El Gobierno amplió el programa Precios Justos hasta junio: aumentos mensuales del 3,2% e inclusión de la cuota de colegios privados

El ministro de Economía, Sergio Massa, presentó hoy en el CCK la nueva etapa del programa Precios Justos, que contempla que los productos que formen parte del acuerdo de precios tendrán una pauta de incrementos mensuales de 3,2% -por debajo de la anterior, que era del 4%- y sumarán más rubros. De este modo, serán 49.832 productos de unas 500 empresas.

En el acto hablaron el ministro de Economía y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, que estaban acompañados por numerosos empresarios, sindicalistas e intendentes. Con el nuevo esquema, desde este mes hasta el 30 de junio, los precios de los productos que forman parte del acuerdo no podrán subir por encima de 3,2% mensual, incluyendo artículos de consumo masivo, venta directa, hogar y construcción, canasta escolar, electrodomésticos, celulares, indumentaria, calzado, combustibles, medicamentos y bicicletas entre otros.

Los empresarios presentes eran Lucía Urquia - Directora AGD; Julio Freyre - Presidente CCU; Pablo Lemo - CEO Adidas; Eduardo Lapidus - Secretario General AFARTE; Emilio Larrañaga -Presidente Alpek; Lorena Zicker - Presidente para América Latina de Amazon; Juan Vasco Martínez - Presidente ASU: Víctor Fera -Presidente CADAM; Gustavo Lázzari - Secretario General Cámara de Chacinados; Fabián Tarrio - Vicepresidente CAME; Enrique Gatti Rappallini - Presidente Cerámica Alberdi; Daniel Awada - CEO Cheeky; Guillermo Calcagno - Gerente General COTO; Aldo Dal Santo - Presidente Del Santo; Mariano Navelli - Dueño Don Satur; Melcon Tertzkian - Dueño FITA TECOTEX; Alex Exersiyan - Dueño FITA RITEX; Hernán Grimoldi - Presidente Grimoldi; Martin Schwartz - Presidente Grupo Simpa/Gama; Takashi Fuisaki - CEO Honda; Diego Cohelo - Gerente Honda; y José Luis Alonso -CEO IATEC.

Defensa de las paritarias

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, abrió el acto con una defensa del acuerdo y de la “libertad de paritarias, pero con responsabilidad”, para “aplanar el proceso inflacionario”. “El compromiso de los trabajadores debe tener como contraparte la responsabilidad de los formadores de precios, los empresarios”, sostuvo el sindicalista, acompañado por su par Carlos Acuña, Cristian Jerónimo - Secretario General Empleados del Vidrio; y José Minaberrigaray - Secretario General Empleados Textiles.

Luego, habló el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Copal, Daniel Funes de Rioja, defendió el aporte de las empresas al proceso productivo y criticó la presión fiscal de los tres niveles del Estado. “Hay aspectos que tenemos que mejorar para bajar el costo argentino”, indicó.

“Lo que nos use es el deseo de bajar la inflación; hace 10 años que estamos con acuerdos de precios; es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos; vamos a discutir, como dijo Daer, las paritarias, siempre las he defendido y cuestioné la intervención estatal”.

“Los precios salidos de fábrica están por debajo de la inflación en 2022 y ahora parece que ocurrió lo mismo en enero, salvo por la carne por un factor puntual, pero esto no quita que buscamos lo mismo. Tenemos voluntad de diálogo y nos da vergüenza tener esta cantidad de pobres y marginados, y tener más empleado de calidad”, expresó Funes de Rioja.

Más tarde, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, dijo que los jefes comunales asumirán la responsabilidad para que se “cumpla” la fiscalización de Precios Justos, al igual que su par de Pilar, Federico Achaval, quien destacó “el compromiso que asumimos todos para poner de pie a la Argentina a partir del diálogo y de la búsqueda de consensos, pero sobre todo para que se cumplan los acuerdos”. Luego, se difundió un video sobre el sistema de control digital y Tombolini afirmó que “hace tres meses lanzamos la primera fase de Precios Justos, que se pudo hacer porque se basó en la política de orden fiscal y acumulación de reservas”.

