El Gobierno auditará los planes sociales y para los piqueteros, "es un ataque de Cristina Kirchner"

El miércoles 13 de julio, un día antes de la masiva movilización de la Unidad Piquetera a la Plaza de Mayo en reclamo de un bono de $20 mil para trabajadores precarizados, la apertura del Potenciar Trabajo, el salario básico universal y un pedido para ser recibidos por la nueva ministra de Economía Silvina Batakis, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial una resolución que colocó aún más tensión con las organizaciones sociales.

El Ministerio de Desarrollo Social creó Unidades de Evaluación para tener un mayor control sobre los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y verificar si efectivamente realizan la contraprestación laboral de cuatro horas diarias a cambio de la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

El anuncio de la decisión de la cartera que conduce Juan Zabaleta se produce semanas después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner arremetió contra las organizaciones sociales y sostuvo que el “Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”.

Es que son las organizaciones sociales como el Polo Obrero, entre otras, las que definen a dónde realiza la contraprestación cada persona.

En el Potenciar Trabajo hay acuerdos con empresas textiles, de alimentos, la economía del cuidado y recolección, entre otros. En el Ministerio niegan que el lanzamiento de estas unidades esté vinculado a los dichos de la expresidenta.

De acuerdo a la resolución 835/2022 estas Unidades de Evaluación deberán controlar que los beneficiarios del Potenciar Trabajo efectivamente cumplan con la contraprestación laboral por la que reciben el pago como así también que los beneficiarios tengan buenas condiciones de trabajo o efectivamente reciban la capacitación para la que se anotaron. Buena parte de estos controles serán realizados por Universidades Nacionales con las que se sellarán acuerdos.

El texto señala que se busca “identificar necesidades de capacitación, promoción del trabajo e integración social con la finalidad de mejorar la empleabilidad y formación de los titulares”.

Pero para las organizaciones sociales la puesta en marcha de la iniciativa no es más que otro capítulo de tensión con el Gobierno. Una pelea cuyo foco principal se centra en la negativa de la Casa Rosada a expandir el Potenciar Trabajo, que actualmente tiene 1,3 millones de beneficiarios. “Lo interpretamos como una ofensiva contra las organizaciones, que se agudizó luego del discurso de Cristina Kirchner”, le dijo a TN el líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni.

El plan de Cristina Kirchner consiste en que los municipios y las provincias tengan el control de los planes, un deseo que esconde la preocupación de la Vicepresidenta por un crecimiento de la Izquierda en el conurbano bonaerense. Este medio pudo saber que la situación genera inquietud en diversos dirigentes de La Cámpora. Contener y reagrupar a los jefes comunales de cara a las elecciones 2023 es una meta del kirchnerismo.

Como sea, estas Unidades de Evaluación se conformarán en todo el país y proveerán en forma periódica al Ministerio de Desarrollo Social el resultado de las verificaciones de cumplimiento del Potenciar Trabajo.

Una alta fuente de la cartera de Desarrollo Social le dijo a TN que el Ministerio tiene en la mira - desde hace tiempo- el accionar de los beneficiarios nucleados en el Polo Obrero. Se habrían detectado supuestas irregularidades en el cumplimiento de las prestaciones. Belliboni negó esto y dijo que no tiene inconvenientes en que se realicen las auditorías.

“Si la finalidad es controlar no hay problema, ya ocurrió en la época de Mauricio Macri con las universidades. Además, dentro del Ministerio (de Desarrollo Social) La Cámpora ya realiza auditorias con los merenderos. En este país lo único que se audita son las organizaciones sociales”, se quejó en diálogo con este medio.

El lanzamiento de esta unidad se produce, a su vez, en un contexto de alta tensión por una serie de allanamientos a organizaciones sociales en el marco de una causa que se inició por una denuncia del Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Cambiemos a raíz de que varios beneficiarios de planes sociales agrupados en la Corriente Clasista y Combativa (CCC) aseguraron que desde la organización le pedían una parte del beneficio. La pesquisa es por supuesta extorsión.

En estos allanamientos se encontraron 50 mil dólares y más de 7 millones de pesos. La medida fue dispuesta por la juez federal de San Martín Alicia Vence.

Los resultados del plan Potenciar Trabajo no son los esperados. TN publicó el 29 de mayo pasado que de los 1,3 millones de beneficiarios, solo 8.499 lograron “egresar” del programa al haber llegado al mercado de empleo formal y percibir un ingreso superior al 100% de un Salario Mínimo Vital y Móvil por un lapso superior a un año de relación laboral. Se trata de datos actualizados a diciembre de 2021, el último disponible.

La crisis económica y social es tan grande que hasta los movimientos sociales alineados al Gobierno decidieron sumarse a la movilización que el pasado jueves llevó adelante la Unidad Piquetera. Estuvieron Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la UTEP; Gildo Onorato, del Movimiento Evita y el diputado Juan Carlos Alderete de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

¿Los movimientos que apoyan a Alberto Fernández fueron a la marcha para apoyar el pedido de un salario básico universal? No todos. Es que más allá de que muchos están muy molestos por el actual contexto económico del país y la situación de vulnerabilidad de los sectores de la economía popular, su presencia allí esconde una respuesta directa a Cristina Kirchner y su crítica a las organizaciones sociales. Fue un intento por mostrar unidad en medio de los embates de la exjefa de Estado.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social aseguran que desde la puesta en marcha del Potenciar Trabajo (marzo de 2020) nunca pudo auditarse el desarrollo y funcionamiento del programa para verificar si realmente se cumplían con las prestaciones o si los beneficiarios recibían los conocimientos y cursos que establece la iniciativa.

Niegan que sea una cuestión vinculada a las organizaciones sociales y no descartaron que, en caso de hallar irregularidades en el programa, se reglamenten nuevas normativas para dar de baja a quienes no cumplen con los requisitos.

Para vos, ¿está bien que se controle a los benficiarios de los planes sociales?