El gen autoritario argentino

¿Cómo los piquetes que surgieron en las rutas de la Patagonia al calor de la desocupación récord de los años '90 se transformaron en una herramienta cotidiana de grupos de todas las ideologías posibles para coaccionar a toda la sociedad?

Esta pregunta merece una respuesta amplia, que abarque los aspectos políticos, económicos y sobre todo sociales que atravesaron la historia argentina contemporánea hasta nuestros días.

Pero sin duda se observa en la vida pública de los argentinos representada en "la calle" la permanencia de algo que viene de mucho antes y que emerge con claridad ante cada momento de tensión social: las conductas fuertemente autoritarias de todos los sectores en pugna, desde la derecha golpista que acudió al partido militar y aplaudió los gobiernos de facto y sus atrocidades, hasta la izquierda combativa que anula los derechos de los otros colectivos para hacer visibles sus reclamos siempre justos.

El drama de los argentinos es hoy la convivencia. Es difícil trasladarse por Buenos Aires o las principales ciudades y rutas productivas del país porque los piquetes, los bloqueos, conculcan cotidianamente el derecho a la libre circulación.

Lo que ocurrió este último domingo ante las plantas impresoras de los diarios Clarín y La Nación,fue más lejos y terminó -intencionalmente- provocando una daño mayor: se violentó la libertad de prensa toda vez que se impidió que un conjunto de ideas (no importa si uno adhiere o disiente con ellas) no pudieran alcanzar su difusión.

El diputado socialista Roy Cortina se preguntaba angustiado (cuando en vano la Cámara baja esperó explicaciones de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, sobre este hecho) cómo es posible que el Gobierno nacional contraponga hoy el derecho a la huelga con el derecho a la libertad de expresión.

"Es un cinismo porque ambos derechos nacieron juntos", reclamó.

Cortina apuntó con claridad allí donde el Gobierno nacional muestra su gran falencia: en su intento de mostrar a la opinión pública que debe necesariamente desatender la libertad de circulación (sea de personas, bienes o ideas) para no tener que incurrir en la represión de trabajadores y conculcar su derecho a manifestarse y protestar, el Ejecutivo permite que la sociedad quede enfrentada día a día y que los ciudadanos se sientan rehenes de conflictos entre empresarios, el propio Estado y organizaciones populares y gremios.

En todos estos años, el kirchnerismo no quiso o no fue capaz de desarrollar una política que hiciera del diálogo la herramienta para desactivar los conflictos sociales (ninguna persona de la democracia puede pedir la represión de las protestas).

Algunos entienden que hubo una decisión política egoísta en esta falta de acción porque al erigirse como un gobierno del "campo nacional y popular", el kirchnerismo necesitó de la gente en las calles, protestando en contra de aquellos empresarios que representan real y simbólicamente al capital enemigo del pueblo.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner pareció entender que este clima de confrontación gremial-empresaria, cuyos costos los pagan día a día los ciudadanos que necesitan movilizarse, puede acarrearle consecuencias a un gobierno que busca ser reelecto. El 1º de marzo, ante la Asamblea Legislativa, la mandataria les advirtió a los gremialistas del transporte que no quería sentirse "cómplice" de estas maniobras que no tienen en cuenta el bien colectivo.

Hoy el problema es acuciante porque son los poderosos gremios nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) los que amenazaron al Gobierno nacional con hacer un paro para lograr la impunidad mediática y judicial del secretario general de la CGT, el camionero Hugo Moyano.

La amenaza de la CATT se extendió a los medios de comunicación que publiquen información contraria a Moyano, por eso no parece una casualidad que unos días después Clarín y La Nación sufrieran bloqueos en sus plantas impresoras protagonizados por trabajadores -echados y reincorporados- de la empresa AGR, subsidiaria del Grupo Clarín, que no trabajan en ninguna de las plantas obstruidas.

La agencia de noticias estatal Télam anunció el hecho media hora antes de que ocurriera y demostró que el Gobierno estaba al tanto de la movida, que fue nutrida por la participación de personal del gremio camioneros.

Pero el oficialismo despegó a la cúpula del Gobierno de los hechos y adujo que sólo se trató de un conflicto gremial que usó la misma metodología que usan sindicatos, organizaciones sociales y hasta los empresarios del campo para protestar.

La ministra Garré terminó reconociendo que "quizás" hubo alguna otra intencionalidad y condenó la posibilidad, de ser cierta. "Se sabe que a río revuelto, ganancias de pescadores. Puede ser que a veces se use un conflicto gremial con otras motivaciones", sostuvo.

Aunque Garré lo condenó y no se animó a decirlo, estas "otras motivaciones" a la que aludió fue perjudicar a Clarín en el marco de una guerra que el Gobierno nacional lanzó hace casi tres años contra los medios de comunicación críticos.

"La madre de todas las batallas", tal como Néstor Kirchner supo llamar a la pelea contra los medios, llevó al oficialismo a desarrollar con dineros públicos un aparato comunicacional propagandístico para contrarrestar las críticas de los medios que el kirchnerismo entiende como la verdadera oposición.

En programas televisivos se escracha a opositores y periodistas no oficialistas y en los partidos de fútbol se rinde tributo al desaparecido ex presidente Kirchner.

La mejor prueba de que la política comunicacional oficial ha surtido los efectos buscados es que hoy los sectores populares afines al kirchnerismo manifiestan odio contra los periodistas que critican al Gobierno (sólo un ejemplo: el 24 de marzo, padres y nenes pequeños escupieron sobre afiches de periodistas a los que el Gobierno busca ligar con la dictadura).

Si los hechos del domingo conmueven a la opinión pública (incluso los senadores K repudiaron los bloqueos a los medios) se debe a una nueva manifestación de ese gen autoritario que tiene la cultura cívica argentina y que aparece hasta en conflictos de índole doméstica como los laborales.

Como síntesis, se pudo observar que una guerra azuzada por el Gobierno contra la prensa crítica convergió finalmente -no podía ser de otra manera- con las metodologías del reclamo social que durante los últimos 15 años hizo del piquete su herramienta principal para conseguir mejoras violando los derechos de otros argentinos.