“Esta pauta del 3,2% mensual hasta junio, busca moderar las expectativas y mejorar el poder de compra de los argentinos; es un acuerdo voluntario, donde participan también municipios, sindicatos y organizaciones de consumidores, pero entendimos que necesitábamos herramientas nuevas. Por eso, con Arsat y Amazon desarrollamos un sistema de monitoreo único, que procesará 15 millones de datos por día, para saber el precio que debe tener un producto en una calle determinada, día por día”, explicó el funcionario.

“Si cuando se detecta un incumplimiento las empresas no lo corrigen, avanzamos en la fiscalización física y online, para ver si son los precios en los que nos pusimos de acuerdo, ya no solo de consumo masivo, de ropa, artículos para el hogar, ropa y calzado deportivo, entre otros”, dijo Tombolini.

Finalmente, Massa destacó que “el primer desafío que recorrimos como equipo de trabajo hace 6 meses fue parar lo que algunos describían como el camino hacia una hiperinflación; no vale la pena buscar culpas, ni culpables, sino enfrentar los problemas y resolverlos con todos los sectores”.

“La primera fase sirvió para bajar la pauta al 3,2% para enfrentar el mayor problema que tienen los argentinos, que es la inflación, que es el peor veneno que tiene una economía, porque es pérdida de valor del salario y de la moneda. Este programa busca dar dos certezas: que hay casi 50 mil productos que hasta el 30 de junio aumentarán el 3,2% mensual solamente y que hay 2.000 productos que mantendrán su precio fijo, para que el trabajador pueda elegir al comprar”, afirmó el ministro.

“Esta segunda etapa tiene más premios y castigos. Las pymes tendrán más crédito para la producción de bienes de capital, además de acceso asegurado al mercado único libre cambio, porque uno de los grandes problemas es que algunas empresas limitaban el abastecimiento al producto en góndola. No podemos permitir que el acceso a los beneficios debe buscar evitar picardías; porque si aumentamos la producción de bienes y generamos acceso al Mulc, se benefician dos: el consumidor y la empresa”, expresó el ministro.

“Para aquellos a los que no les gustan las verificaciones físicas de los sindicatos o los inspectores, instrumentamos este sistema online de verificación”, aclaró Massa. Esto llevó a que creciera la participación en el consumo total de los supermercados y mayoristas que participan de Precios Justos.

Frente al planteo de Funes de Rioja de bajar la presión fiscal, en particular de las tasas municipales sobre los alimentos, Massa también se quejó de esta situación y relató que los intendentes del Gran Buenos Aires quieren participar de ese compromiso.

Tope a las cuotas de los colegios

“Ampliamos el programa porque el acuerdo incluye la canasta escolar”, destacó el funcionario, que detalló que “es importante esto porque en marzo empiezan las clases”. Por esta razón, también dijo que “había provincias que autorizaron subas del 18 al 40 por ciento, pero esta pauta se baja el promedio inicial del 40%; pero además hasta el 30 de junio autoriza el 3,5% mensual” en las cuotas de los colegios. En la primera fila estaba el ministro de Educación, Jaime Perczyk, quien, según Massa, acordará esta pauta con las 24 jurisdicciones del país el miércoles próximo en el consejo federal de educación.

Cómo funcionará

En el programa seguirá funcionando una lista de unos 2.000 artículos de consumo masivo -alimentos, bebidas, higiene y limpieza- con precios fijos. Dado que cinco meses es un período muy largo para mantener esos precios, la nómina se renovará con productos que entran y salen de acuerdo a los pedidos de las empresas. Cuando un producto se retira de la lista puede tener un aumento mayor al 3,2% -podrá llegar a 9% en algunos casos- para compensar su retraso frente a la inflación.

