivos pasará a las provincias. "Esta medida ya estaba acordada con algunos de los gobernadores. Ellos, además, representan a varios de los diputados que darán tratamiento al presupuesto", dijo una fuente oficial. Para 2018 estaban previstos unos $44.000 millones para los colectivos de todo el país. La mitad estará a cargo de las provincias, una vez que se aprueben las formas del cambio.
La decisión se basa, según fuentes del Gobierno, en el saneamiento de las cuentas de las provincias después de que se les devolviese un porcentaje de coparticipación tras el fallo de la Corte de diciembre de 2015, pocos días antes de asumir el actual gobierno. La mitad de ese dinero corresponde a los subsidios de la ciudad de Buenos Aires y la provincia.