El futuro de Mendoza depende de la nueva YPF
*Por Mario Fiore. Este año se necesitan inversiones -como mínimo- por 400 millones de dólares. Las regalías son sólo el 9% de los ingresos provinciales.
El peligro de que en el nuevo directorio las decisiones se politicen.
El Gobierno nacional vuelve a estar frente a una oportunidad histórica con enormes consecuencias sobre la vida presente de los argentinos y sobre el futuro de las nuevas generaciones.
La nacionalización de YPF, mediante la compra del 51% de las acciones que están en manos de privados, se produce en un momento crítico. El motivo son las malas políticas sostenidas por el kirchnerismo durante 9 años, lo que hizo perder a la Argentina en los dos últimos años la soberanía energética, ya que importamos más combustibles de los que exportamos y esto repercute negativamente en las balanzas comercial y fiscal.
Ahora, con una decisión que acompañan casi todas las fuerzas políticas y que según las encuestas apoya el grueso de los argentinos, Cristina Kirchner tiene la chance de dejar atrás los errores.
Pero el desafío es complejo y difícil porque se estima que para empezar a revertir la situación habrá que invertir en exploración y explotación fondos por 25.000 millones de dólares, además de destinar unos 12.000 millones de dólares a la importación de gas y combustibles, todo este mismo año.
El Gobierno sólo podrá echar mano a una parte de los dividendos de 2010 y 2011 que dejó la compañía sin usar, pero que no superan los 5.000 millones de pesos. La frazada es corta y las necesidades son urgencias.
En este contexto, el precio que deberá pagarse a Repsol por las acciones expropiadas es casi un tema menor ya que el conflicto se resolverá en tribunales internacionales.
Por tener YPF el 67% de la producción de petróleo en suelo mendocino, nuestra provincia está atada a la suerte de la compañía.
A diferencia de provincias como Chubut, donde el peso relativo de la empresa nacionalizada es menor porque hay otras compañías con casi igual participación en la producción de crudo y gas, Mendoza es YPF-dependiente. Las firmas que siguen a la principal petrolera en grado de participación son Pluspetrol, con 21%; Chañares Herrados, con el 4%; Petrolera El Trébol, con el 2% y otras diez pequeñas empresas tienen el 5%.
De manera que si el kirchnerismo, que promete poner al frente de la nueva empresa nacionalizada a profesionales y técnicos, no logra éxito, el futuro de Mendoza estará en problemas. Más aún cuando el sector de los hidrocarburos es el principal motor de nuestra economía (el 28% del PBG), seguido luego por el comercio y los servicios y la vitivinicultura.
Aunque no es fácil estimar cuánto dinero hace falta inyectarle a la petrolera-emblema nacional para revertir la caída de la producción mendocina de hidrocarburos, valga recordar que Repsol se comprometió a invertir por contrato en los próximos 15 años 6.000 millones de dólares en las 16 áreas cuyas concesiones se prorrogaron hasta 2027 durante el gobierno de Celso Jaque.
Si se divide esta suma por 15, surge que sólo en 2012 la empresa tendría que desembolsar 400 millones de dólares. Pero también tiene que poner dinero en exploración de las áreas secundarias que les transfirieron el grupo Vila-Manzano y el empresario Omar Álvarez hace unos meses y desembolsar más sumas en las áreas que concesionó el Estado nacional antes de la privatización de los '90 y que no entraron en la renegociación de contratos que se hizo en 2011. A todo esto hay que agregar algo más: dinero para ampliar la capacidad de la refinería de Luján de Cuyo, cuyas obras están en progreso y las estaban pagando los españoles.
Todo este panorama complejo debería poner en alerta a cualquier mendocino. La puja que se desató entre los gobernadores productores de crudo por tener alguno de los tres sillones que tendrán las provincias en el directorio de la neonata YPF es puramente política.
El mendocino Francisco Pérez exige para uno de sus funcionarios uno de estos cargos porque "Mendoza tiene la refinería", más allá de que somos la cuarta provincia en volumen de producción de petróleo (aportamos el 15%) y casi no generamos gas (2,8%). La rencilla no debería exaltar los ánimos (los bonaerenses, cordobeses y santafesinos quieren que también las provincias no productoras tengan acciones) porque la Presidenta exige en la ley que está en el Congreso una sindicación de acciones y por ello las provincias -que tendrán menos directores que la Nación- deberán seguir las órdenes del Ejecutivo nacional.