En el Gobierno admiten que hoy la fortaleza del acuerdo radica en el camino de aumentos del 3,2% y que la canasta de precios congelados, que es muy pequeña frente a la cantidad de productos que existen en el mercado, es más intrascendente.

La herramienta que más motiva a Secretaría de Comercio es el desarrollo de un instrumento digital que les permitirá controlar el cumplimiento de las pautas de aumento mensuales día a día y con un nivel de detalle que permite conocer aumentos promedio (macrodato) hasta el movimiento de precios de un producto determinado en todo el país o en un solo local de supermercado específico (microdato).

Esta innovación -que se desarrolló en conjunto con Arsat y Amazon- permitirá que ya no sean tan relevantes las inspecciones presenciales de los comercios y que solo se realicen para constatar los incumplimientos que se detecten al aplicar los mecanismos de control digital.

La fiscalización digital va a funcionar de dos maneras. Por un lado, tomará los datos del sistema de precios (SEPA) que las cadenas de supermercados comparten a diario con la Secretaría de Comercio. Y les permitirá conocer cada día qué precios subieron por encima de la pauta de 3,2%. Esto es para los productos de consumo masivo que forman parte del acuerdo y tendrá una capacidad para relevar más de 3,6 millones de productos. Se tomarán datos de 943 sucursales de 13 cadenas de todo el país.

Los datos no serán de acceso público y serán verificados en forma cotidiana por un grupo de 15 personas dentro de la Secretaría de Comercio. Así, se podrán diferenciar de casos aislados o de patrones de aumentos. Servirán para realizar inspecciones, elaborar actas y finalmente, si corresponde, elevar multas.

Además, habrá otra herramienta que realizará un barrido online por todos los valores que difunden en las plataformas de comercio electrónico las empresas que forman parte del acuerdo. Por ejemplo, precios de ropa, productos de construcción o calzado. Cuando estos precios se ubiquen por encima la pauta mensual, habrá una “alarma”. Esto tampoco será visible para los compradores, solo son datos para consumo interno de la Secretaría.

Por lo tanto, las inspecciones presenciales serán menos trascendentes, según Comercio. Este cambio le bajará el tono a la polémica sobre la participación de organizaciones sociales o sindicatos -especialmente Camioneros- en los controles.

“El Estado no delega el control de precios en nadie. Hay acuerdos de colaboración. Pero no hay gremios controlando precios”, dicen desde la Secretaría de Comercio.

¿Puede influir un acuerdo de precios para controlar la inflación mientras ya son varias las consultoras que anticipan que el dato de enero se acercó al 6%? Al respecto, en el Gobierno afirman que un acuerdo de precios no es “la” solución para la inflación y que se puede tomar porque también se avanza en otros temas como controlar el nivel de financiamiento con emisión monetaria y reforzar las reservas del Banco Central. “Un acuerdo de precios es solo un eslabón en la cadena para bajar la inflación. Si un empresario no ve argumentos, no se suma a firmar por 3,2% por cinco meses si no cree que están dadas esas condiciones”, aclaran.

De todos modos, el talón de Aquiles de los acuerdos de precios sigue siendo la cantidad y los tipos de comercio que incluyen, ya que los productos de consumo masivo solo están disponibles en grandes cadenas de supermercados y no se pueden encontrar en los autoservicios o pequeños comercios de cercanía que suelen ser el lugar donde comprar productos básicos las familias de menores recursos.

Si bien se focalizó en pactar con los mayoristas donde se abastecen los pequeños comercios, estos productos no siempre están en las góndolas y existen intermediarios o distribuidores que no permiten controlar el precio final que se paga. Por esta razón, la Secretaría contará datos sobre un relevamiento hecho a 400 autoservicios para conocer qué listas de precios recibieron en las últimas semanas.

También resulta complejo incorporar productos frescos, un sector muy atomizado con muchos oferentes -verdulerías y carnicerías de barrio- y productos que no tienen diferenciación por fabricante o marca.