El Gobierno amenazó con sancionar a los colegios que no cumplan con la suspensión de clases

El Gobierno envió una carta a las cámaras que nuclean los colegios privados para que garanticen las clases virtuales en La Ciudad de Buenos Aires hasta el 30 de abril y les advirtió que el incumplimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspendió la modalidad presencial “podría encuadrarse en los delitos de desobediencia civil y violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de una pandemia”.

Según el gobierno, la misiva tuvo como objetivo hacerle saber a las cámaras del sector la plena vigencia del DNU que dispuso nuevas restricciones en el AMBA, entre ellas la suspensión de las clases presenciales durante 15 días. Además, las distintas asociaciones fueron convocadas a una reunión este jueves.

De este modo, de acuerdo a la visión oficial, “se buscó atender la legítima preocupación de las familias y los trabajadores del sector ante lo que señalan como incumplimientos de los establecimientos educativos de gestión privada, impulsado por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires” que ratificaron la apertura de las aulas en desafío a la medida decidida por el presidente Alberto Fernández.

“El accionar de las autoridades del Gobierno de CABA es pasible de responsabilidad penal, ya que podría encuadrarse en los delitos de desobediencia y violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia (artículos 239 y 205 del Código Penal, respectivamente); además de las posibles sanciones por el incumplimiento de la medida judicial, lo que expresa la irresponsabilidad política y jurídica a la que han arrastrado a toda la ciudadanía”, indicó el gobierno.

La carta solicitó a las cámaras que nuclean a las escuelas privadas que “se garantice la continuidad de la educación no presencial o en contexto virtual hasta el 30 de abril de 2021, quedando suspendidas hasta esa fecha las clases presenciales. La vocación del Poder Ejecutivo Nacional es acompañar la tarea educativa en este difícil momento en el cual el crecimiento de la curva de contagios por Covid-19 se ha acentuado en forma preocupante, garantizando el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes y resguardando la salud de la comunidad educativa”, indicó.

Además, consideró que la resolución judicial dictada por el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 2 dispuso dejar sin efecto la resolución cautelar dictada el domingo pasado que habilitó las clases presenciales en la Ciudad.

“Dicha resolución -según expuso el gobierno en la carta- fue dictada por un tribunal incompetente de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Para el gobierno nacional, “la decisión de las autoridades políticas del Gobierno de la CABA de desobedecer el fallo de la Justicia Federal generó angustia e incertidumbre en la comunidad educativa”.

Por ello, en base a ese razonamiento, “las autoridades nacionales resaltaron la obligación de las instituciones de gestión privada de arbitrar los medios para que alumnas y alumnos reciban clases no presenciales y las y los trabajadores no sean forzados a exponer su salud en medio del crecimiento exponencial de casos”.

Además, la carta solicitó que no se computen las inasistencias ni se adopten medidas compulsivas.

En tanto, se informó que el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) se reunirá este jueves con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, para “regularizar la situación de los trabajadores afectados habiendo recibido denuncias por parte de sus afiliados”.

Las asociaciones que nuclean a las escuelas de gestión privada a las que le fue remitida la misiva y que fueron convocadas a una reunión este jueves, son la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP); la Junta Nacional de Enseñanza Privada (JUNEP); la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP); y el Consejo Superior de la Educación Católica (CONSUDEC).