Más allá de que los gobernadores lograron ahuyentar el fantasma de que la política energética sea centralizada por la Casa Rosada -y defendieron el precepto constitucional de que el subsuelo es de las provincias- queda en el aire un temor no menor: que las políticas que la Presidenta dijo que les encomendará a los profesionales más destacados de la materia se politicen y adquieran el sello distintivo con el que el kirchnerismo ha manejado la cosa pública: la discrecionalidad.
¿Adónde irá el dinero -si es que aparece-, a la exploración y explotación del shale-oil que está en la cuenca neuquina o a hacer nuevos pozos en los yacimientos mendocinos que han estado subexplotados? "Si este tipo de cosas se resuelven en una mesa política, flaco favor le estaremos haciendo al país y a las provincias", opina Daniel Montamat, ex secretario de Energía.
En medio de estas preocupaciones por cómo será el gerenciamiento de la nueva empresa nacionalizada aparece un viejo problema que Mendoza conoce de sobra: las regalías mal liquidadas y mal cobradas (en los ´90, la Provincia le ganó un juicio de 600 millones de dólares a la Nación). Se espera que la telemedición que licitó Pérez aporte la fotografía precisa de los niveles de producción para hacer subir así lo que deben pagar las petroleras (incluyendo la YPF que viene).
Actualmente, las regalías son sólo el 9% de los recursos propios de Mendoza, cuando hace unos años representaba el 24% (la caída se explica también por el declive de la producción, que en una década mermó 27%).
Pero, ¿cómo hará Mendoza para exigirle ahora a la Nación -que necesita fondos con urgencia a fin de enfrentar el colapso energético- que las regalías se liquiden a un precio más justo?
¿Adónde llevará el reclamo si ahora será parte del directorio de YPF, en donde deberá votar siempre igual que la Casa Rosada? Recordemos que los derechos de exportación (retenciones) creados en 2002 influyen directamente sobre las regalías ya que éstas se liquidan tomando como referencia un precio del barril de crudo al que se le deduce una retención móvil que puede superar el 45%.
El Gobierno nacional vuelve a estar frente a una oportunidad histórica con enormes consecuencias sobre la vida presente de los argentinos y sobre el futuro de las nuevas generaciones.
La nacionalización de YPF, mediante la compra del 51% de las acciones que están en manos de privados, se produce en un momento crítico. El motivo son las malas políticas sostenidas por el kirchnerismo durante 9 años, lo que hizo perder a la Argentina en los dos últimos años la soberanía energética, ya que importamos más combustibles de los que exportamos y esto repercute negativamente en las balanzas comercial y fiscal.
Ahora, con una decisión que acompañan casi todas las fuerzas políticas y que según las encuestas apoya el grueso de los argentinos, Cristina Kirchner tiene la chance de dejar atrás los errores.
Pero el desafío es complejo y difícil porque se estima que para empezar a revertir la situación habrá que invertir en exploración y explotación fondos por 25.000 millones de dólares, además de destinar unos 12.000 millones de dólares a la importación de gas y combustibles, todo este mismo año.
El Gobierno sólo podrá echar mano a una parte de los dividendos de 2010 y 2011 que dejó la compañía sin usar, pero que no superan los 5.000 millones de pesos. La frazada es corta y las necesidades son urgencias.
En este contexto, el precio que deberá pagarse a Repsol por las acciones expropiadas es casi un tema menor ya que el conflicto se resolverá en tribunales internacionales.
Por tener YPF el 67% de la producción de petróleo en suelo mendocino, nuestra provincia está atada a la suerte de la compañía.
A diferencia de provincias como Chubut, donde el peso relativo de la empresa nacionalizada es menor porque hay otras compañías con casi igual participación en la producción de crudo y gas, Mendoza es YPF-dependiente. Las firmas que siguen a la principal petrolera en grado de participación son Pluspetrol, con 21%; Chañares Herrados, con el 4%; Petrolera El Trébol, con el 2% y otras diez pequeñas empresas tienen el 5%.
De manera que si el kirchnerismo, que promete poner al frente de la nueva empresa nacionalizada a profesionales y técnicos, no logra éxito, el futuro de Mendoza estará en problemas. Más aún cuando el sector de los hidrocarburos es el principal motor de nuestra economía (el 28% del PBG), seguido luego por el comercio y los servicios y la vitivinicultura.
Aunque no es fácil estimar cuánto dinero hace falta inyectarle a la petrolera-emblema nacional para revertir la caída de la producción mendocina de hidrocarburos, valga recordar que Repsol se comprometió a invertir por contrato en los próximos 15 años 6.000 millones de dólares en las 16 áreas cuyas concesiones se prorrogaron hasta 2027 durante el gobierno de Celso Jaque.
Si se divide esta suma por 15, surge que sólo en 2012 la empresa tendría que desembolsar 400 millones de dólares. Pero también tiene que poner dinero en exploración de las áreas secundarias que les transfirieron el grupo Vila-Manzano y el empresario Omar Álvarez hace unos meses y desembolsar más sumas en las áreas que concesionó el Estado nacional antes de la privatización de los '90 y que no entraron en la renegociación de contratos que se hizo en 2011. A todo esto hay que agregar algo más: dinero para ampliar la capacidad de la refinería de Luján de Cuyo, cuyas obras están en progreso y las estaban pagando los españoles.
Todo este panorama complejo debería poner en alerta a cualquier mendocino. La puja que se desató entre los gobernadores productores de crudo por tener alguno de los tres sillones que tendrán las provincias en el directorio de la neonata YPF es puramente política.
El mendocino Francisco Pérez exige para uno de sus funcionarios uno de estos cargos porque "Mendoza tiene la refinería", más allá de que somos la cuarta provincia en volumen de producción de petróleo (aportamos el 15%) y casi no generamos gas (2,8%). La rencilla no debería exaltar los ánimos (los bonaerenses, cordobeses y santafesinos quieren que también las provincias no productoras tengan acciones) porque la Presidenta exige en la ley que está en el Congreso una sindicación de acciones y por ello las provincias -que tendrán menos directores que la Nación- deberán seguir las órdenes del Ejecutivo nacional.
Más allá de que los gobernadores lograron ahuyentar el fantasma de que la política energética sea centralizada por la Casa Rosada -y defendieron el precepto constitucional de que el subsuelo es de las provincias- queda en el aire un temor no menor: que las políticas que la Presidenta dijo que les encomendará a los profesionales más destacados de la materia se politicen y adquieran el sello distintivo con el que el kirchnerismo ha manejado la cosa pública: la discrecionalidad.
¿Adónde irá el dinero -si es que aparece-, a la exploración y explotación del shale-oil que está en la cuenca neuquina o a hacer nuevos pozos en los yacimientos mendocinos que han estado subexplotados? "Si este tipo de cosas se resuelven en una mesa política, flaco favor le estaremos haciendo al país y a las provincias", opina Daniel Montamat, ex secretario de Energía.
En medio de estas preocupaciones por cómo será el gerenciamiento de la nueva empresa nacionalizada aparece un viejo problema que Mendoza conoce de sobra: las regalías mal liquidadas y mal cobradas (en los ´90, la Provincia le ganó un juicio de 600 millones de dólares a la Nación). Se espera que la telemedición que licitó Pérez aporte la fotografía precisa de los niveles de producción para hacer subir así lo que deben pagar las petroleras (incluyendo la YPF que viene).
Actualmente, las regalías son sólo el 9% de los recursos propios de Mendoza, cuando hace unos años representaba el 24% (la caída se explica también por el declive de la producción, que en una década mermó 27%).
Pero, ¿cómo hará Mendoza para exigirle ahora a la Nación -que necesita fondos con urgencia a fin de enfrentar el colapso energético- que las regalías se liquiden a un precio más justo?
¿Adónde llevará el reclamo si ahora será parte del directorio de YPF, en donde deberá votar siempre igual que la Casa Rosada? Recordemos que los derechos de exportación (retenciones) creados en 2002 influyen directamente sobre las regalías ya que éstas se liquidan tomando como referencia un precio del barril de crudo al que se le deduce una retención móvil que puede superar el 45%.